La Corte Suprema dejó firme una sentencia de la justicia nacional electoral que le impuso a la agrupación política Cambiemos Buenos Aires una multa por irregularidades en los informes finales de campaña respecto de los aportantes en 2017.

A través del artículo 280 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, el máximo tribunal rechazó el recurso extraordinario y dejó firme el fallo que venía apelado.

El caso en el fuero electoral se originó en el control de los informes finales de recursos y gastos correspondientes a la campaña de elecciones primarias que se llevaron adelante en 2017 de Juntos por el Cambio y que llevaba como principales candidatos en sus listas a Gabriela Ocaña y a la dupla Esteban Bullrich y Gladys González.

Una investigación periodística reveló que 205 personas de bajos ingresos y que recibían planes sociales figuraban como donantes de fondos de la campaña para la entonces coalición gobernante. Esas personas figuraban como afiliados al PRO que habían realizado aportes millonarios mediante pequeñas donaciones de entre $ 350 y $ 1.500.

El caso quedó en manos del juez electoral de La Plata Alejo Ramos Padilla, quien desaprobó los informes y puso multas a los partidos de la alianza. También cuestionó que la agrupación solo alegó la rectificación de los informes finales obedecía a la existencia de errores en la carga de datos sin dar precisiones ni aportar la documentación que acreditara sus dichos. Según se destacó, 79 personas figuraban como aportantes habían negado la contribución. Otras 19 reconocieron haber realizado el aporte, pero solo una presentó un comprobante.

En 2023, la Cámara Electoral confirmó la resolución, al hacer hincapié en el marco normativo sobre la transparencia y control del financiamiento y administración de los partidos políticos, y ratificó que se debía “sancionar con la pérdida de aportes públicos extraordinarios para la campaña que hubieran correspondido a los partidos como integrantes de la alianza”. Dispuso que se investigara a los eventuales responsables de las “numerosas irregularidades” detectadas.

“Los apelantes no aportan argumentos válidos que permitan enervar las razones en las que el a quo fundó su resolución, luego de llevar adelante las medidas conducentes a fin de investigar las irregularidades detectadas (…) quedando subsistentes los defectos destacados, los que impiden de esta manera conocer el origen y destino de los fondos de campaña”, habían dicho los camaristas.

Los responsables de los partidos presentaron un recurso extraordinario para que el caso fuera revocado por la Corte Suprema, al sostener que la Cámara Electoral soslayó informes de rectificación y omitió tratar cuestiones de materia federal. El máximo tribunal desestimó el planteo a través del recurso 280.

Santiago Bausili es investigado por una serie de operaciones que atentan contra la función pública, cometidas cuando se desempeñaba como secretario de Caputo durante la administración de Macri.

Los jueces Alejandro Slokar y Ángela Ledesma –el magistrado Guillermo Yacobucci se pronunció en disidencia-  dejaron sin efecto la resolución que había revertido el procesamiento del exdirectivo del Deutsche Bank.

La investigación está centrada en operaciones financieras cometidas por Bausili cuando se desempañaba como secretario de Luis Caputo durante el gobierno de Mauricio Macri. Luego de aquel paso por la administración pública, fundaron la consultora Anker Latinoamerica S.A

La maniobra llevada a cabo por el actual funcionario habría otorgado un beneficio de sumas millonarias para la firma Deutsche Bank –su exempleadora-, que habría operado como intermediaria financiera y percibido considerables comisiones.

En tanto, el perjuicio para el Estado habría sido un considerable aumento en la deuda, por encima de los u$s100.000 millones. Las conductas atribuidas a Bausili se encuentran prohibidas por ley y ponen en evidencia la incompatibilidad con la función pública.

Kambourian, ex presidente del hospital pediátrico Garrahan durante el gobierno de Cambiemos, pagó más de 7 millones de pesos para evitar el juicio en el que se iba a ventilar la acusación en su contra por utilizar fondos de esa institución para solventar gastos personales. La información la expuso, sin querer, él mismo al publicar en su cuenta personal en la red social X que había sido sobreseído por la justicia y que eso demostraba su inocencia. Lo que no mostró y no contó el doctor, fue que su abogado ofreció a la Justicia una "solución alternativa", una reparación económica que, como es evidente, implica el reconocimiento del daño que se habría causado.

