El fallo de la sala C de la Cámara Comercial advirtió sobre "actuaciones que, tanto de un lado como del otro, exhiben la pretensión de usar al Poder Judicial con finalidades políticas que le son ajenas", según el fallo al que tuvo acceso Télam.
El 27 de abril de 2021, la IGJ decidió promover la "nulidad del llamado 'Contrato de Fideicomiso Ciego de Administración" celebrado entre Macri y la empresa Seguridad Fiduciaria SA cuando el primero asumió la Presidencia de la Nación, se recordó en la sentencia.
El organismo "manifestó que la nulidad de ese contrato surgía de la falsedad de su causa fin, del contenido de sus cláusulas, de las irregularidades de quienes habían participado y del hecho de que el señor Macri había estado lejos de transferir todo su patrimonio al aludido fideicomiso"
Además, se sumó "el agravante de que los bienes que sí le había transferido tenían carácter ficticio y simulado", reseñó la sentencia sobre esa denuncia.
También "puso de resalto las irregularidades que encontró en las transferencias practicadas, cuestionando que se hubiera llamado “ciego” a ese fideicomiso, como si el fiduciante no hubiera podido saber nada acerca de cómo se ejecutaba la manda fiduciaria o el fiduciario no hubiera debido rendir cuentas, todo lo cual no había sido así por las razones que indicó"
La IGJ afirmó que, "de las propias declaraciones juradas presentadas por el fiduciante, surgía que los bienes fideicomitidos representaban apenas el 53% de lo que tenía, lo cual permitía descartar que el nombrado hubiera sido veraz y hubiera cumplido con la transparencia que se había propuesto"
Esta conclusión " debía entenderse ratificada a la luz del escándalo que había protagonizado en el marco del caso conocido como “Panamá Papers”, concluyó la IGJ en su presentación.
Al resolver sobre el recurso directo de apelación que presentó Macri contra esta decisión, la sala C del Tribunal de Apelaciones integrado por la jueza Julia Villanueva y el juez Eduardo Machin, consideró que el contrato del fideicomiso debatido "no existe más", según el fallo al que tuvo acceso Télam.
La Cámara argumentó que "aquí no hay caso que, en términos constitucionales, autorice la intervención del tribunal".
"Los tribunales solo pueden ejercer su jurisdicción ante controversias actuales y concretas", se explicó en la sentencia y, en relación a este caso, "ambos contendientes están contestes en cuanto a que el contrato de fideicomiso acerca del cual han debatido no existe más".
Ante la finalización del "mandato presidencial del señor Macri, también se extinguió ese contrato y, por ende, los bienes fideicometidos volvieron a la situación anterior a partir de que la fiduciaria restituyó al fiduciante los bienes fideicomitidos".
"Se produjo así, en otras palabras, ni más ni menos que el mismo efecto que se hubiera producido con la nulidad, con la cual las cosas también hubieran vuelto al mismo estado en que se hallaban antes del acto declarado nulo", concluyeron.
.En las apelaciones se sostuvo que la IGJ "carece de competencia para iniciar la acción de referencia" y que fue "producto de una desviación de poder y de persecución política hacia el señor Macri".
El Tribunal advirtió que se trata de "actuaciones que, tanto de un lado como del otro, exhiben la pretensión de usar al Poder Judicial con finalidades políticas que le son ajenas", opinaron además los magistrados en la sentencia.
De un lado, puntualizaron, "se ha pretendido la nulidad de un fideicomiso que ya no existe. Del otro, se ha denunciado una “persecución política” que se habría concretado al cuestionarse ese fideicomiso ya extinguido".
"Ambas posiciones evidencian un menosprecio por la función judicial y un derroche de recursos públicos, inentendible dada la notoria falta de interés que los dos “litigantes” tienen en la cuestión traída a decisión, que muestra con igual notoriedad que, como dijimos, aquí se ha pretendido esa utilización desviada de la jurisdicción judicial con finalidades políticas, lo cual no puede ser admitido", concluyeron.
Machin y Villanueva son dos de los nueve jueces de la Cámara Nacional en lo Comercial denunciados el 1 de septiembre último por la IGJ por supuesto "abuso de autoridad; incumplimiento de los deberes de funcionario público; prevaricato; usurpación de funciones y retardo de justicia”.
En esa denuncia se sostuvo que los magistrados habrían obstaculizado investigaciones a empresas vinculadas al expresidente Macri y a directivos del Grupo Clarín, entre otras, según informaron fuentes judiciales en ese momento.
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