El juez recordó que el fiscal Stornelli se había presentado como querellante en el expediente, invocando que "en los dispositivos secuestrados al imputado Ariel Zanchetta había, presuntamente, informes de inteligencia vinculados a él", según se indica en una resolución tomada por el magistrado.

La participación como querellante del fiscal en la investigación marca para Martínez De Giorgi "la imposibilidad de que Carlos Stornelli pueda actuar en calidad de fiscal de la causa".

"El rol de querellante pretendido por el Dr. Stornelli resulta incompatible con la función de titular de la acción penal recientemente asignada a la Fiscalía a su cargo, contradicción que podría implicar una afectación al principio de imparcialidad en su actuación como fiscal en concreto en esta causa", argumentó el juez en su decisión y difundida por fuentes judiciales.

El fiscal Stornelli le respondió pocas horas más tarde con una apelación en la que manifestó su "asombro" y aseguró que "el fallo puesto en crisis reviste una extrema gravedad institucional, pues avasalla -quizás como nunca antes se vio- la autonomía del Ministerio Público Fiscal".

Stornelli sostuvo que, con su decisión, el juez se erigió "en una suerte de alzada o superintendencia de los magistrados fiscales, decidiendo, por un imperio que se atribuyó pero que no existe, cuál es el fiscal que debe representar al órgano acusador, y cuál no".

"Uno de los ejes de la decisión sería, como se dijo, la existencia de archivos vinculados al suscripto, dentro del material extraído de los dispositivos incautados. Llamativamente, se omite señalar en el fallo que idéntica situación se habría presentado en relación a Vuestra Señoría", contraatacó el fiscal.

Stornelli había sido designado el miércoles pasado para intervenir en la causa en la que se investiga el supuesto espionaje a jueces, en la que se excusó su colega Gerado Pollicita, cuando Martínez De Giorgi decidió incorporar al expediente una denuncia contra el diputado nacional Rodolfo Tailhade.

Para excusarse, Pollicita refirió que en 2018 Tailhade publicó una serie de posteos en la entonces red social Twitter vinculados a su persona, con su fotografía y ello derivó en la decisión de excusarse en todas las causas que se vincularan al diputado nacional.

Una de estas investigaciones se inició por una denuncia contra Tailhade presentada por el exministro de Justicia y Seguridad porteño Marcelo D'Alessandro, a raíz de la difusión por parte del diputado del contenido del chat de un grupo de Telegram, obtenido por el hackeo del teléfono celular del entonces funcionario.

Por este caso, Tailhade fue imputado por Martínez de Giorgi y además fue dejado cesante el subdirector general de Servicios al Contribuyente de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), Néstor Fabián Rodríguez.

A través de un escrito presentado ante la Justicia, De Pedro solicitó al juez De Giorgi "poder ejercer la acción penal en el rol de querellante hasta su finalización", dentro de la causa que investiga el fiscal Gerardo Pollicita, informaron fuentes del Ministerio del Interior.

"En virtud de trascendidos periodísticos que consignan que sería una de las víctimas del espionaje ilegal a funcionarios de los tres poderes del Estado, dirigentes políticos, empresarios y periodistas, he solicitado constituirme como querellante en la causa que investiga estos hechos", escribió por su parte De Pedro en su cuenta de la red social X.

Según esos trascendidos periodísticos, en la causa existen 1.196 informes de "inteligencia" secuestrados al expolicía Ariel Zanchetta, en lo que figuraría información de funcionarios judiciales y de políticos, que van desde los candidatos a presidente Sergio Massa y Javier Milei, hasta el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof; y el diputado nacional Máximo Kirchner, además de dirigentes de la oposición como Jorge Macri, Diego Santilli y Julio Garro.

Tanto Porcaro, como Ubeira y Bouzat, coincidieron en la acusación hacia el falso abogado que es investigado por espionaje ilegal y extorsión y hablaron de "persecusión" hacia ellos y su familia.

"Yo fui perseguido años por estos señores, tuve que soportar vejamen a mi familia", sostuvo el primer testigo, Roberto Porcaro, ante el Tribunal Oral Federal 8, al declarar en los tribunales de Comodoro Py 2002.