“Sobreseído por la justicia. No robé, no estafé, no defraudé. Gestioné el Hospital Garrahan de manera transparente. Fue justicia”, escribió, envalentonado Kambourian en un posteo que acompañó con una imagen de la parte resolutiva del fallo con el que el juez Nicolás Toselli dictó su sobreseimiento. Ese pequeño extracto contenía, en menos de 10 líneas, la información que lo deschavó. En rigor, el juez Toselli resolvió el 28 de octubre “declarar extinguida la acción penal por reparación integral, y sobreseer a Carlos Alberto Kambourian, de las demás condiciones obrantes en autos, en orden al delito por el cual oportunamente se requiriera la elevación a juicio de las presentes actuaciones”.

El fallo no dice que no robó y no estafó: lo que dice es que “reparó” con dinero. Como los usuarios de la red social no tardaron en responderle que faltaba todo el contexto del hecho, y que no se trataba de un manejo tan “transparente” como el doctor Kambourián lo quería hacer parecer. “La acción penal está extinguida ´por reparación integral´. Esto significa que Kambourian restituyó el daño hecho y por esa razón, es sobreseído. La afirmación ´No robé, no estafé, no defraudé.´ es falsa porque existió un daño que debió reparar”, reza la aclaración que X el añadió al posteo del doctor.

Para llegar a su sobreseimiento, el doctor Kambourian primero debió allanarse y pagarle al Hospital Garrahan lo que esa entidad le estaba reclamando en el marco de un juicio civil (más los intereses y las costas del proceso) y luego en el juicio penal agregó otro pago, esta vez en concepto de donación, para poder aplicarlo al flamante instituto de la reparación integral.

LA ACUSACIÓN CONTRA KAMBOURIÁN

Al ex director del Garrahan se le imputaba que entre mayo del año 2018 y enero del 2020 utilizó la tarjeta corporativas Visa -emitidas por el Banco Ciudad de Buenos Aires a favor del hospital e implementada durante su gestión- para pagar cenas, hospedajes, obsequios y otros gastos personales que no fueron justificados. La causa se inició por una denuncia efectuada por Guillermo González Prieto, presidente del Consejo de Administración del Hospital de Pediatría “Profesor Dr. Juan P. Garrahan”, que dio cuenta de las irregularidades.

Durante la investigación judicial, al momento de confirmar su procesamiento la Cámara Federal porteña, sostuvo que "las primeras irregularidades se verificaron de inicio, es decir, en el procedimiento previo a la implementación del uso de la tarjeta de crédito corporativa”, porque se hizo sin seguir ninguna recomendación. “Los distintos dictámenes de los órganos internos alertaban sobre la necesidad de dar marco normativo a su implementación en tanto aquella era un mecanismo de pago, no 'una autorización para gastar' y que, en ausencia de disposición específica, sólo podrían aplicarse las disposiciones atinentes al fondo rotatorio y las cajas chicas. Ni unas ni otras contemplaban su uso del modo posteriormente verificado en autos", indicaron en su momento los jueces del tribunal de apelaciones.

En un breve recuento de gastos injustificados, aquel citó almuerzos pagados con la tarjeta corporativa que tendrían las características de ser eventos familiares, como el cumpleaños de Kambourian y el de algún miembro de su familia, según surge del análisis de las fechas en las que se produjeron y de la aclaración, en los tickets, de que consumieron "torta de invitación". "Esos consumos son solo unos pocos de los cientos de gastos en que incurrió Kambourian con la tarjeta corporativa, y la rendición a la que alude la defensa es, en realidad, la presentación de simples comprobantes -tickets- seguidos de anotaciones manuscritas, genéricas e innominadas de que se trataba de reuniones y encuentros con gente vinculada a la salud o refrigerios y viáticos en ese contexto", señalaron los jueces.

Entre los gastos sin justificación aparecían también regalos, agasajos, estadías en hoteles en el exterior y hasta una heladera y capsulas de café. Cualquier similitud con el "cafeteragate" que sacudió en los últimos días al ministerio de Capital Humano es solo una cuestión de coincidencia.

