Ayer se cumplieron cuatro meses del Paro Nacional en Ecuador. Una movilización popular, indígena y campesina que paralizó al país por 18 días para exigir la disminución del valor del petróleo, un precio justo para los alimentos, la regulación de la política petrolera y minera y el alivio económico a través de la creación de una moratoria de deudas, entre otras demandas. Como primera respuesta ante la denuncia masiva del movimiento indígena en las calles, el gobierno de Guillermo Lasso reprimió violentamente a centenares de personas y asesinó al menos a siete manifestantes a través del uso de las fuerzas represivas, además de dejar más de 200 heridos en todo el país.
El paro fue levantado tras la creación de una mesa de diálogo con el gobierno para abordar, punto por punto, cada una de las demandas sistematizadas en diez reclamos, elaborados por la Confederación de Nacionalidades de Pueblos Indígenas del Ecuador (CONAIE). Durante los últimos meses, las organizaciones indígenas conformaron una mesa de coordinación junto al gobierno y a la Conferencia Episcopal Ecuatoriana (CEE) para trabajar en cada uno de los ejes propuestos.
Al momento, se cerraron seis mesas de diálogo y se espera, en las próximas horas, el cierre de las que aún se encuentran abiertas, como “Focalización de subsidios a los combustibles”; “Acceso a la salud”; “Educación superior”; y “Derechos laborales”. Las mismas se cerrarán aún con desacuerdos y puntos pendientes. Si bien desde el gobierno se espera llegar a hoy, 14 de octubre, con todos los puntos cerrados para dar por finalizado el proceso, desde el movimiento indígena no descartan el reinicio de las protestas para continuar denunciando las políticas de muerte de la gestión de Lasso y la falta de acuerdos en el diálogo.
A lo largo de las diferentes instancias de diálogo, el movimiento indígena, en alianza con diferentes sectores y organizaciones sociales, disputaron el modelo de país y pugnaron por la vida digna para el pueblo ecuatoriano. Mientras, el gobierno de Guillermo Lasso acentúo la implementación de políticas neoliberales, a través de la privatización de los servicios y recursos naturales, mantuvo las medidas económicas que benefician a las trasnacionales y a los especuladores de precios y consolidó, durante los últimos meses, una estructura de violencia policial y una crisis carcelaria sin precedentes.
Por su parte, el movimiento indígena llevó una propuesta unificada para cada una de las mesas. Sobre los precios justos de los alimentos propuso una tabla de control de 44 productos de la canasta básica para la población en situación de vulnerabilidad, pero no tuvo el apoyo del gobierno. A su vez, se presentaron cuatro propuestas diferentes en busca de la justicia económica y la protección para las y los campesinos, agricultorxs y pequeñxs productorxs, a través del establecimiento de precios para la sustentación y protección de la Soberanía Alimentaria. En ese marco, resaltaron que las políticas neoliberales y los Tratados de Libre Comercio no deberían poner en riesgo la producción nacional, exigiendo así la implementación de políticas agroecológicas, inversión en biofábricas para producción de fertilizantes orgánicos, bancos de semilla y un programa nacional para la agricultura familiar y campesina.
Finalmente, en lo que respecta a las políticas extractivistas y de saqueo de los bienes comunes, el movimiento indígena evidenció la falta de instancias informativas, consultivas y participativas sobre los proyectos mineros y petroleros en sus territorios. En ese marco, el gobierno aceptó establecer una moratoria por doce meses a 15 de los pozos petroleros ubicados en Pastaza, Morona Santiago y la Ronda Sur Oriente, a la espera de que la Asamblea Legislativa debata una normativa de la ley de consulta previa, libre e informada.
Lilia Mariana Cofré Chango es comunicadora comunitaria de TV MICC de la ciudad de Latacunga, ubicada en la provincia de Cotopaxi, en el centro del país. Junto a sus colegas acompañó a la comunidad que integra el movimiento indígena, con el objetivo de disputar la narrativa estigmatizante que las empresas de comunicación construyeron durante los 18 días del Paro Nacional. La agencia de noticias Acción por la Biodiversidad dialogó con ella, a cuatro meses del paro.
Por Camila Parodi para la agencia de noticias BiodiversidadLA
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