Porcaro fue una de las víctimas del espionaje ilegal que se atribuye a D'Alessio y otros acusados y al hablar bajo juramento de verdad ante los jueces sostuvo que el objetivo de lo hecho contra su persona fue el desprestigio político y su detención.

"No recibí nada extorsivo. Conmigo se trabajó para lograr detenerme. En mi vida me allanaron mi casa, se apuntaba a un desprestigio político, ahí se mezclaba el tema de Cambiemos con el kirchnerismo", explicó al recordar su amistad con el fallecido ex presidente Néstor Kirchner.

"Yo fui perseguido años por estos señores, tuve que soportar vejamen a mi familia"

Durante la audiencia se exhibieron fotos tomadas con un drone al barrio donde vivía en la localidad bonaerense de Canning y secuestradas en allanamientos al falso abogado.

Porcaro recordó que conocía a D'Alessio ya que coincidían en la puerta del jardín de infantes donde iban niños de sus familias entre 2007 y 2008 en Canning.

"Cada vez que nos encontrábamos me pedía una reunión con el ministro (Julio) De Vido o me decía 'me conectás con el Presidente'", recordó.

"Yo trabajaba con el doctor Néstor Kirchner", recordó Porcaro, "tenía una gran amistad y armé el espacio Compromiso K a pedido de Néstor Kirchner, que terminó siendo La Cámpora", contó en la sala de audiencias del subsuelo de Comodoro Py 2002.

El testigo dijo que se cruzaba a D'Alessio cuando buscaba en el jardín de infantes a la hija de su esposa y que el falso abogado "siempre andaba con diferentes autos de alta gama, en la puerta del colegio, uno diferente cada 20 días", graficó.

Porcaro refirió cómo empezó la "persecución" contra su persona, durante el gobierno de Cambiemos.

"Había notas periodísticas, me relacionaban con Lázaro Báez, salía en Clarín sistemáticamente. La persecución que generó D'Alessio, lo que tenía en sus carpetas, era lo que publicaban", dijo ante los jueces Sabrina Namer, Gabriela López Iñiguez y Nicolás Toselli.

"Decían que yo tenía cuentas en el exterior, nunca tuve. Hicieron una mezcla en la persecución", enfatizó luego que la fiscalía le preguntó sobre un archivo hallado en computadoras de D'Alessio titulado "Quién es Roberto Porcaro" que contenía información sobre temas personales, como su apodo o actividades de su familia.

Durante la jornada también declaró como testigo el abogado José Manuel Ubeira, querellante en la causa en relación a una cámara oculta que D'Alessio habría intentado hacer en su contra para perjudicarlo en su rol de abogado defensor de un ex funcionario en el marco del llamado caso "Cuadernos".

"Conmigo se trabajó para lograr detenerme. En mi vida me allanaron mi casa, se apuntaba a un desprestigio político"

"Uno se siente que está frente a una parodia de juicio. No por ustedes (en relación al Tribunal) sino por la justicia federal que está en esta casa", dijo Ubeira sobre el fuero que funciona en Comodoro Py.

El abogado evaluó que "D'Alessio no se explica sino es a presión del (fiscal federal Carlos) Stornelli para que me hiciera una cámara oculta".

"El fiscal le pide a D'Alessio y él se compromete a hacerlo", dijo Ubeira luego de recordar cómo actuaba el acusado. "Aparecía este señor a cambio de unos pesos con la solución mágica" luego de que se hacía aparecer a la víctima "en la tapa de un diario"

"Algún funcionario nacional garantizaba el conocimiento, en el caso, Patricia Bullrich", dijo Ubeira en relación a la actual candidata a presidenta por Juntos por el Cambio y ex ministra de Seguridad del macrismo

Ubeira dijo al Tribunal que ante los hechos que sucedieron dejó de pensar que D'Alessio era "un loquito suelto".

Durante la audiencia se mostraron transcripciones de conversaciones recuperadas de teléfonos celulares del falso abogado y en una de ellas con el fiscal Stornelli a través del sistema de mensajería WhatsApp se hacía alusión al pedido para realizar a Ubeira la cámara oculta.