El año 2023 marcó un fuerte cambio en la configuración de la oposición política argentina y, en particular, de Juntos por el Cambio (JxC), la coalición creada en 2015 para vencer al kirchnerismo y que, tras perder las elecciones presidenciales, quedó disgregada y con muchas incógnitas respecto a su futuro.

La irrupción de Javier Milei y La Libertad Avanza, que en dos años pasó del anonimato a alcanzar la Casa Rosada, terminó de dar el golpe de gracia a JxC, la coalición integrada por el PRO, el radicalismo y la Coalición Cívica para convertirse en alternativa de poder, y que logró consagrar a Mauricio Macri como jefe de Estado entre 2015 y 2019.

Sin embargo, el llamado "fenómeno Milei" solo vino a agudizar una crisis de identidad ya planteada hace tiempo en Juntos por el Cambio, donde convivían amplios sectores ideológicos con posturas muy diferentes.

El Pacto de Acassuso fue rechazado enérgicamente por el radicalismo, el larretismo y la Coalición Cívica, que luego se despediría formalmente de Juntos por el Cambio

Allí, solamente por nombrar los extremos, existían muchos problemas de convivencia las posturas más socialdemócratas del armado, expresado en sectores del radicalismo y los cercanos a Elisa Carrió, con las ideas liberales y de derecha que postulan los referentes más extremos del PRO.

Estas diferencias se vieron plasmadas en una dura interna rumbo a las PASO para dirimir el candidato presidencial de la coalición, donde el exalcalde porteño Horacio Rodríguez Larreta expresó a los sectores más moderados, apodados "palomas" y Patricia Bullrich buscó sintetizar a los "halcones", el grupo más cercano a los postulados liberales y al expresidente Mauricio Macri.

Esta interna, con el mecanismo de las PASO, se saldó a favor de Bullrich, en un contexto de una sociedad que buscaba respuestas más extremas ante el Gobierno de Alberto Fernández, idea que al final terminó representando, según los resultados electorales, mejor Milei que la propia Bullrich.

El triunfo del libertario implicó otro quiebre en Juntos por el Cambio: Patricia Bullrich y Mauricio Macri celebraron con Milei, rumbo al balotaje, el denominado "Pacto de Acassuso", por el cual lo respaldaron hacia la segunda vuelta, tras las elecciones generales del 22 de octubre.

Este apoyo, que en la práctica implicaba trasladarle al libertario gran parte de los votos que había sacado Bullrich en esa instancia, fue clave para el triunfo de Milei en el balotaje, donde se impondría por cinco puntos sobre el candidato de Unión por la Patria, Sergio Massa.

El Pacto de Acassuso fue rechazado enérgicamente por el radicalismo, el larretismo y la Coalición Cívica, que luego se despediría formalmente de Juntos por el Cambio.

Con relación al Gobierno de Milei, quienes conformaban Juntos por el Cambio están parados en la vereda de la oposición, salvo el PRO, que apoya el proyecto del libertario, aunque cada tanto marca límites y cuestionamientos, pero siempre dejando en claro que están de acuerdo con la orientación de sus políticas

Hoy, Juntos por el Cambio es una idea sin líder y sin vida propia, sin conducción, considerando que la Mesa Nacional del espacio, su mayor órgano de organización política, ya no se reúne.

Juntos por el Cambio estaba formado por cuatro partidos: la UCR, el PRO, Encuentro Republicano Federal, y la Coalición Cívica.

El partido de "Lilita" Carrió ya dio el portazo formal, y en la práctica comienzan a darse los primeros reagrupamientos entre figuras del sector moderado del espacio.

Con relación al Gobierno de Milei, quienes conformaban Juntos por el Cambio están parados en la vereda de la oposición, salvo el PRO, que apoya el proyecto del libertario, aunque cada tanto marca límites y cuestionamientos, pero siempre dejando en claro que están de acuerdo con la orientación de sus políticas.

Quizás el ámbito más propicio para observar este reperfilamiento opositor sea el Congreso de la Nación, un espacio de baja relevancia política en los últimos años del Gobierno anterior, pero que ahora gana centralidad a la hora de la toma de decisiones.

