El cuerpo tendrá 32 integrantes, repartidos por igual entre diputados y senadores, y se abocará a analizar lo sucedido el segundo domingo del año, cuando grupos bolsonaristas que pedían un golpe de Estado contra el recién asumido gobierno de Luiz Inácio Lula Da Silva coparon las sedes del Congreso Nacional, el Palacio del Planalto y el Supremo Tribunal Federal (STF) en Brasilia.
En Brasil, las comisiones tienen facultades de investigación similares a las de la Justicia y pueden convocar a autoridades, solicitar documentos y romper el secreto por el voto de la mayoría de los miembros.
La composición no está aún completamente resuelta y, si esa situación se mantiene hasta el jueves, el titular del Senado, Rodrigo Pacheco, podrá decidir al respecto.
En la Justicia, el caso está a cargo del Supremo Tribunal Federal (STF), que ya decidió acusar a 795 imputados de participación en los actos antidemocráticos del 8 de enero.
Otro grupo de 250 denunciados está siendo analizado por el pleno virtual del STF, modalidad en la que los ministros depositan sus votos electrónicamente, sin deliberación presencial.
Hasta ahora, solo los ministros André Mendonça y Nunes Marques votaron en contra, con el argumento de que las denuncias no lograron individualizar satisfactoriamente la conducta de las personas detenidas en el campamento instalado frente al Cuartel General del Ejército, en Brasilia.
En total, la Procuraduría General de la República (PGR) presentó 1.390 cargos formales ante la Corte Suprema, todos contra personas que participaron directamente en actos de vandalismo o que incitaron a la violencia, y todavía nadie fue denunciado por financiar los actos.
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