"Se me arma un quilombo con Patricia B", escribió D'Alessio al hablar sobre la posibilidad de pedirle la cámara oculta al entonces abogado del arrepentido Leonardo Fariña, Rodrigo González.

Ubeira dijo al Tribunal que "P B claramente es Patricia Bullrich, no tengo ninguna duda de eso".

El tercer testigo de la jornada fue el abogado Gabriel Bouzat, ex socio del juez de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Carlos Rosenkrantz, ambos víctimas del espionaje ilegal por parte de la asociación ilícita juzgada.

En su caso, en poder del falso abogado se encontraron registros de sus salidas y entradas al país durante una década.

"Algún funcionario nacional garantizaba el conocimiento, en el caso, Patricia Bullrich"

El abogado recordó que lo citó el primer juez que llevó la causa, el federal Alejo Ramos Padilla. "Me mostraron documentos de entradas y salidas desde 2016 para atrás diez años", recordó.

Bouzat refirió que nunca se le hizo ningún pedido extorsivo "aunque siempre a uno lo afecta, moralmente, es daño moral. Es información reservada del Estado que circula indebidamente".

En el juicio están acusados D'Alessio, los ex comisarios Ricardo Bogoliuk y Aníbal Degastaldi, el ex espía Rolando Barreiro; Mariano Díaz, que actuaba como supuesto guardaespaldas del falso abogado- y también se juzga a los empresarios Aldo Eduardo Sánchez, Pablo Leonardo Bloise y Marcelo Patricio González Carthy de Gorriti, en relación a las maniobras de lavado de dinero.

El Tribunal está integrado por las juezas Gabriela López Iñiguez, Sabrina Namer y el juez Nicolás Toselli y el fiscal es Marcelo Colombo.

El detenido está en la cárcel de Ezeiza procesado por integrar una asociación ilícita que se dedicaba, entre otras actividades, a recabar información de modo ilegal para luego extorsionar a sus víctimas e interferir en expedientes judiciales.

El máximo tribunal penal federal del país reiteró su directiva para que el debate oral se desarrolle con "celeridad" ante el Tribunal Oral Federal 8, que comenzó a juzgar a D'Alessio el 12 de septiembre pasado, según la resolución a la que tuvo acceso Télam.

La defensa oficial del detenido insistió con la excarcelación o el arresto domiciliario y remarcó que el Tribunal Oral fijó audiencias una vez por semana, los martes, y convocó a más de 150 testigos, con lo cual el debate duraría al menos un año.

Los camaristas de la sala II de Casación Guillermo Yacobucci, Angela Ledesma y Gustavo Hornos reiteraron su directiva para que "el Tribunal imprima celeridad al desarrollo del debate".

D'Alessio está detenido desde el 15 de febrero de 2019 en esta causa y ya fue condenado a cuatro años de prisión por el intento de extorsión a un empresario, Gabriel Traficante, en el que fue el primer juicio oral en su contra.

Casación ratificó su prisíón preventiva por riesgos procesales ante "los contactos y recursos" con que podría contar

D'Alessio es juzgado junto a otros ocho acusados en la causa que investigó pedidos de dinero a empresarios y otras víctimas para no involucrarlos en causas judiciales.

El falso abogado está detenido en la cárcel de Ezeiza procesado por integrar una asociación ilícita que se dedicaba, entre otras actividades, a recabar información de modo ilegal para luego extorsionar a sus víctimas e interferir en expedientes judiciales.

El Tribunal está integrado por las juezas Gabriela López Iñiguez, Sabrina Namer y el juez Nicolás Toselli.

A los procesados se los acusa de haber formado parte, desde 2016 hasta febrero de 2019, de una asociación ilícita que "planificó" y, en algunos casos, "ejecutó sin poseer facultades para ello, ni orden de autoridad competente, actividades de investigación, recolección, clasificación, ordenamiento, almacenamiento y análisis de información vinculada a personas, devenir de causas judiciales e integrantes de medios masivos de comunicación", según el requerimiento de elevación a juicio.

Junto al letrado serán juzgados por nueve casos de asociación ilícita y extorsión el suspendido fiscal de Mercedes Juan Ignacio Bidone y el ex comisario bonaerense Norberto Degastaldi.

