El juez Martín Cormick hizo lugar a los amparos del CIN, la UBA y sindicatos docentes, ordenando al Ejecutivo la ejecución inmediata de las partidas.
Tras la insistencia del Congreso con los dos tercios, el Gobierno había emitido el Decreto 759/2025 para condicionar la aplicación de la ley a que el Parlamento determinara el origen de los fondos.
El juez Cormick calificó este artilugio de «mecanismo extraconstitucional» que viola la obligatoriedad de promulgar las leyes tras la insistencia legislativa. Además, recordó que el Ministerio de Capital Humano venía eludiendo una cautelar previa.
El magistrado señaló que el costo de la ley representa el 0,23% del PBI según la Oficina de Presupuesto del Congreso y cuestionó que el Ejecutivo sí reasignó partidas discrecionalmente en otras ocasiones. La Ley 27.795 exige actualizar presupuestos por inflación y recomponer salarios de docentes y no docentes según el IPC.
.jpg)
Publicar un comentario