En las últimas horas, Juntos por el Cambio se terminó de romper en términos parlamentarios, con la conformación del nuevo bloque Hacemos Coalición Federal, compuesto por la Coalición Cívica, Cambio Federal y Hacemos por Córdoba, donde interactúan dos de los cuatro partidos que formaban JxC: la Coalición Cívica y el Encuentro Republicano Federal de Miguel Pichetto, quien justamente será el conductor de este nuevo espacio legislativo.

Este bloque será fundamental para la aprobación de leyes, considerando que la suma de La Libertad Avanza (40 diputados), el PRO (37) y la UCR (34) no alcanzan el quórum de 129 legisladores.

Horacio Rodríguez Larreta observa el panorama y prepara su regreso a los primeros planos, quizás para disputar espacios de poder en las legislativas de medio término, pero más cerca del radicalismo que de las posturas del PRO cercanas a Milei

Más allá de estos reagrupamientos legislativos, el impacto del triunfo electoral de Javier Milei también generó fuertes cambios en el PRO, partido que debe encaminarse a una elección interna.

De momento, cada integrante parece jugar su juego propio y se debate entre el respaldo y los cuestionamientos a algunos de los primeros pasos del Gobierno de Milei.

Por caso, la exgobernadora bonaerense María Eugenia Vidal salió a pedir públicamente que el Congreso respalde el decreto de necesidad y urgencia planteado por Milei al decir que es necesario "eliminar privilegios y desburocrarizar el Estado".

Otra parte del PRO, en tanto, ya pasó a ser parte directamente del Gobierno, como el caso de Patricia Bullrich, aunque se integraron, según se explicó, a título personal y no en representación del partido.

Más alejado de la actualidad política, Horacio Rodríguez Larreta observa el panorama y prepara su regreso a los primeros planos, quizás para disputar espacios de poder en las legislativas de medio término, pero más cerca del radicalismo que de las posturas del PRO cercanas a Milei.

Por su parte, el partido centenario tuvo renovación de sus autoridades, y Martín Lousteau reemplazó a Gerardo Morales en la titularidad del radicalismo, marcando una línea de continuidad entre los "boinas blancas", que si bien respaldan la necesidad de reformas económicas, también resaltan que estos cambios deben respetar las instituciones, rechazan el decreto y piden que las modificaciones sean aprobadas por el Congreso.

La familia Macri junto a Carlos Tévez y Guillermo Barros Schelotto adquirieron en 2016 proyectos para construir 6 parques eólicos y dos solares de la empresa española Isolux, quebrada en ese momento. Posteriormente, vendieron estos proyectos a la empresa china Goldwind y a Genneia, controlada por Darío Lizzano, generando una ganancia de 70 millones de dólares en un año. De acuerdo a una investigación de Perfil, Tevez obtuvo 17 millones y Guillermo Barros Schelotto cerca de 700 mil dólares; estos fueron montos transferidos a cuentas bancarias en los Estados Unidos.

El gobierno de Macri declaró “crítico” el proyecto de parques eólicos para permitir a Goldwind introducir sus molinos sin pagar impuestos. Curiosamente, la venta a Goldwind se produjo después de una visita de Macri a China.

El informe de la AGN reveló que:

• La Resolución 202/16 permitió a empresas que no participaron en licitaciones, a acceder a beneficios del RenovAR. Estas compañías obtuvieron precios superiores a las adjudicatarias del programa.

• El gobierno de Macri implementó un cálculo erróneo en los beneficios fiscales lo que significó pérdidas por 4.6 millones de dólares para el Estado Argentino.

• Se detectó enajenación accionaria no informada por la Autoridad de Aplicación. Las empresas de la familia Macri adquirieron adjudicatarias autorizadas a firmar contratos con el Estado y las transfirieron a posteriori de la firma de los contratos.

• El 37% de la potencia adjudicada por el programa no llegó a instalarse, impactando negativamente en la generación renovable.

Mauricio Macri fue denunciado en la justicia en 2018 por estas maniobras realizadas durante su gobierno. La causa de los parques eólicos se encuentra actualmente en el juzgado de Marcelo Martínez de Giorgi.