El Tribunal Oral Federal (TOF) 8 estará a cargo del debate y juzgará a D'Alessio como miembro de una banda que se dedicaba, entre otras cosas, a recabar información de modo ilegal para luego extorsionar a sus víctimas e interferir en expedientes judiciales.

El debate comenzará este martes a las 9.30 en la sala AMIA de los tribunales federales de Comodoro Py, en el barrio porteño de Retiro; tendrá nueve imputados, ocho querellas -una será la de la Unidad de Información Financiera (UIF)- e intervendrá como fiscal a Marcelo Colombo, indicaron a Télam fuentes judiciales.

EL TOF 8 admitió para este juicio unos 148 testigos y postergó para el debate la evaluación de admisibilidad de unos 70 más según surge del expediente judicial al que accedió agencia. Entre los testigos están el principal denunciante, el empresario Pedro Etchebest; el empresario Mario Montoto y Gabriel Bouzat, exsocio del vicepresidente de la Corte Suprema de Justicia, Carlos Rozenkrantz.

El falso abogado llegará al juicio detenido, dado que se encuentra en prisión preventiva desde hace 4 años y 4 meses en la cárcel de Ezeiza, recordaron las fuentes consultadas. D'Alessio, además, fue condenado a 4 años de prisión en otra causa en la que se lo juzgó en 2021 por el intento de extorsión al empresario Daniel Traficante.

En este nuevo debate previsto para mañana serán juzgados también los excomisarios Ricardo Bogoliuk y Aníbal Degastaldi, el exespía Rolando Barreiro; Mariano Díaz, que actuaba de guardaespaldas de D'Alessio, y los empresarios Aldo Eduardo Sánchez, Pablo Leonardo Bloise y Marcelo Patricio González Carthy de Gorriti, acusados por supuesto lavado de dinero.

También se sentará en el banquillo de los acusados el prefecto Franco Pini, desde cuyo usuario se revisaba las bases de Migraciones para obtener de modo ilegal información de distintas personas, como fue el caso Rosenkrantz.

Uno de los hechos imputados tiene que ver con delito de lavado de dinero a partir de la existencia de un grupo de WhatsApp llamado "Buenos Aires", por medio del cual varias personas coordinaban acciones para colocar fondos de origen ilícito en cuentas off-shore.

A los acusados de les achaca haber formado parte, desde 2016 hasta febrero de 2019, de una asociación ilícita que "planificó" y, en algunos casos, "ejecutó sin poseer facultades para ello, ni orden de autoridad competente, actividades de investigación, recolección, clasificación, ordenamiento, almacenamiento y análisis de información vinculada a personas, devenir de causas judiciales e integrantes de medios masivos de comunicación", según el requerimiento de elevación a juicio.

El debate oral está a cargo de las juezas Gabriela López Iñiguez, Sabrina Namer y del juez Nicolás Toselli.

La investigación fue abierta en la Justicia Federal de la ciudad bonaerense de Dolores, a cargo del ahora juez de La Plata Alejo Ramos Padilla. Sin embargo, tras una orden de la Cámara Federal de Casación, el expediente pasó luego a los tribunales de Comodoro Py, donde recayó en manos del magistrado Julián Ercolini.

Este último fue quien envió la causa de manera parcial a juicio sobre la base de un pedido hecho por el fiscal de Dolores, Juan Pablo Curi.

La Cámara Federal de Casación rechazó la semana pasada la posibilidad de excarcelar a D'Alessio y encomendó al Tribunal llevar adelante el juicio con "celeridad".

El primer caso que se juzgará corresponde a los hechos denunciados por el empresario Pedro Etchebest, cuya presentación dio curso a la investigación y a quien se le habría exigido el pago de 300.000 dólares para no involucrarlo en el llamado "caso Cuadernos".

Otro hecho que se ventilará en el juicio tiene como víctima a Gonzalo Brusa Dovat, ex director de la empresa Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA) en la Argentina, "a quien, mediante acciones de coacción, que importaron tareas de recolección de información previa a su respecto, se lo obligó a prestar testimonio en diversas entrevistas periodísticas y declaración testimonial en la sede de la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional Federal 4, a cargo del fiscal federal Carlos Stornelli", en 2019.

