Desde 2024, el Estado nacional dejó de comprar y distribuir los medicamentos para la interrupción voluntaria y legal del embarazo (IVE/ILE) que adquiría y enviaba a las provincias.  Hasta entonces, la compra centralizada no sólo aseguraba las medicaciones: permitía reducir costos, planificar la provisión, coordinar la respuesta sanitaria y contribuir a garantizar un piso mínimo de acceso en todo el territorio. 

Frente a ese retiro, muchas provincias están sosteniendo con recursos propios prestaciones que anteriormente contaban con apoyo nacional. Amnistía Internacional ha observado que, ante las consultas y denuncias que recibe, numerosos programas provinciales intervienen para resolver obstáculos, procuran asegurar medicamentos y articulan con los efectores de salud para garantizar las prácticas.  

El impacto de este retiro no es igual en todo el territorio. Las provincias tienen capacidades fiscales, administrativas y de compra diferentes y, además, proporciones muy distintas de población que depende exclusivamente del sistema público. Mientras en provincias como Chaco, Formosa y Santiago del Estero más del 50% de la población cuenta únicamente con cobertura del sistema público, en la Ciudad de Buenos Aires esa proporción es del 16,3%.   

“Las provincias están haciendo un enorme esfuerzo por sostener el acceso al aborto frente al retiro del Estado nacional. Pero no se puede reemplazar una política federal con veinticuatro respuestas diferentes. El Estado nacional conserva una responsabilidad fundamental de rectoría, coordinación y garantía de un piso mínimo de derechos en todo el territorio. Cuando abandona esas funciones, las desigualdades entre provincias terminan convirtiéndose en desigualdades en el ejercicio de derechos”, señaló Mariela Belski (foto), directora ejecutiva de Amnistía Internacional Argentina. 

Menos medicamentos, más desigualdad 

Durante 2025, se incrementaron los obstáculos en el acceso al aborto por faltante de insumos. 

Algunas provincias intentaron compensar la discontinuidad de la provisión nacional mediante compras realizadas con recursos propios. Sin embargo, distintas jurisdicciones reconocen que no tienen capacidad suficiente para garantizar de manera regular una provisión equivalente a la que anteriormente realizaba el Estado nacional. 

Amnistía Internacional recibió consultas de mujeres que, ante la falta de medicación disponible en el sistema público, fueron informadas de que debían adquirirla por sus propios medios. Con precios que pueden alcanzar los 300.000, algunas relataron que evaluaron pedir dinero prestado y otras se endeudaron para acceder a una práctica que el sistema de salud debe garantizar gratuitamente. Para quienes no pueden afrontar esos costos, la falta de medicamentos disponibles en el sistema de salud se traduce en mayores riesgos para su salud y su vida, al aumentar la exposición a prácticas inseguras. 

En este contexto, Amnistía Internacional registró durante 2025 un aumento significativo en la cantidad de consultas y denuncias por obstáculos en el acceso al aborto recibidos a través de su formulario online, superando en más de un 300% los casos recibidos en el año anterior. Más del 65% de quienes se comunicaron con la organización no sabían cómo ni dónde acceder a una interrupción legal del embarazo. 

Niñas y adolescentes: menos información y menos redes de protección 

Durante 2025, cerca de 70 adolescentes de entre 14 y 19 años se comunicaron con Amnistía Internacional por obstáculos para acceder a un aborto, lo que representó alrededor del 17% de los casos recibidos por la organización. 

La principal dificultad fue la falta de información: la gran mayoría no sabía cómo ni dónde acceder a la práctica. Entre las niñas de menor edad aparecen, además, situaciones de especial vulnerabilidad, atravesadas por el miedo, la soledad y la falta de redes de apoyo. En algunos casos, los embarazos ocurren en contextos de violencia o abuso intrafamiliar. 

Este escenario coincide con el debilitamiento de la Educación Sexual Integral y de políticas públicas que buscaban precisamente acercar información, asesoramiento y servicios de salud sexual y reproductiva a adolescentes, como el Plan Nacional de Prevención del Embarazo No Intencional en la Adolescencia (Plan ENIA), que contribuyó a reducir a menos de la mitad la tasa de fecundidad adolescente. 

