La situación deriva de que San Martín, como presidente de la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema, decidirá si la recepción no declarada de fondos para campañas electorales puede ser lavado, el delito que la Fiscalía atribuye a Keiko Fujimori y, en otro caso, al expresidente Ollanta Humala.
De momento, la Sala examina el tema específico de Humala y su esposa, Nadine Heredia, expuestos a penas de 20 y 26 años de cárcel, respectivamente, pero expertos estiman que el fallo, por la similitud de entramados, será aplicable a la principal opositora al presidente Pedro Castillo.
Portavoces de la Fiscalía y de la Procuraduría expresan temor de que un vínculo que supuestamente hay entre San Martín y la expareja presidencial lleve al primero a favorecerlos y, de paso, a tenderle involuntariamente la mano a Fujimori.
"Si la Sala de San Martín dice que esos hechos no constituyen lavado de activos, automáticamente la defensa de Fujimori va a pedir el archivo del proceso. Dirá que si el caso de Humala no es delito, el de Fujimori tampoco", afirmó una fuente del Ministerio Público citada bajo anonimato por el semanario Hildebrandt en sus Trece.
La Procuraduría y la Fiscalía recurrieron a la Justicia para recusar a San Martín, pero la respuesta fue negativa. Además, el magistrado, que en otras ocasiones se declaró impedido de actuar en procesos referidos a Humala, esta vez no lo hizo.
"Estamos muy preocupados", reconoció ante periodistas el coordinador de los fiscales especializados en lavado de activos, Rafael Vela.
Los casos, por los que Humala y Fujimori pasaron meses de prisión preventiva y que tienen a Heredia en arresto domiciliario, empezaron a investigarse en la década pasada, cuando se supo que la constructora brasileña Odebrecht hizo pagos irregulares a políticos del Perú y otros países.
Entre esos aportes, según documentó la Fiscalía, hubo tres millones de dólares para Humala y 1,2 millones para Fujimori, en ambos casos para financiar sus campañas de 2011, en las que el primero venció por estrecha ventaja a la segunda.
La entrega de aportes privados no implica delito, pero, para la Fiscalía, los candidatos los encubrieron con redes de lavado de dinero, en un caso manejadas por Heredia y, en el otro por la propia candidata.
Las pesquisas condujeron a que ambos grupos inventaran fuentes de ingresos y recurrieran a caminos subterráneos. Incluso, los partidos Fuerza Popular (FP), de Fujimori, y Nacionalista Peruano (PNP), de Humala, fueron señalados como "organizaciones criminales".
La Fiscalía, a través de los encargados de los casos, Germán Juárez y José Domingo Pérez, también halló otros aportes no declarados. Así, en FP se encontraron 3,6 millones de dólares entregados por el mayor banco del país, el de Crédito, mientras que en el PNP se rastrearon sin la misma precisión presuntos fondos del gobierno de Venezuela.
Los abogados de Humala, Heredia y Fujimori se centran en que no hubo delito. La política de aportes recién se estableció en 2018, por una iniciativa en el Congreso de FP, que, según contradictores, apuntaba a fortalecer la figura de la no retroactividad.
En ese marco, la defensa legal de Humala, a cargo de César Nakazaki -el abogado de Fujimori padre en el proceso histórico-, introdujo el recurso de casación para aclarar si es aplicable la figura de lavado. El tema fue a dar a San Martín.
El presidente de la Sala Penal es definido por expertos como uno de los jueces mejor preparados del Perú. Su figura logró niveles casi heroicos para la mirada popular cuando condujo el proceso que en 2009 terminó con varias sentencias para Fujimori, la mayor a 25 años de cárcel por 25 asesinatos y dos secuestros, los que sigue cumpliendo.
La figura del magistrado se ensombreció después, cuando en una libreta de Heredia se hallaron apuntes sobre supuestos contactos personales entre el juez y gente del humalismo.
La contraparte vinculó esos contactos a 2009, cuando San Martín cerró la posibilidad de que se procesara a Humala por presuntos abusos -asesinatos incluidos- cometidos como militar. A partir de allí, el juez se inhibió de ver casos referidos al ahora expresidente, por lo que se creía que ahora haría lo mismo.
Medios periodísticos, a partir de relatos de personajes del Poder Judicial protegidos por el anonimato, le restan importancia al presunto papel determinante de San Martín, entre otras cosas porque recuerdan que la Sala está formada por cinco jueces.
Desde la otra orilla se replica que a los magistrados Iván Sequeiros, Norma Carbajal, Paloma Altabás y Manuel Luján supuestamente les sería difícil contrarrestar a San Martín en caso de discrepancias.
"Estoy seguro de que la Fiscalía tiembla de que la Corte Suprema revise, con rigor legal, si las donaciones electorales son lavado", ironizó Nakazaki sobre la preocupación expuesta por el Ministerio Público y recogida por quienes consideran que Humala y Fujimori deben ser condenados.
Para los abogados defensores, el lavado de activos tampoco se aplica en la medida en que en ese delito apunta a que el dinero regrese a sus dueños, lo que no se da. Para el ente acusador, la existencia de delitos está, sin embargo, plenamente documentada.
Humala, de 60 años, gobernó de 2011 a 2016 desde posiciones de centro y no desde la izquierda que prometió. Sus posteriores intentos electorales han fracasado, el PNP murió por falta de votos y Heredia, de 46 años, desapareció de la actividad política en la que alguna vez se le vio mucho futuro.
Fujimori, de 47 años, perdió en segunda vuelta no solo en 2011, sino también en 2016 y 2021, pero se mantiene como líder indiscutida de una derecha radical con poder pero que no logra vencer las antipatías de amplios sectores populares.
Aunque los plazos son relativos, se estima que el fallo de la Sala de San Martín saldrá este año. El caso de Fujimori va algunos pasos atrás por maniobras de la abogada Giuliana Loza que la Fiscalía considera dilatorias.
Por Gonzalo Ruiz Tovar, Telam, desde Lima
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