Además se juzgará el hecho que tuvo por víctima a Diego Vestillero, que fue blanco de "acciones intimidatorias y extorsivas" en julio de 2016, además de "exigencias de dinero y amenazas con publicaciones en medios de prensa", para obligarlo a " entregar documentación de contenedores relacionados con la firma Fox Cargo S.A.", de la cual era directivo.

Entre los querellantes también estará el abogado José Manuel Ubeira, contra quien D'Alessio, "en el marco de la asociación ilícita", habría planificado "una cámara oculta con el propósito de vincularlo, a través de algún tipo de ardid y una metodología similar a la del agente provocador, en una posible maniobra delictiva que pudiera ser encuadrada como "extorsión en grado de tentativa a un fiscal federal".

El fiscal José Luis Agüero Iturbe sostuvo que los sobreseimientos fueron prematuros, que deben ser revocados y que existen en el expediente elementos que acreditan conexiones entre la excúpula del SPF y los exjefes de la Agencia Federal de Inteligencia macrista, Gustavo Arribas y Silvia Majdalani, por lo que corresponde seguir investigando.

El fiscal lo expresó a través de un memorial de 13 páginas -al que accedió Télam- con el que mantuvo la apelación formulada por su colega de primera instancia, Franco Picardi, quien había solicitado que se revocaran los sobreseimientos dictados por el juez Marcelo Martínez de Giorgi.

En su fallo, el juez Martínez de Giorgi no había descartado que hubieran existido maniobras de espionaje ilegal pero desvinculó de los hechos investigados a los ex agentes y la ex cúpula del SPF y las atribuyó a la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) que, a su entender, actuó con el "beneplácito" del juez federal de Lomas de Zamora Federico Villena, el primero que estuvo a cargo del caso.

Los beneficiados por aquel fallo fueron el extitular del SPF Emiliano Blanco; el extitular de la Dirección principal de Análisis de la Información del Servicio Penitenciario Federal, Cristian Suriano, y un grupo de agentes de distinta jerarquía que trabajaban por debajo de ellos.

De acuerdo al fallo de Martínez de Giorgi, en la causa habrían intervenido testigos -los hermanos Segura, que en un principio actuaron con identidad reservada- que fueron preparados o guionados para endilgar la responsabilidad por el espionaje ilegal a miembros del SPF cuando en realidad las maniobras podrían haber sido realizadas por la AFI que entonces conducían Gustavo Arribas y Silvia Majdalani.

Al referirse a esa prueba, el fiscal Agüero Iturbe sostuvo que "ambos expusieron sobre hechos desarrollados en el ámbito en el que se desempeñaban" y que "las modalidades del accionar de los agentes involucrados solo anuncian las desprolijidades sobre el cómo se conducían, extremo que justifica que supieran cuanto estaban informando ya sea por haberlo visto y/o escuchado".

"Las contradicciones en las que puede caer un testigo hacen a la valoración probatoria y no a la nulidad del acto. En todo caso nos enfrentamos a un estado de incertidumbre sobre lo que aconteció en realidad que en atención al estado de la encuesta no puede ser zanjado mediante el principio in dubio pro reo", sostuvo el fiscal en referencia al estado de duda que beneficiaría al imputado.

"Entonces, -continuó- si las declaraciones no son nulas, pero si, por hipótesis, de escasa valoración para ser tenida como prueba de cargo, los sobreseimientos no se ajustan a derecho. Esto en cuanto la presencia de elementos probatorios suficientes que permiten continuar con la dilucidación de los acontecimientos ante el resultado de las distintas medidas desarrolladas que responden, como se verá en el punto siguiente, a un cauce de investigación diferente".

"El sobreseimiento de los imputados, aún frente a la peregrina hipótesis de la convalidación de la nulidad por esa Alzada, no puede prosperar por la existencia en el caso de una línea de investigación independiente. En paralelo a las declaraciones testimoniales y con anterioridad a estas, se desarrolló otro andarivel investigativo", sostuvo.

"De las medidas que fueron consecuencia a modo causa efecto, y que no fueron invalidadas, surgieron elementos que permitió la vinculación a los hechos de Juan Carlos Rubén Silveira y Cristian Lionel Suriano", remarcó el fiscal que, párrafos más abajo, escribió: "Considero que no puede obviarse las conexiones entre Arribas, Majdalani, Blanco y Suriano".

