Bajo el lema “las Malvinas son argentinas, la industria nacional también”, la marcha finalizó con discursos de cada uno de los miembros del triunvirato de la conducción: Cristian Jerónimo, Jorge Sola y Octavio Argüello.

El jueves próximo, la CGT se sumará a la quinta Marcha federal Universitaria hacia Plaza de Mayo, en la que confluirán con las otras dos CTA y organizaciones estudiantiles, políticas y sociales. 

Poco antes del inicio de la marcha, la central obrera publicó un documento en el que aseguró que el Gobierno Nacional lleva adelante un modelo político, económico y social "monitoreado" por el Fondo Monetario Internacional (FMI), "en función de intereses que no son los nuestros".

"Están destruyendo el sistema productivo nacional, sobre todo el de las pequeñas y medianas empresas, con aumento de la desocupación, deterioro de los ingresos y de las condiciones laborales, brutal caída del consumo interno y signos claros de recesión; alta presión impositiva, desplome de la inversión, falta de financiamiento y costos desmedidos de los servicios públicos", manifestó la CGT.

En la misma línea, explicaron que las consecuencias del plan de ajuste implementado por el Gobierno Nacional "son claras y están a la vista", debido a que la situación social es "angustiante" con un aumento notable en la "pobreza y la marginalidad".

Asimismo, indicaron que "cientos de miles de hogares" sufren, actualmente, "carencias alimentarias severas" y que la mayoría de las familias de clase media mantienen deudas que disparan "graves alarmas en materia de salud mental".

"Hay jubiladas y jubilados en condiciones de precariedad existencial que no pueden comprar siquiera sus medicamentos; personas con discapacidad sin atención; desfinanciamiento del sistema de salud, del sistema educativo, de la investigación científica, de la obra pública, de la infraestructura vial y del transporte. En definitiva, un deterioro general de la calidad de vida de la población que pone en riesgo la paz y la convivencia", aseguraron. 

En otro orden, señalaron que la movilización de este jueves se realizó con el fin de "visibilizar" la realidad del sector productivo y "alertar sobre la difícil situación que atraviesa", sobre todo en las las PyMEs, que son "el principal sostén del empleo". 

"Frente a estas propuestas del 'sálvese quien pueda', proponemos otra idea de sociedad, donde la dignidad del trabajo, como experiencia solidaria de intercambio y colaboración, siga siendo una construcción colectiva a favor del bien común y del desarrollo personal y familiar, en el marco de una comunidad integrada. Porque no hay libertad sin Justicia Social", concluyeron. 

Por su parte, en su discurso, Jerónimo sostuvo que el Gobierno debe "cambiar su estrategia de modelo económico" porque lo único que hace "es expulsar a los argentinos hacia la pobreza" y "agudizar su situación": "Tenemos la obligación de estar unidos", agregó.

"Y estamos acá en honor al Papa Francisco y a su legado, que nos decía que defendamos los derechos y que cuidemos la casa común. Por eso estamos acá, porque creemos en un país distinto, tenemos una identidad, tenemos clase media, conocemos lo que es la justicia social y la movilidad social ascendente y queremos la felicidad de nuestra familia", indicó. 

Posteriormente, sostuvo que los argentinos "no podemos permitir que se lleven los recursos de nuestra patria" y le exigió a los dirigentes que "se dejen de mirar el ombligo y sean responsables" para representar los intereses de la mayoría.

Estuvo también Pablo Moyano y habló ante la prensa con tono crítico tanto hacia el peronismo como ala misma CGT y reclamó mayor presencia en las calles; además, anticipó que participará de la movilización universitaria del próximo 15 de octubre, y de todas las convocatorias que sean "en defensa de la soberanía nacional, de los derechos de los trabajadores y de los jubilados”.

Sobre el escenario y mezclado con el resto de los sindicalistas, estuvo el ex presidente Eduardo Duhalde.

