Al abrir la reunión, que se desarrolló sin la presencia de los diputados de la oposición, la diputada nacional Carolina Gaillard (Frente de Todos) anticipó que D 'Alessandro avisó que "no podía asistir por razones personales" y propuso que se adopte "la misma tesitura que tomamos con los otros testigos, citándolo nuevamente para la próxima reunión, bajo apercibimiento de darle conocimiento al juez competente", debido a que se trata de la segunda vez que no concurre.
De esta manera, Gaillard hizo referencia a Aldo Tonón, exdirector de la obra social de los trabajadores judiciales, quien compareció ante ese cuerpo en mayo pasado, luego de que un juez le notificó que debía presentarse a declarar, tras haber sido citado tres veces, ante la negativa a concurrir porque está imputado en tres causas penales relacionadas con presuntas irregularidades en su gestión.
Asimismo, la diputada oficialista anunció que el camarista porteño Juan Ignacio Mahiques también pidió reprogramar su visita a la comisión "por razones personales", así como el procurador General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Gabriel María Astarloa, y Miguel Federico De Lorenzo, de la Secretaría de Jurisprudencia de la Corte, que también solicitaron ir otro día.
En ese marco, el oficialismo aprobó enviar una nota dirigida a la Corte Suprema, en la que se pide evaluar "acciones disciplinarias por falso testimonio" a Silvio Robles, mano derecha de Rosatti, al sostener que su conducta "afecta la transparencia del funcionamiento del máximo tribunal" por ampararse en el artículo 18 de la Constitución, que establece que no está obligado a declarar ante la existencia de otras causas que se tramitan en la Justicia.
"Robles invocó abusivamente la garantía del artículo 18 de la Constitución Nacional, circunstancia que ha resultado manifiesta ante la ausencia de acreditación de causa judicial que legalmente lo habilite a callar la verdad", afirmaron los diputados en una nota dirigida a la Corte, en la que se pidió que el máximo tribunal analice un eventual falso testimonio cometido por el Director General de la Vocalía de Rosatti.
Asimismo, sostuvieron que "la participación, la colaboración y el acceso a información son ejes sobre los cuáles se construye la rendición de cuentas que todo funcionario está obligado a proporcionar a la ciudadanía" y solicitaron que la Corte Suprema informe, en el plazo de 10 días improrrogables, a la Comisión de Juicio Político "si conoce la existencia" de las causas invocadas por Robles.
En tanto, la oposición justificó su ausencia en la comisión en una carta, en la que los legisladores opositores denunciaron la existencia de "nuevas irregularidades vinculadas con la citación de testigos" y acusaron al oficialismo de "usar como maniobra burda las citaciones sobre la hora, sin respetar los plazos mínimos y razonables".
En el transcurso de la reunión, el diputado del FDT Leopoldo Moreau hizo referencia a la ausencia de la oposición.
"Esta comisión ha tocado un nervio sensible con la citación a Robles. Este funcionario ha tenido un papel relevante como articulador en dos casos, por lo menos, como son las sentencias vinculadas a la coparticipación y al Consejo de la Magistratura y ha sido un eslabón fundamental en el tráfico de influencias", dijo Moreau y acusó al funcionario de "entorpecer" la labor de la comisión, a la vez que enfatizó que "estamos en presencia de la Corte Suprema de un sector de la sociedad argentina".
Por su parte, el diputado nacional Rodolfo Tailhade (Frente de Todos) pidió sumar la citación del fiscal general de la Ciudad, Juan Bautista Mahiques, "sin dejar sin efecto" la concurrencia del juez Juan Ignacio Mahiques, al sostener que "la persona que festejó su cumpleaños (en el hotel Four Seasons), al que habrían llegado juntos Robles y D'Alessandro, no sería Ignacio sino Juan Bautista".
Para el oficialismo, D'Alessandro es sospechoso de haber intercambiado chats a través de Whatsapp con Robles, en una supuesta connivencia relacionada con el fallo de la Corte sobre la coparticipación que benefició a la ciudad de Buenos Aires.
El exministro porteño estaba convocado inicialmente para el martes pasado pero, a través de una carta enviada a la comisión, avisó que no podía concurrir por "motivos personales" y solicitó una reprogramación de la cita, al igual que la prevista para hoy.
"Por existir situaciones en el plano personal que me impiden concurrir a la convocatoria prevista, vengo a solicitar tengan a bien disponer una nueva fecha para cumplir en debida forma con la requisitoria de esa Comisión", había señalado D'Alessandro en la nota dirigida a Gaillard.
Robles, el principal asesor no letrado de Rosatti, que concurrió el martes pasado a la comisión, se negó a contestar la mayoría de las preguntas, por lo que el oficialismo lo calificó como "reticente a aportar información" y ahora pide que se lo sancione por esa actitud.
El testigo se amparó permanentemente en el artículo 18 de la Constitución Nacional y en el 8B del Reglamento de la Justicia Nacional para evitar contestar los requerimientos de los diputados del Frente de Todos (FdT).
En esa oportunidad, los legisladores del oficialismo aprobaron la realización de un careo entre Robles y el exadministrador de la Corte Héctor Marchi, quien en su momento afirmó que fue desplazado de su cargo porque se "negó a encubrir" al asesor de Rosatti.
Por su parte, desde Juntos por el Cambio (JxC) cuestionaron la utilización de los supuestos chats filtrados como elemento para interrogar a los testigos, más allá de la prueba de la huella de voz solicitada por el FdT como elemento para apuntalar la identidad de quiénes interactuaron en esas conversaciones de Whatsapp.
En el marco de la reunión, y respecto al fallo sobre coparticipación, Gaillard justificó el mal desempeño de los integrantes de la Corte en esa causa y leyó un escrito de la comisión en el que los legisladores sostienen que se trata de "una resolución arbitraria que contiene vicios jurídicos", donde se omitió -entre otras cuestiones- la intervención de las provincias y la ausencia de pautas objetivas en la determinación del porcentaje
El expediente que analiza la comisión de Juicio Político está basado en el fallo de la Corte Suprema de Justicia que dispuso el pasado 21 de diciembre que el Gobierno nacional le pague al Gobierno de la ciudad de Buenos Aires el 2,95% de la masa de impuestos coparticipables, en el marco de la disputa entre ambas administraciones por el porcentaje correcto.
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