"Niego rotundamente haber tenido cualquier tipo de participación en los hechos que se me imputan", sostuvo en un escrito entregado en el juzgado federal de Marcelo Martínez De Giorgi, al presentarse a una ampliación de su declaración indagatoria, informaron a Télam fuentes judiciales.

En el juzgado, al que arribó a las 10, se negó a contestar preguntas en la causa que investiga la denuncia de un empresario, Armando Losón, y en la que un peritaje oficial demostró que hubo alteraciones, tachaduras y sobreescrituras en los cuadernos cuya escritura se atribuye a Centeno.

"Siendo que las correcciones y enmiendas que se me enrostran no han sido de mi autoría ni configuran tipo penal alguno, solicito el inmediato archivo de las presentes actuaciones por atipicidad de la conducta reprochada", agregó Bacigalupo en el escrito firmado junto a su abogada, Nuria Drendak.

Pese a ello, esbozó a modo "hipotético" que si se hubiesen realizado esas "correcciones y enmiendas" -algo que negó- no sería delito porque al momento de los hechos eran "simples anotaciones (llamadas hoy 'cuadernos')" y ello "no hace a su autor pasible de reproche alguno".

"Con anterioridad a la revelación pública de esas anotaciones, las mismas no eran elemento probatorio en ningún expediente, sino que se trataban de simples apuntes en cuadernos escolares que no tenían correlato con conducta alguna en el plano de lo legal", argumentó.

Bacigalupo había sido ya indagado en la causa pero el juez Martínez De Giorgi lo convocó una vez más para exhibirle nueva evidencia surgida en la investigación, explicaron fuentes judiciales.

El amigo del ex chofer del Ministerio de Planificación Federal concurrió a Comodoro Py 2002 y remitió su declaración al escrito que entregó en el juzgado.

La ampliación de indagatoria se resolvió ante nueva prueba que le fue leída en la imputación, entre otros aspectos, el resultado de las pericias a su teléfono, de donde surgió que habría llamado al fiscal federal Carlos Stornelli en marzo pasado, mientras por orden judicial allanaban su casa.

El ex policía fue quien tuvo en su poder los cuadernos cuya autoría se le atribuye a Centeno, hasta que se entregaron a la Justicia, y dieron origen al llamado "Caso Cuadernos", una causa penal en la que fueron enviados a juicio la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, además de exfuncionarios de su Gobierno y empresarios, por supuesto pago de sobornos.

La investigación sobre la adulteración de los apuntes

 El magistrado lo convocó en el marco de un expediente en el que se investiga si los cuadernos de Centeno fueron adulterados o reescritos por una mano distinta a la suya, tal como denunció un empresario cuyo nombre aparecía en esos textos y lo confirmó luego un peritaje ordenado por la Justicia.

Las pericias demostraron que algunas de las palabras y frases que habrían sido adulteradas, tachadas o sobrescritas, vinculadas a la situación del empresario que hizo la denuncia, Armando Loson, fueron hechas por Bacigalupo.

Este expediente se inició con una presentación del empresario Loson, imputado colaborador de la causa de los cuadernos, quien detectó a través de un peritaje privado que los textos de Centeno habían sido escritos por más de una mano.

En marzo pasado, Martínez de Giorgi allanó la casa de Bacigalupo después de recibir los primeros resultados de una pericia ordenada para intentar determinar a quién pertenecía la letra de las reescrituras detectadas en los cuadernos de Centeno por un peritaje oficial, y que habían sido denunciadas antes por Loson.

Esa medida permitió descartar la intervención de la exesposa de Centeno, Hilda Horovitz, sobre los manuscritos, pero no la de Bacigalupo.

"No puede descartarse una posible participación del nombrado en las alteraciones y/o modificaciones de los manuscritos cuestionados, cuya sospecha habilita a indagar en la recolección de otras pruebas válidas para el éxito de la investigación", sostuvo Martínez de Giorgi al ordenar el allanamiento.

Bacigalupo es un policía retirado que tuvo bajo su custodia los cuadernos cuya redacción se atribuyó a Centeno, y fue quien se los entregó a un periodista del diario La Nación que luego los llevaría al fiscal Stornelli.