Además de los tres secretarios generales, asistieron referentes de la CGT como Héctor Daer (Sanidad), Armando Cavalieri (Comercio), Gerardo Martínez (UOCRA), Andrés Rodríguez (UPCN), José Luis Lingeri (Obras Sanitarias), Maia Volcovinsky (Judiciales), Juan Carlos Schmid  (CATT/Dragado y Balizamiento), Daniel Mallotti (Aduana); Mariano Vilar (Conductores navales); Juan Pablo Brey (Aeronavegantes), Graciela Aleñá (Viales); Roberto Coria (Guincheros) y Mario Preiss (Caucho), entre otros. 

Cavalieri expresó, a poco de terminada la marcha, que “esta jornada fue una nueva demostración de unidad, compromiso y participación del movimiento mercantil, acompañando activamente los reclamos de los trabajadores y defendiendo el derecho a un futuro con más oportunidades, trabajo digno y crecimiento para todos”. 

Diputados kirchneristas impulsan un régimen integral para frenar la ciberludopatía en jóvenes. La iniciativa contempla duras sanciones a plataformas, restricciones publicitarias y la creación de fondos para salud mental y clubes de barrio.

Bajo la premisa "Las apuestas no son un juego", la iniciativa busca fijar un marco de control sobre el funcionamiento, el acceso, la publicidad, la promoción y el patrocinio de las plataformas de juego virtual y apuestas deportivas que operan en territorio bonaerense.

La urgencia del debate parlamentario se sustenta en los preocupantes datos revelados por un reciente estudio de la SEDRONAR (Secretaría de Políticas Integrales sobre Drogas de la Nación Argentina):

26,2% de los estudiantes secundarios del país participó en apuestas con dinero durante el último año.

22% de esa cifra corresponde a alumnos de escuelas de la provincia de Buenos Aires.

El informe advierte sobre las graves secuelas vinculadas a esta adicción en edades tempranas, tales como el endeudamiento familiar, problemas de salud mental y la caída en el rendimiento escolar.

La propuesta prevé un esquema de control y sanciones para aquellas plataformas que incumplan la normativa, así como límites estrictos al patrocinio en eventos deportivos y medios. Además, los recursos económicos generados por la actividad se destinarán a financiar políticas públicas mediante dos fideicomisos:

"Tenemos que ponerle un freno a los poderosos"

Durante el acto realizado en el Salón de los Pasos Perdidos del Palacio legislativo, el diputado Facundo Tignanelliremarcó la postura política del proyecto: "Sabemos los intereses a los que nos estamos enfrentando; creemos que es un daño que están haciendo las empresas y por eso tenemos que ponerle un freno. Si el Estado y la política no están para pararse de manos contra los poderosos y defender a aquellos que hacen el bien por la gente, no tienen ningún sentido de existencia".

A su turno, la diputada Micaela Olivetto alertó sobre el impacto social en las familias: "Es necesario generar una herramienta que controle y regule esta actividad que tiene consecuencias como la de romper relaciones familiares y le está haciendo mucho daño a los pibes y las pibas de nuestra provincia, acrecentado por el contexto económico que vivimos hoy".

“No puede ser que al Islam se lo tilde de terrorista. No puede ser. Es increíble. Esto es una ofensa”, agregó el referente y pidió que quienes difunden ese tipo de acusaciones “lean los libros de religión” para conocer las diferencias y puntos en común entre el Islam, el cristianismo y el judaísmo.

En ese sentido, Assad destacó la tradición de diálogo interreligioso de su institución y recordó que la comunidad musulmana comparte espacios sociales y educativos con personas de distintas religiones. “Nos hemos criado acá en nuestro barrio con la colectividad judía. Hemos nacido, crecido, estudiado, trabajado juntos. No sé qué es lo que quieren generar con todo esto”, sostuvo.

“Le pido a Dios que no venga un loco que confunda la religión islámica con terrorismo y que quiera hacer un atentado contra estas instituciones, porque eso no lo tienen en cuenta” , advirtió.

Acto seguidl, rechazó además que la comunidad musulmana pueda ser utilizada para desviar la atención de los problemas económicos y sociales del país. “Si le preguntamos a toda la gente que sufre hambre, que no llega a fin de mes, que no le alcanzan los salarios, entonces esto es fácil de entender”, planteó.