“La responsabilidad estatal no empieza cuando una niña llega sola a un hospital embarazada. También implica asegurar previamente educación sexual, información, anticoncepción, servicios accesibles y redes capaces de detectar situaciones de violencia. Desarmar esas políticas aumenta las posibilidades de que las niñas lleguen más tarde y más solas al sistema de salud”, sostuvo Mariela Belski, directora ejecutiva de Amnistía Internacional Argentina. 

San Isidro: los límites de administrar en las sombras contra el derecho al aborto 

A las desigualdades producidas por el retiro de políticas nacionales pueden sumarse obstáculos creados por los propios gobiernos locales. El caso de San Isidro muestra cómo un derecho puede ser restringido sin necesidad de modificar la Ley 27.610. 

En la provincia de Buenos Aires, donde existe una política sanitaria provincial destinada a garantizar el acceso al aborto en todo el territorio, el municipio de San Isidro implementó un circuito irregular que a bajo la apariencia de organizar el funcionamiento del sistema de salud, incorporaba requisitos adicionales a los establecidos por la legislación nacional para obstruir el acceso al aborto.  

Entre otras medidas, establecía una consulta psicológica previa obligatoria, multiplicaba las instancias para ratificar una decisión ya expresada, introducía mecanismos que podían afectar la confidencialidad, restringía el acceso a la interrupción legal del embarazo por causal salud y alteraba el cómputo del plazo de diez días previsto por la ley. Además, concentraba la prestación en el Hospital Materno Infantil y dejaba fuera del circuito a los Centros de Atención Primaria de la Salud. 

Ninguna de esas disposiciones prohibía expresamente el aborto. Pero todas juntas podían producir el mismo efecto: demorar, dificultar y desalentar el acceso a un derecho reconocido por ley. 

Ante esta situación, Amnistía Internacional promovió una acción judicial. El Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo N.º 2 de San Isidro hizo lugar a la medida cautelar, ordenó suspender el protocolo irregular y exigió al Municipio garantizar el acceso a la interrupción voluntaria y legal del embarazo sin demoras ni condicionamientos incompatibles con la Ley 27.610. 

En este contexto, debido a la falta de acreditación por parte del Municipio del cumplimiento de la medida cautelar, Amnistía Internacional presentó el 16 de septiembre un pedido de ejecución de la medida. Ahora, el Municipio deberá probar judicialmente que está cumpliendo con lo ordenado y que garantiza el acceso al aborto en los hospitales y centros de salud. 

“El caso de San Isidro demuestra que hoy los derechos también pueden ser erosionados mediante decisiones administrativas aparentemente neutras. No hace falta derogar una ley: multiplicar consultas, imponer requisitos que la ley no contempla, concentrar innecesariamente las prestaciones o generar demoras puede transformar un derecho reconocido en un recorrido plagado de obstáculos. La organización de los servicios de salud nunca puede utilizarse para restringir aquello que el Congreso reconoció por ley”, concluyó Mariela Belski, directora ejecutiva de Amnistía Internacional Argentina.

El CIN concentrará este miércoles frente a la Casa Rosada para reclamar la aplicación de la ley, luego de que la Justicia declarará inconstitucional el decreto que condicionaba su ejecución.

La medida servirá de antesala para la quinta Marcha Federal Universitaria, convocada para el jueves 15 de octubre frente al Congreso. Esta, coincidirá con una sesión especial impulsada por bloques opositores y tendrá como otro eje la discusión del Presupuesto 2027, puesto que contempla unos $7,3 billones para las universidades nacionales, mientras que el CIN reclama $11 billones.

A través del decreto alcanzado por la Justicia, Javier Milei había promulgado la ley, pero condicionado su puesta en marcha a la determinación de las fuentes de financiamiento y a la incorporación de las partidas correspondientes al Presupuesto. Cormick consideró que la propia Ley 27.795 establecía pautas para financiar sus medidas y otorgaba al Ejecutivo facultades para realizar las adecuaciones necesarias.

El magistrado también tomó en cuenta el escenario presupuestario y un cálculo de la Oficina de Presupuesto del Congreso que estimó que el costo de la ley durante 2025 representaba alrededor del 0,23% del PBI nominal proyectado. Además, incorporó los acuerdos alcanzados en junio entre el Gobierno, el CIN y los gremios, que contemplaron una recomposición salarial acumulada del 24,33%, una suba del 20% para gastos de funcionamiento, $50.000 millones adicionales para hospitales universitarios y un aumento del 50% para las Becas Manuel Belgrano.