"Entiendo que no receptar la postura de este Ministerio Público Fiscal, en la instancia procesal en la que nos encontramos y frente a las circunstancias ya relatadas, deviene en una renuncia a la averiguación de la verdad como finalidad del proceso", escribió el fiscal en el escrito que ahora deberá ser analizado por los jueces de la Cámara Federal Mariano Llorens, Pablo Bertuzzi y Eduardo Farah.

La presidenta del Instituto de Cultura bonaerense, Florencia Saintout, destacó en la red social X (Twitter) que la decisión de la Sala II del Tribunal de Apelaciones es "un fallo que no sorprende" y consideró que la "Cámara está colonizada por el macrismo".

"Aunque ninguna prueba alcance, los y las platenses tenemos que seguir pidiéndole explicaciones al intendente Julio Garro", uno de los beneficiados por la nulidad.

Las expresiones de la funcionaria bonaerense aparecieron luego de que se hiciera público que el Tribunal declaró la nulidad de los procesamientos del exministro de Trabajo bonaerense Marcelo Villegas y otros seis exfuncionarios de la gestión de la gobernadora María Eugenia Vidal.

En el fallo se calificó como una "endeble investigación" con "falencias" y solicitó que se deberá "enderezar" el juzgado a cargo de la investigación para luego dictar "un nuevo pronunciamiento donde se realice un análisis integral de la prueba existente con aquella que se indicó resta efectuarse", según la resolución a la que tuvo acceso Télam.

También cuestionó el fallo el secretario general de la Central de Trabajadores de la Argentina, el diputado nacional Hugo Yasky, quien lo calificó de "vergonzoso".

"La Cámara Federal en modo podredumbre total absolviendo escandalosamente a los responsables de la Gestapo Sindical", dijo.

La diputada provincial Susana González indicó que "no se puede decir que los agentes de la AFI hayan hecho inteligencia dicen los amigos (Mariano) Llorens y (Pablo) Bertuzzi", en referencia a los jueces que votaron a favor de la nulidad.

En esa línea, la legisladora indicó que "es normal que participen de reuniones de trabajo".

Sobre la decisión del tribunal también se expresó la ex gobernadora María Eugenia Vidal quien, por el contrario, indicó que "cuando no tenés nada que ocultar y las pruebas demuestran que diste las batallas que había que dar, la justicia acompaña".

"Ahora, una vez más, es el Pata Medina el que tiene dar explicaciones. Nosotros vamos a seguir peleando por un país en el que los delincuentes estén presos, sea quien sea", indicó la dirigente opositora.

El fallo se desprende de la investigación por una reunión en la sede porteña del Banco Provincia -que fue filmada-, en la cual se habría tramado un "plan" para encarcelar en 2017 al sindicalista Juan Pablo "Pata" Medina, en la causa conocida como "mesa judicial bonaerense".

Llorens y Bertuzzi sostuvieron que "se dotó al contenido de la filmación una serie de significaciones que derivaron en una imputación que devino prematura e inconexa no sólo con el plexo probatorio existente al momento de decidir, sino también con los aportes que habrían realizado las personas involucradas en el proceso"

En minoría, el camarista Eduardo Farah votó por confirmar los procesamientos de Villegas, Diego Dalmau Pereyra, Adrián Grassi, Julio Garro, Juan Allan, Juan De Stéfano y Dario Biorci por los delitos de ejecución de tareas de inteligencia criminal sin orden judicial e incumplimiento de deberes de funcionario público por omisión de denunciar en la forma debida.

Farah también votó en minoría por confirmar la falta de mérito para procesar o sobreseer a otros imputados, Roberto Gigante, Marcelo Jaworski, Ricardo Alconada Magliano, Guillermo Moretto, Jorge Del Río, Fabián Cusini y Bernardo Zaslascky.

Los procesamientos habían sido resueltos por el juez federal de La Plata Ernesto Kreplak, pero la causa quedó luego radicada en los tribunales federales de Retiro, a cargo del magistrado Marcelo Martínez De Giorgi.