Por otra parte, el presidente de la Asociación Árabe Argentina Islámica vinculó la expansión de los discursos contra el Islam con un fenómeno internacional y señaló que, a su entender, “después de la caída del Muro de Berlín se eligió al Islam como enemigo de la humanidad” .

En ese marco, mencionó la posibilidad de que Estados Unidos, Israel y otros países formen parte de ese proceso, aunque presentó esa interpretación como una apreciación personal.

Finalmente, reivindicó el principio de respeto a la vida presente en el Islam y afirmó: “Matar a una persona sin motivo es como si hubiesen matado a toda la humanidad y salvar una vida es como haber salvado la vida de toda la humanidad. No somos nosotros los que buscamos el conflicto”.

La economista Marina Dal Poggetto advirtió sobre un agujero financiero de US$23.300 millones para 2027, mientras crecen las dudas de los inversores. En paralelo, el secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent, dejó abierta la posibilidad de otro auxilio económico al Gobierno libertario.

En un informe publicado en el IAE Business School, Dal Poggetto explicó que las necesidades de financiamiento aumentaron considerablemente respecto de junio, cuando el Gobierno calculaba un faltante de US$9.300 millones. La economista vinculó el deterioro con la menor disponibilidad de dólares del Tesoro, las dificultades para colocar deuda y las modificaciones en las previsiones de financiamiento internacional. A esto se sumó la decisión oficial de pausar la emisión del bono AO29, en un contexto de tasas elevadas y mayores exigencias de los acreedores.

El problema central aparece en la disponibilidad de dólares para cumplir los compromisos externos. Si bien el Banco Central realizó compras de divisas durante 2026, el ritmo se desaceleró en los últimos meses, mientras el Tesoro volvió a utilizar recursos propios para pagar deuda. Según el análisis de Dal Poggetto, la acumulación de reservas pasó de US$9.500 millones hasta agosto a US$7.000 millones a fines de septiembre, una dinámica que complica el objetivo oficial de garantizar los pagos sin depender nuevamente del financiamiento externo.

Cabe recordar que el propio secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent, había respaldado públicamente a Milei y dejó abierta la puerta a una nueva intervención financiera. “¿Podríamos volver a hacerlo? Claro”, afirmó durante una entrevista con Axios. El funcionario defendió el auxilio otorgado en 2025, cuando Washington puso a disposición una línea de swap por US$20.000 millones y realizó compras de pesos argentinos para contener las tensiones cambiarias. Sin embargo, sus declaraciones no constituyeron un anuncio de nuevos desembolsos ni establecieron condiciones para una eventual asistencia.

La posibilidad de otro respaldo de Estados Unidos cobra relevancia ante las dificultades que enfrenta el Gobierno para conseguir financiamiento a tasas sostenibles. Dal Poggetto advirtió que el discurso oficial pasó de presentar un programa financiero cerrado, sin necesidad de recurrir a los mercados internacionales, a exhibir un respaldo potencial de US$75.000 millones que incluye líneas de liquidez y otras fuentes de financiamiento. Mientras Caputo insiste en la solidez del esquema económico, la discusión vuelve a concentrarse en una pregunta decisiva para 2027: de dónde saldrán los dólares necesarios para afrontar la deuda argentina.

En línea con un pedido de la Unidad Fiscal de Derechos Humanos de Resistencia, un informe pericial elaborado por un historiador fue incorporado a la causa por la denominada Masacre de El Zapallar, ocurrida en 1933 en el entonces Territorio Nacional del Chaco y que se investiga como un crimen de lesa humanidad.

El trabajo, realizado por el licenciado y doctor en Historia Alejandro Jasinski, analiza las pruebas reunidas en el expediente y concluye que los hechos no constituyeron un episodio aislado, sino que se inscribieron en un proceso prolongado de violencia contra las comunidades indígenas del Chaco.

La investigación, iniciada en 2014, busca esclarecer lo ocurrido en la entonces Colonia El Zapallar —actual General San Martín—, donde integrantes de la comunidad Moqoit fueron reprimidos por fuerzas policiales y civiles armados cuando intentaban ingresar a la localidad para solicitar trabajo y alimentos.