La sentencia profundizó un conflicto que ya había generado medidas cautelares por los salarios docentes y no docentes y las becas estudiantiles. En ese expediente, Cormick había intimado al Gobierno el 30 de septiembre a acreditar el cumplimiento de las obligaciones, mientras que la Casa Rosada sostuvo que los aumentos salariales acumulados desde diciembre de 2023 alcanzaban el 226,8% y pidió dejar sin efecto la posibilidad de aplicar sanciones económicas.

Frente al nuevo fallo, el Gobierno prepara una apelación mientras analiza cómo afrontar las obligaciones establecidas por la ley. La resolución de Cormick es de primera instancia y ordenó además al Poder Ejecutivo dictar las normas necesarias para garantizar el “cumplimiento inmediato” de la norma, por lo que la disputa continuará ahora en la instancia judicial superior.

El juez Martín Cormick hizo lugar a los amparos del CIN, la UBA y sindicatos docentes, ordenando al Ejecutivo la ejecución inmediata de las partidas.

Tras la insistencia del Congreso con los dos tercios, el Gobierno había emitido el Decreto 759/2025 para condicionar la aplicación de la ley a que el Parlamento determinara el origen de los fondos.

El juez Cormick calificó este artilugio de «mecanismo extraconstitucional» que viola la obligatoriedad de promulgar las leyes tras la insistencia legislativa. Además, recordó que el Ministerio de Capital Humano venía eludiendo una cautelar previa.

El magistrado señaló que el costo de la ley representa el 0,23% del PBI según la Oficina de Presupuesto del Congreso y cuestionó que el Ejecutivo sí reasignó partidas discrecionalmente en otras ocasiones. La Ley 27.795 exige actualizar presupuestos por inflación y recomponer salarios de docentes y no docentes según el IPC.

Las centrales sindicales y organizaciones sociales acompañarán la protesta frente al Congreso en reclamo de una mejora de las jubilaciones y contra las políticas económicas del Gobierno. Con esta medida, dan reinicio a su plan de lucha que consistirá en múltiples convocatorias, sin descartar aún un paro general.

La protesta tendrá como principales ejes la defensa del sistema previsional, el reclamo por una recomposición de los haberes y el rechazo a las medidas económicas implementadas por la administración de Javier Milei. En ese marco, la CGT remarcó que la seguridad social "no es un privilegio, sino una conquista del pueblo trabajador" y cerró su convocatoria con una consigna: "La dignidad no se negocia".

La movilización se dará en el marco del reinicio del plan de lucha de la CGT, las dos CTA y la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP), que había quedado en pausa durante el Mundial de Fútbol 2026. Las organizaciones anticiparon que el cronograma continuará con la tradicional marcha de San Cayetano, prevista para el 7 de agosto, y no descartaron avanzar con un nuevo paro general si el Gobierno mantiene su postura frente a los reclamos sindicales.

"La CGT no acompaña ninguna ley que presente el Gobierno, porque va todo a contramano de lo que necesita la sociedad", advirtió en la previa de la convocatoria el triunviro Cristian Jerónimo. Asimismo, en referencia al desacuerdo de otros sectores por el suspenso de su plan de lucha, recordó que la conducción sindical ya realizó cuatro paros generales y numerosas movilizaciones desde el inicio de la gestión libertaria.

A este escenario se sumó el fallo de la Cámara Federal de San Martín que revocó una medida cautelar que obligaba al Estado a sostener el pago del programa Volver al Trabajo, destinado a cerca de un millón de beneficiarios y con un monto congelado en 78 mil pesos desde el comienzo de la actual administración.

Además de la movilización en el Congreso, las organizaciones prevén réplicas en distintas ciudades del país como Rosario, Córdoba, Mendoza y Tucumán. 

Biaggio, sentó postura en la antesala de un nuevo miércoles de protesta de la clase pasiva, en esta ocasión con respaldo de la CGT y numerosas organizaciones sindicales.

Al respecto, sostuvo que es un “apoyo tardío” el de la central obrera, puesta “sin paro no se garantiza presencia masiva ante la gravedad de la situación que estamos viviendo”.

“Tenemos un Gobierno con un vocero encargado de presentar espejitos de colores, dicen que está todo bárbaro. Están afanando del PAMI como el peor de la historia, los adultos mayores estamos muriendo más que en la pandemia y vienen a decir que estamos mejor”, bramó la dirigente.

