El Tribunal Oral en lo Criminal Federal de La Rioja comenzó el juicio oral contra Eduardo Abelardo Britos, ex alférez del Escuadrón 24 “Chilecito” de la Gendarmería Nacional y ex jefe de seguridad del Instituto de Rehabilitación Social riojano, por los crímenes de lesa humanidad cometidos en perjuicio de Wenceslao Pedernera, Juan Carlos Paschetta, Graciela María Bofelli y otras 42 víctimas. En representación del Ministerio Público Fiscal interviene la responsable de la Fiscalía General ante el TOF y la Unidad de Derechos Humanos de esa jurisdicción, Virginia Miguel Carmona, junto al fiscal general Rafael Vehils Ruíz.
El proceso, en el que intervienen los jueces José Camilo Quiroga, Juan Carlos Reynaga, Mario Eduardo Martínez y José Fabián Asis -como sustituto-, tiene como objeto tres causas que tramitaron por separado y en las que Britos está imputado como autor mediato en el homicidio calificado de Pedernera; como autor mediato en privación ilegal de la libertad, tormentos, allanamiento ilegal y delitos sexuales en hechos que involucran a 42 víctimas, y como miembro de una asociación ilícita. Asimismo, también se le imputa la imposición de tormentos agravados respecto de Paschetta y Bofelli.
Los hechos
El primero de los casos por los que es juzgado Britos -quien fue extraditado desde el Paraguay, en 2020- es el homicidio agravado de Wenceslao Pedernera.
Tal como consta en la causa, en la madrugada del 25 de julio de 1976, el dirigente del Movimiento Rural Cristiano -que seguía los ideales del obispo Enrique Angelelli- dormía con su mujer y sus tres hijas, en su domicilio del barrio La Quinta, en la localidad de Sañogasta, en el departamento riojano de Chilecito, cuando llegó una comisión de personas en un Peugeot 504 y Ford Falcon y golpeó la puerta de la vivienda.
De acuerdo con la acusación, cuando Pedernera atendió, uno de los hombres -sin mediar palabra- disparó sobre él. Luego habría ocurrido un forcejeo que culminó con más detonaciones, que hirieron al hombre, tras lo cual sus agresores se dieron a la fuga.
Según cuentan los representantes del MPF, la víctima fue asistida por su esposa y un vecino, quienes lo trasladaron al Hospital Eleazar Herrera Motta, de la ciudad de Chilecito, donde falleció varias horas después, producto de las heridas recibidas. Luego de hacer la denuncia por el hecho, la pareja de Pedernera fue interrogada -mientras estaba en el centro médico- por personal de la Gendarmería, respecto al sacerdote de Sañogasta -a quien esperaban para cenar el día del ataque- y por otro cura. La mujer también señaló que, días previos al ataque y horas antes del mismo, visualizaron distintos vehículos que rondaban su domicilio para amedrentarlos.
Posteriormente, un testigo declaró que, con motivo del décimo aniversario de los asesinatos del obispo Angelelli y los sacerdotes Carlos Murías y Gabriel Longeville, se contactó con un sacerdote en la vieja casa parroquial de Chilecito, quien le entregó una hoja mecanografiada con una declaración anónima. La misma daba cuenta de las actividades de un grupo de alféreces de la Gendarmería y señalaba a Britos como uno de los integrantes de la comisión que fue a la casa de Pedernera. Además, otro testigo sindicó -en una entrevista periodística de 2006- que Britos fue quien disparó contra el dirigente.
Britos también es juzgado por la imposición de tormentos agravados al matrimonio Paschetta-Bosfelli, quienes fueron detenidos, en la tarde del 31 de marzo de 1977, por un grupo de entre 20 y 30 efectivos de la Gendarmería Nacional y el Ejército Argentino, en su vivienda del barrio Los Profesionales, en la capital riojana, donde residían junto a su hija de un año.
Según surge de la pieza acusatoria, el matrimonio fue detenido y trasladado a la cárcel de La Rioja, donde el hombre quedó alojado en un calabozo exclusivo para detenidos políticos. Tras tres días de encierro -en los que sólo tuvo contacto con un excapellán del Ejército, quien le advertía que tuviera cuidado con lo que decía, Paschetta fue llevado -vendado y maniatado- a un habitáculo donde lo interrogaron y golpearon con palos en la cabeza y bastones de goma en el abdomen, durante todo el día. En dicho lugar había una cama con elásticos de metal y los agresores amenazaban con aplicarle picana.
Tal como destacan la y el fiscal general, la secuencia se repitió durante otros quince días, hasta que Paschetta decidió -extorsionado por sus captores- declarar sobre su militancia en la Universidad de Córdoba y su empleo en la Dirección Provincial de Hidráulica, donde fue cesanteado. También lo obligaron a hablar con su mujer -sin verla- para que lo convenciera de declarar.
Finalmente y de acuerdo con la acusación, a Paschetta le hicieron firmar un documento, le curaron las heridas del abdomen y, en julio de 1976, lo llevaron al Juzgado Federal de La Rioja, para trasladarlo luego a la Unidad N°9 de La Plata, donde fue detenido y golpeado en tres oportunidades. La víctima recuperó su libertad en agosto o septiembre de 1980.
Según los representantes del MPF, Bofelli -quien al momento de los hechos cursaba un embarazo de cinco meses- también sufrió apremios ilegales durante su detención en una dependencia de la Gendarmería, que estaba a cargo de Britos. Así, entre los meses de abril y octubre de 1977, la mujer fue sometida a gritos, amenazas, simulacros de fusilamiento, golpes de puño y con una goma. También la amenazaron con que podría sufrir un aborto y que asesinarían a su pequeña hija.
El 9 de abril, sus captores obligaron a Bofelli a firmar una declaración que no pudo leer por estar vendada. La víctima también declaró, en noviembre de 1979, en el juzgado federal, donde ratificó sus dichos por temor a nuevas agresiones.
Britos también será juzgado en la causa en la que se investigaron las privaciones ilegales de la libertad, tormentos, allanamientos ilegales y delitos sexuales en hechos que involucran a 42 víctimas. De acuerdo con la pieza acusatoria, todas ellas pasaron por el centro clandestino de detención que funcionó en el Instituto de Rehabilitación Social, durante 1976, cuando Renardo Sánchez era su director y luego fue sucedido en el cargo por los comandantes de la Gendarmería Luis Alberto Zárate y Arnaldo Alberto Garay, quienes actuaban junto a otros subordinados entre los que se encontraba el ex Jefe de Seguridad Britos.
En este caso, el imputado también deberá responder como miembro de una asociación ilícita que cometía crímenes de lesa humanidad durante el terrorismo de Estado en la provincia de La Rioja.
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