En la causa, que tiene como antecedente el juicio por la verdad por la Masacre de Napalpí, intervienen los fiscales generales Federico Carniel, Patricio Sabadini y Carlos Amad y los auxiliares fiscales Horacio Rodríguez y Diego Vigay.

El análisis del expediente histórico

El informe de Jasinski realiza un análisis de las pruebas incorporadas a la causa y, en particular, de la investigación judicial realizada en 1924, que contiene los testimonios de una veintena de integrantes de la comunidad indígena que fueron detenidos, entre ellos el cacique Luis Duran.

Según el historiador, “esas declaraciones, tomadas bajo detención, son unánimes: venían a pedir trabajo y comida, no a pelear, tenían herramientas de trabajo y algunas pocas y viejas armas de caza”. También fueron incorporados testimonios de policías y vecinos detenidos durante la investigación de los hechos.

De acuerdo con el informe, el análisis conjunto de esas declaraciones permite reconstruir que  “el accionar represivo fue violento, desordenado, desproporcionado en su capacidad de daño y movilidad, y contó con cierta iniciativa autónoma de civiles, pese a que debían responder a las órdenes del comisario”.

“Es altamente probable que la cifra de víctimas fatales sea elevada”, sostiene el trabajo, que también señala que se desconoce el destino de las personas heridas que no recibieron asistencia, de quienes pudieron morir durante la huida y de quienes pudieron haber fallecido posteriormente.

Jasinski también destacó el contenido del propio sumario instruido por el comisario inspector Francisco Larrey. Al iniciarlo, el funcionario se refirió al “supuesto avance en actitud hostil”, mientras que, al concluirlo, caracterizó lo ocurrido como “una protesta de la tribu por su falta de medios de vida” y no como “un atentado contra las actividades y contra el orden social”.

“El expediente, leído en su conjunto, contiene los elementos que tensionan las hipótesis acusatorias iniciales que buscaban distorsionar los hechos y exculpar a los responsables de la represión, aunque no llegó a ninguna conclusión investigativa relevante ni sanción”, sintetizó el historiador en el informe.

“Una masacre”

En su informe, Jasinski califica los hechos como una “masacre” a partir de las características de la población atacada y de la relación de fuerzas existente. Señala que se trataba de una población civil integrada por mujeres, niños, ancianos y hombres con algunas armas de caza que fue recibida a tiros por policías y civiles armados, “en una relación de fuerzas radicalmente asimétrica y sin que mediara un ataque de las víctimas”.

El informe también analiza la cantidad de personas fallecidas. En ese sentido, advierte que las dos muertes documentadas en el expediente constituyen “un piso, no un techo” y que no existen elementos suficientes para establecer con precisión el número total de víctimas.

“Es altamente probable que la cifra de víctimas fatales sea elevada”, sostiene el trabajo, que también señala que se desconoce el destino de las personas heridas que no recibieron asistencia, de quienes pudieron morir durante la huida y de quienes pudieron haber fallecido posteriormente.

“La policía que investigó el propio suceso dejó documentadas dos muertes, de la misma manera en que en las masacres de Napalpí en 1924 o de La Forestal en el norte de Santa Fe en 1921 se documentaron sólo cuatro, cuando en realidad se trató de números extraordinariamente superiores”, agrega Jasinski.

Despojo, sequía y criminalización

La reconstrucción histórica sitúa los hechos en un proceso de más de medio siglo de ocupación militar, despojo territorial y explotación laboral de las comunidades indígenas del Chaco.

Según el informe, hacia 1912 estaba completada la ocupación de las mejores tierras y los indígenas quedaron forzados a vivir entre chacras y latifundios, imposibilitados de cazar, pescar o recolectar. En ese contexto, el historiador recuerda que un decreto de 1900 obligaba a los indígenas a portar una libreta que acreditara estar al servicio de un patrón y disponía que quienes carecieran de ella serían “capturados y considerados como enemigos”.