Así las cosas, afirmó en declaraciones a la AM 750 que “nos movilizamos con fuerza y planteamos que es imprescindible hacer un plan de lucha conjunto”.

“Cada minuto que gobierna este tipo perdemos algo: los jubilados, los trabajadores, la juventud, el futuro en la Argentina. Esto es un genocidio”, resumió Biaggio.

Acto seguido, sembró interrogantes en torno a cómo sigue el apoyo de la CGT. “¿Cómo se garantiza que nos devuelvan el PAMI y tengamos los medicamentos, las clínicas, los hospitales, los lugares de atención? Que un jubilado no tenga que trasladarse 100 kilómetros para atenderse”.

Del mismo modo, hizo foco en la dificultad para que “sigan ingresando aportes cuando hay miles y miles de nuevos desocupados y miles de trabajadores precarizados que no van a aportar. Es un fusil sobre nuestra cabeza, pagando por los nuevos despidos”

“Debemos ir por un cambio político de raíz, la ley de propiedad de la tierra nos entrega de pies y manos al extranjero y el Gobierno dice que todo va bien”, concluyó Biaggio.

Luego de la reglamentación de la reforma laboral impulsada por el gobierno de Javier Milei, la Confederación General del Trabajo (CGT) analiza profundizar las medidas de protesta y no descarta convocar a un nuevo paro general. Desde la central obrera sostienen que el decreto excede los alcances de la ley aprobada por el Congreso y, por ese motivo, mantienen su estrategia judicial. La conducción confían en obtener una resolución favorable y advierten que el Gobierno avanzó más allá de lo que establece la propia norma, una situación que podría profundizar el conflicto con la Casa Rosada.

Según consignó la periodista Rocío Criado, el malestar gremial se profundizó tras la publicación del decreto 407/2026, que reglamentó distintos aspectos de la reforma laboral vinculados a los convenios colectivos, el financiamiento sindical, las indemnizaciones y el funcionamiento del Fondo de Asistencia Laboral (FAL).

Desde la CGT remarcan que las modificaciones impulsadas por el Ejecutivo tienen como objetivo debilitar a las organizaciones sindicales, desfinanciándolas para facilitar un modelo de flexibilización laboral y reducir la capacidad de representación de los trabajadores. También cuestionaron lo que considera una aplicación selectiva de las leyes por parte del Gobierno: "Si ellos no cumplen la ley universitaria, ¿por qué vamos a acatar una ley con semejante impacto negativo?", plantearon los dirigentes sindicales.

Las críticas al rumbo laboral de la administración nacional también llegaron al plano internacional. Durante la 114.ª Conferencia Internacional del Trabajo de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), realizada en Ginebra, el cosecretario general de la CGT, Jorge Sola, denunció al Gobierno argentino por incumplir normas internacionales y avanzar sobre derechos laborales históricamente reconocidos.

En su exposición, afirmó que la gestión de Milei impulsa una transformación profunda de las relaciones laborales bajo la premisa de que las protecciones a los trabajadores constituyen un obstáculo para el crecimiento económico. Además, cuestionó la reducción de áreas estatales vinculadas al trabajo, los despidos de personal especializado y el recorte de la planta de la administración pública. De acuerdo con la información de Criado, este escenario alimenta la discusión interna sobre nuevas medidas de fuerza. La combinación entre el deterioro económico, la pérdida de puestos de trabajo y los cambios impulsados por el Gobierno generó preocupación en distintos sectores del movimiento obrero.

Los datos que manejan los sindicatos refuerzan ese diagnóstico. Según el monitor mensual de Fundar, elaborado con cifras oficiales del INDEC, desde la llegada de Milei a la Presidencia cerraron más de 24 mil empresas. En paralelo, un estudio del Área de Empleo, Distribución e Instituciones Laborales (EDIL) y la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA indicó que se perdieron cerca de 300 mil puestos de trabajo durante el mismo período.

Frente a este panorama, la CGT convocará en los próximos días a una reunión ampliada de su Consejo Directivo junto a representantes de distintos sectores productivos para definir una estrategia común. El objetivo, explican, es construir una respuesta política y sindical frente al modelo económico del Gobierno. Aunque la posibilidad de una nueva huelga nacional todavía no tiene fecha, en la central remarcan que la herramienta "siempre está latente". No obstante, consideran necesario ampliar los consensos internos para garantizar una medida de fuerza con alto nivel de adhesión y alcance nacional.