En Bacigalupo comenzó el circuito conocido como "Cuadernos", que luego se transformó en una causa a cargo del juez Claudio Bonadio, por la que luego estuvieron detenidos decenas de exfuncionarios y empresarios y por la que fue procesada la Vicepresidenta.

El peritaje oficial que confirmó que en los cuadernos de Centeno había letras de distintas personas -tal como había denunciado el empresario Loson- fue también realizado por la División de Scopometría de la Policía Federal.

El acto se realizó en el memorial ubicado frente al ingreso a la Base Naval marplatense. Marta Vallejos, hermana de una de las víctimas del naufragio de 2017, fue una de las oradoras y destacó "el juramento que impulsó a los 44 a embarcarse en su travesía sin dudarlo".

Marta Vallejos, hermana del suboficial primero Celso Vallejos, una de las víctimas del naufragio de 2017, fue una de las oradoras y destacó "el juramento que impulsó a los 44 a embarcarse en su travesía sin dudarlo".

Subrayó además el "inmenso sacrificio que hicieron por el país" los submarinistas, quienes "en acto de servicio entregaron su vida".

"Recordamos a aquellos 44 corazones que siguen presentes en nuestra memoria. Prometemos recordar y mantener vivo su legado. Aunque el tiempo pase, su memoria vive entre nosotros", aseguró la hermana del tripulante.

Durante la ceremonia, las concejales Marina Sánchez Herrero y Marianela Romero entregaron además simbólicamente al Guillermo Tibaldi, excomandante del ARA San Juan, la ordenanza que establece el 25 de octubre como fecha conmemorativa en el partido de General Pueyrredón de la última zarpada del buque, desde su muelle natural en la Base Naval marplatense.

En la ceremonia, Francisco Gallardo, padre del suboficial principal Javier Alejandro Gallardo, otro de los fallecidos, descubrió una placa obsequiada por la Agrupación Cultural Marplatense Macacha Güemes.

El ARA San Juan naufragó el 15 de noviembre de 2017 en el Atlántico Sur, mientras participaba en maniobras de detección de pesca ilegal en viaje de regreso hacia Mar del Plata.

El casco hundido del buque fue hallado un año más tarde a más de 900 metros de profundidad, frente a las costas de la provincia de Santa Cruz.

La primera audiencia de este juicio se iniciará a las 9 horas y se desarrollará los días martes y miércoles en semanas consecutivas hasta su finalización donde está previsto que declaren 90 testigos, entre prefectos, policías, peritos y miembros de la comunidad mapuche en la ciudad de General Roca de Rio Negro.

Los cinco efectivo que actuaban bajo las órdenes de la entonces ministra de seguridad Patricia Bullrich, llegan a juicio imputados por la fiscalía como coautores de homicidio por exceso en la legítima defensa, aunque la Secretaría de Derechos Humanos (SDH) buscará probar durante el juicio que "se trató de un homicidio calificado, dado que no hubo legítima defensa por parte de los prefectos".

La SDH, que se constituyó en marzo del 2021 como parte querellante en la causa, acusa a los prefectos de haber asesinado a Nahuel luego de una persecución montaña arriba en la cual "dispararon decenas de municiones de plomo, cuando los miembros de la comunidad que se buscaba desalojar ya habían abandonado el terreno bajo custodia", informaron desde la cartera que conduce Horacio Pietragalla Corti.

Además destacaron que la Secretaría se constituyó como querellante "en 16 causas de violencia institucional" con un criterio de "litigio estratégico para instar y visibilizar las consecuencias penales que implica que miembros de fuerzas de seguridad utilicen sus armas para asesinar ciudadanos y ciudadanas por fuera de la ley", y de esta forma intentar "evitar la repetición de estos hechos".

“Entendemos la violencia institucional como un problema grave de nuestra democracia. Pero mientras hay gobiernos que aplauden a funcionarios que actúan violando los derechos humanos, la SDH asume el compromiso de tomar los pilares históricos que sustentan nuestra lucha: la memoria, la verdad y la justicia”, reflexionó Pietragalla Corti, en la previa del juicio.