De acuerdo con el informe, el análisis conjunto de esas declaraciones permite reconstruir que  “el accionar represivo fue violento, desordenado, desproporcionado en su capacidad de daño y movilidad, y contó con cierta iniciativa autónoma de civiles, pese a que debían responder a las órdenes del comisario”.

Jasinski también detalló que el episodio se dio en un contexto de sequía prolongada que actuó sobre esa estructura de despojo ya consolidada: una población privada de sus medios de subsistencia, empujada a migrar por un territorio cercado, donde su sola presencia fuera de los límites asignados la convertía en sospechosa.

En ese marco, el informe caracteriza a la policía territorial como una fuerza estrechamente vinculada con los intereses de los propietarios locales y señala la participación de civiles armados en la represión.

“En ese sentido, la masacre no fue un incidente aislado”, concluye el historiador, sino un “eslabón de una cadena larga y sistemática de violencia contra las comunidades indígenas chaqueñas”.

El trabajo también reúne antecedentes que, de acuerdo con su análisis, muestran que las prácticas de violencia contra las comunidades indígenas no eran consideradas normales ni aceptables por los distintos actores de la época. En ese sentido, Jasinski menciona el reconocimiento constitucional del Derecho de Gentes, compromisos internacionales asumidos por el Estado argentino como la Convención de Ginebra y las Conferencias de La Haya, distintas denuncias formuladas desde décadas anteriores por funcionarios y representantes de organismos humanitarios. También destaca que, en 1933, medios de comunicación como La Voz del Chaco y La Estampa Chaqueña cuestionaron las condiciones de vida de las comunidades indígenas y reclamaron el cumplimiento de las obligaciones asumidas por el Estado para garantizar su integración pacífica.

La incorporación del informe de Jasinski se suma a los testimonios de descendientes de sobrevivientes, a la declaración de otros historiadores, a la documentación histórica aportada por el Instituto de Investigaciones Geohistóricas (IIGHI) del CONICET Nordeste y a otros trabajos de investigación histórica que se fueron sumando al expediente.

El autor del informe

Alejandro Jasinski es licenciado y doctor en Historia por la Universidad de Buenos Aires, profesor adjunto de la Facultad de Filosofía y Letras de esa universidad e investigador de proyectos Universidad de Buenos Aires, Ciencia y Tecnología (UBACYT) y de Investigación Científica y Tecnológica (PICT) vinculados con la represión y las violencias de Estado en Argentina.

Durante doce años integró equipos de investigación del Programa Verdad y Justicia y de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, donde trabajó en causas por crímenes de lesa humanidad.

Parte de la documentación aportada por el Instituto de Investigaciones Geohistóricas (IIGHI) del CONICET Nordeste. Foto: Unidad Fiscal de Derechos Humanos de Resistencia

Es autor de informes periciales históricos sobre las masacres de Napalpí, ocurrida en Chaco en 1924, y San Antonio de Obligado, en Santa Fe en 1887, presentados ante la Justicia Federal. También investigó la masacre de La Forestal, ocurrida en el norte de Santa Fe en 1921.

En materia de responsabilidad empresarial en delitos de lesa humanidad, es coautor y cocoordinador del informe Responsabilidad empresarial en delitos de lesa humanidad. Represión a trabajadores durante el terrorismo de Estado, publicado por Infojus en 2015.

Asimismo, integró la Unidad Ejecutora de Sentencia del Juicio por la Verdad por la Masacre de Napalpí.

La Masacre de El Zapallar

En 1933, el Territorio Nacional del Chaco atravesaba un período de extrema sequía que agravó las condiciones de hambre y penuria de las comunidades indígenas de la región.

En ese contexto, a principios de septiembre de ese año, partió una peregrinación de aproximadamente 300 personas de familias de la comunidad Moqoit, desde la Reducción Napalpí hasta la localidad de El Zapallar —actualmente General San Martín— para pedir trabajo y alimentos. La peregrinación, a lo largo de 100 kilómetros, estuvo encabezada por el cacique Luis Duran. Durante el trayecto se sumaron pequeños contingentes provenientes de Charata, Quitilipi y Sáenz Peña.