Además de las acciones gremiales, la CGT avanza en la elaboración de un índice propio de inflación junto con especialistas de la Universidad de Buenos Aires. La iniciativa, que también busca incorporar a investigadores de la Universidad Católica Argentina y economistas de distintos espacios, podría presentarse durante el próximo mes de julio.

En Corrientes, el titular de la cartera sanitaria, Emilio Lanari, describió un escenario de fuerte exigencia operativa y sostuvo que los hospitales se encuentran “a full de sus capacidades”. Según datos provinciales, cerca del 90% de las atenciones médicas ya se realizan en el sistema público, que además absorbe pacientes provenientes de distritos vecinos como Chaco y Formosa.

La situación encuentra un correlato en Misiones, donde la salud pública concentra alrededor del 80% de la demanda sanitaria. El crecimiento de las consultas obligó a reorganizar la red de atención y reforzar los servicios del interior. En el Hospital Madariaga, principal centro de alta complejidad de la provincia, las consultas y cirugías alcanzaron niveles récord durante el primer trimestre de este año.

En Salta, cuyo gobernador, Gustavo Sánez, es un fiel aliado de Javier Milei, el panorama aparece aún más tensionado. El ministro Federico Mangione advirtió que las guardias volvieron a registrar pacientes en camillas y pasillos por la falta de espacio disponible. El funcionario vinculó la saturación con la imposibilidad de muchas familias de afrontar los costos de la medicina privada y con el incremento de la pobreza, que también impacta sobre distintos indicadores sanitarios.

A este cuadro se suma el reclamo por las deudas acumuladas de las obras sociales con los hospitales públicos y la reducción de fondos nacionales para distintas prestaciones. Un informe de la organización Soberanía Sanitaria señaló que las transferencias de Nación a hospitales de alta complejidad registraron una caída real del 17% entre 2023 y 2025, trasladando mayores responsabilidades financieras a las provincias. 

Mientras el norte del país busca sostener sistemas cada vez más exigidos, Mendoza avanzó con una estrategia para incrementar el recupero de prestaciones brindadas a afiliados de obras sociales y prepagas. A través de un ente específico creado para centralizar la facturación, la provincia logró triplicar los montos recuperados y reforzar una fuente de financiamiento que otras jurisdicciones observan con atención ante una crisis que ya dejó de ser coyuntural para convertirse en estructural.

El Frente Sindical Universitario convocó para este martes una movilización frente a la Corte Suprema de Justicia con el objetivo de reclamar una resolución favorable a la Ley de Financiamiento Universitario, en una nueva acción impulsada por la comunidad académica ante el deterioro presupuestario y salarial que atraviesan las casas de estudio nacionales.

La actividad se desarrollará desde las 11 en Plaza Lavalle e incluirá clases públicas, una modalidad que los gremios ya utilizaron en las últimas semanas, varias veces frente a la casa del jefe de Gabinete, Manuel Adorni; para visibilizar el impacto del ajuste sobre la educación superior y exponer las dificultades que enfrentan universidades de todo el país para sostener su funcionamiento.

La convocatoria llega después de que el máximo tribunal rechazara la recusación presentada por el Gobierno nacional contra jueces cuestionados por su condición de docentes universitarios, una decisión que despejó uno de los obstáculos planteados en la discusión judicial sobre la norma.

"Ahora esperamos que se avance sobre el fondo del asunto y se garantice el cumplimiento efectivo de la ley", señalaron desde FEDUBA al celebrar el fallo de la Corte y reclamar una pronta definición sobre el financiamiento universitario.

Desde el espacio que nuclea a los principales gremios del sector sostienen que la situación económica de las universidades continúa agravándose y advierten que la pérdida de poder adquisitivo de docentes y nodocentes se combina con presupuestos insuficientes para cubrir las necesidades básicas de las instituciones. "La universidad pública no puede seguir esperando. El ajuste avanza todos los días", advierte el gremio. 

La protesta reunirá a docentes, estudiantes, autoridades y trabajadores de distintas universidades nacionales, que buscarán reforzar el reclamo por la plena vigencia de una ley que, según plantean los sindicatos, expresa la decisión del Congreso de garantizar los recursos necesarios para sostener el sistema universitario público.