Según el fallo, la investigación por los delitos de organización criminal, colusión y tráfico de influencias es compleja y existiría "riesgo de fuga y obstaculización" por parte del ex presidente si es liberado.
El magistrado Juan Carlos Checkley, del Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria, señaló que la investigación es compleja y que existiría "riesgo de fuga y obstaculización" por parte de Castillo si es liberado.
"Declarar infundada la revisión de oficio de la prisión preventiva dictada contra el imputado Pedro Castillo y, consecuentemente, se declara la vigencia de la medida de prisión preventiva por el plazo de 36 meses dictada por este juzgado", señaló el fallo reproducido por el medio local Andina.
La defensa del ex mandatario argumentó su pedido en que surgieron nuevos elementos para que se disponga la libertad, "tales como el no haberse probado que haya recibido dinero de procedencia Ilícita", de acuerdo a lo informado por el portal RPP. Además, criticó la intervención de la suspendida fiscal de la Nación, Patricia Benavides, en su encarcelamiento.
El pedido de la Fiscalía de Perú
La Fiscalía de Perú pidió a finales de febrero del año pasado 36 meses de prisión preventiva contra el Presidente Castillo y dos de sus ministros por presuntamente liderar una organización criminal.
El Ministerio Público atribuyó entonces al depuesto mandatario su liderazgo en una organización criminal destinada a cometer diversos actos de corrupción, incluidos delitos de organización criminal, colusión y tráfico de influencias, consignó la agencia de noticias Europa Press.
La Fiscalía de Perú pidió a finales de febrero del año pasado 36 meses de prisión preventiva contra Castillo y dos de sus ministros
En ese momento, Castillo se encontraba cumpliendo 18 meses de prisión preventiva, en el marco de las investigaciones por el presunto delito de rebelión, después de ser detenido tras el anuncio el 7 de diciembre de 2022 de la disolución del Congreso y la instauración de un gobierno de excepción.
Ese hecho fue interpretado por el Parlamento como un intento de golpe de Estado, y el pleno lo destituyó del cargo de forma inmediata bajo la causal constitucional de incapacidad moral para ejercer la presidencia.
Asumió de inmediato quien era entonces la vicepresidenta, Dina Boluarte, lo que generó una ola de protestas en las calles de Lima y las principales ciudades para exigir una renuncia del Gobierno ilegítimo y del Legislativo y de un veloz llamado a nuevas elecciones.
En total fueron 49 los civiles fallecidos por la criminal acción militar y policial ordenada por el gobierno usurpador de Boluarte ante esas manifestaciones, en la mayoría de los casos por disparos de bala o de lanzadores de bombas lacrimógenas.
Las muertes suben a 77 si se suman 28 personas que cayeron en hechos paralelos, como diez soldados que se ahogaron en un río cuando supuestamente eran acosados por una turba o un policía que apareció incinerado dentro de una patrulla cerca de un lugar donde había enfrentamientos.
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