"Incluyendo la indefensión a la que ha sido sometido el Estado venezolano durante todo el trámite, así como los vínculos probados por la Fiscalía con organizaciones no gubernamentales que han aportado información contra las autoridades nacionales en este asunto, lo que pone en duda la debida imparcialidad y objetividad de dicha Corte", agrega.
En su escrito, la administración de Nicolás Maduro señaló que aportó información que "evidencia el carácter político del proceso iniciado en la Corte Penal Internacional en el año 2018 como parte de la estrategia de cambio de régimen impulsada por el Gobierno de los Estados Unidos de América".
El Tribunal, que tiene su sede en la ciudad de La Haya, Países Bajos, comenzó en febrero de 2018 un examen preliminar a Venezuela por supuestos abusos de sus fuerzas de seguridad en las protestas contra el Gobierno en 2017 y en las prisiones en las que se encuentran algunos opositores.
Entretanto, en noviembre de 2021, el Fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI), Karin Khan, tras una reunión que sostuvo con Maduro en Caracas, determinó abrir una investigación a Venezuela, luego concluir el examen preliminar por presuntas violaciones de derechos humanos.
Además, Maduro y la CPI acordaron establecer mecanismos para mejorar la cooperación entre las partes.
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