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La presidenta Boluarte acorralada por informes de violaciones a los derechos humanos

(08/05/23 - Perú, Por Gonzalo Ruiz Tovar, especial desde Lima).- La presidenta de Perú, Dina Boluarte, está en una situación comprometida por informes internacionales que documentan excesos en la represión de la protesta popular, según coinciden analistas que reprochan, además, un supuesto doble discurso del gobierno frente al tema.

Para la abogada y periodista Rosa María Palacios, los informes podrían incluso conducir en el futuro a la cárcel a Boluarte y a su primer ministro, Alberto Otárola, con lo que continuaría la tendencia a que los presidentes peruanos pasen del Palacio a una celda.

“La presidenta está tocada de nervios y preocupada, porque hoy está en un punto sin retorno al que la han llevado de una manera muy irresponsable algunos de sus colaboradores”, comentó el abogado y periodista Glatzer Tuesta, experto en derechos humanos.

Esos colaboradores, según Tuesta, “le han dicho (a Boluarte) ‘ya sigamos hasta el final, porque no hay manera de revertir nuestra acción frente a estos graves hechos’”, lo que explica supuestamente las respuestas contradictorias del gobierno.

Un informe de fines de abril de Human Rights Watch (HRW), al que la presidenta descalificó con el argumento de que la fuente “es solo una ONG”, fue seguido esta semana por otro igual de contundente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que habla de excesos cometidos por fuerzas militares y policiales.

HRW y la CIDH, tras sus investigaciones, responsabilizaron al gobierno y a sus fuerzas armadas de la represión desatada entre diciembre y marzo, cuando 49 civiles murieron en forma directa en las protestas que exigían la salida de Boluarte y la convocatoria a elecciones generales, cifra que pasa de 60 si se incluyen los efectos colaterales.

Medios de prensa independientes comprobaron, además, que mientras Boluarte y Otárola defendían públicamente a militares y policías, de los que dijeron que solo cumplieron con su deber, en una respuesta privada a la CIDH virtualmente reconocieron abusos y deslizaron las culpas hacia mandos de las fuerzas armadas que, según su argumentación, desobedecieron directrices del gobierno.

Esos excesos “son objeto de investigación y seguirán su curso procesal a fin de determinar las responsabilidades individuales”, indica el documento, criticado por constituir supuestamente un doble discurso frente al asunto.

En la misiva, el gobierno destaca incluso que buena parte de los jefes de patrullas que intervinieron en las operaciones ya fueron cambiados de destino, como ocurrió por ejemplo en el departamento de Ayacucho, donde los relevos incluyen a hasta 75 % de la oficialidad.

Los informes de la CIDH y HRW, tildados de “demoledores” por la oposición, se conocieron además en un contexto en que, según diversas encuestadoras, el respaldo a Boluarte sigue en caída y el rechazo a la mandataria bordea el 80 %.

Miles de peruanos salieron a calles y campos para exigir la renuncia de Boluarte, quien, al asumir el mando el 7 de diciembre en reemplazo del destituido y encarcelado Pedro Castillo, señaló que pensaba quedarse hasta 2026, cuando termina el período ordinario, con lo que hacía caso omiso al clamor de que se llame a la brevedad a elecciones presidenciales y parlamentarias.

La presidenta corrigió luego y se dijo partidaria de anticipar los comicios -exigidos por más de 90 % en los sondeos y para los que no ha fijado fecha el Congreso, controlado por fuerzas de derecha aliadas ahora con el Ejecutivo-, pero para entonces ya el país estaba incendiado.

Las movilizaciones se centraron sobre todo en el sur andino, vanguardia de la oposición al gobierno y al Congreso, aunque también hubo muertos en Lima y el departamento norteño de La Libertad. Los departamentos con más muertes fueron Puno, Ayacucho y Apurímac, este último el natal de Boluarte.

La presidenta y Otálora insistieron desde el comienzo en que las protestas eran expresión de grupos violentos ligados al terrorismo, al narcotráfico, a la delincuencia común e incluso a agentes extranjeros, particularmente bolivianos, aunque nunca presentaron pruebas.

Según investigaciones de prensa nacional y extranjera, gran parte de los civiles atacados a bala por militares y/o policías lo fueron cuando no representaban amenaza real. Incluso, se ha establecido mediante material gráfico y testimonios que algunos muertos ni siquiera hacían parte de las manifestaciones.

Por ejemplo, en el caso del único muerto de Lima, el obrero Víctor Santisteban, imágenes de cámaras de seguridad muestran que fue baleado por la espalda por un policía a apenas unos pasos de distancia, cuando buscaba protegerse tras un poste sin ninguna actitud agresiva.

La CIDH y HRW hablan de “ejecuciones extrajudiciales” y de un uso desproporcionado de la fuerza por las instituciones armadas sin que el gobierno lo evitara, al margen de que en la respuesta oficial al organismo interamericano asegure que había protocolos determinados.

“Ha habido al menos tres investigaciones de organizaciones internacionales, con diferente estilo y metodología, y han llegado a las mismas conclusiones. También de The New York Times, con inteligencia de fuente abierta, y de (el portal) IDL Reporteros. Resulta extremadamente difícil tratar de argumentar que son sesgadas”, destacó el periodista Gustavo Gorriti.

El argumento del “sesgo” es manejado por los partidos de derecha, que insisten en que los veedores internacionales, incluida la CIDH, obedecen a la izquierda. Esos partidos han respaldado la respuesta pública de Boluarte e incluso la han criticado por no ser más radical en sus expresiones.

Las protestas decayeron notoriamente desde marzo, cuando desastres naturales concentraron la atención ciudadana, pero analistas insisten en que el malestar está latente y en que los supuestos planes secretos de Boluarte y sus aliados para seguir hasta 2026 pueden resultar explosivos.

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