El 7 de septiembre la marcha de familias intentó ingresar a la localidad de El Zapallar, dividida en pequeños grupos de 20 personas. Las mujeres y los niños avanzaban en los primeros lugares de la columna como señal de sus intenciones pacíficas.

Según la reconstrucción histórica incorporada a la investigación, por orden del comisario Francisco Prestera, integrantes de la comisaría local, refuerzos enviados desde Resistencia y civiles armados reprimieron a la columna con disparos de armas de fuego, bajo el argumento de que debían defender a la población ante un supuesto ataque de un “malón”.

Las estimaciones históricas ubican en alrededor de 50 la cantidad de personas indígenas que habrían muerto durante la represión, aunque el informe pericial recientemente incorporado advierte que el número exacto de víctimas no puede determinarse a partir de la documentación disponible.

María del Carmen Abascal Martín, conocida como Maricarmen, murió este miércoles a los 87 años en el hospital Gregorio Marañón de Madrid. Permanecía internada desde el 23 de septiembre, cuando fue desalojada en camilla de la vivienda del barrio de Retiro en la que había vivido durante más de 70 años.

Tras conocerse su muerte, cientos de personas partieron desde la Puerta del Sol y marcharon hasta el Congreso de los Diputados. "Maricarmen vive, la lucha sigue" y "No toleramos ni un desahucio más" fueron algunas de las consignas de la movilización, que estuvo acompañada por un fuerte operativo policial frente al Parlamento. Los manifestantes también realizaron un minuto de silencio en su memoria.

El caso que sacudió a España

Como contó Política Argentina, Maricarmen se había convertido en las últimas semanas en el rostro de una crisis de vivienda que excedía ampliamente su situación personal.

La mujer vivía desde mediados de la década de 1950 en un departamento de la calle Alcalde Sainz de Baranda, bajo un antiguo contrato de alquiler que había pertenecido originalmente a su padre. Después de un prolongado conflicto judicial con la empresa propietaria Urbagestión y varios intentos frustrados de desalojo, el 23 de septiembre la Justicia finalmente ejecutó el lanzamiento. Maricarmen salió del edificio en camilla y fue trasladada directamente al hospital.

Las imágenes provocaron movilizaciones en distintas ciudades y una acampada en la Puerta del Sol. El reclamo dejó rápidamente de concentrarse únicamente en Maricarmen y comenzó a incluir demandas para frenar los desalojos sin alternativa habitacional, congelar los alquileres y establecer mayores regulaciones sobre el mercado inmobiliario.

La presión social llegó también al Gobierno de Pedro Sánchez, que aprobó dos decretos de emergencia con nuevas protecciones para los inquilinos. Sin embargo, ambas normas fueron posteriormente rechazadas por el Congreso: una por 178 votos contra 172 y la otra por 184 contra 166. La derrota profundizó la crisis de la mayoría parlamentaria que sostenía al Ejecutivo.

Un acuerdo que llegó demasiado tarde

En medio de las protestas, Urbagestión finalmente aceptó alcanzar un acuerdo para que Maricarmen pudiera regresar a su vivienda una vez que recibiera el alta. El nuevo contrato tendría una duración de ocho años y el alquiler no podría superar el 30% de sus ingresos.

Pero Maricarmen nunca pudo volver. El Sindicato de Inquilinas confirmó este miércoles su fallecimiento y lamentó que la solución hubiera llegado demasiado tarde. La mujer permanecía hospitalizada desde el mismo día del desalojo.

Su muerte volvió a movilizar a quienes durante las últimas semanas habían convertido su historia en una bandera de la protesta por el acceso a la vivienda. Apenas conocida la noticia, cientos de personas abandonaron la asamblea que mantenían en la Puerta del Sol y caminaron hasta el Congreso.

Allí volvieron a repetir una de las consignas que atravesó las protestas desde el desalojo de Maricarmen: "No toleramos ni un desahucio más".

«¡Vamos a la calle! ¡Vamos a ganar estas elecciones para no permitir que el retroceso vuelva a este país!», expresó el mandatario en su llamado a las bases.

El giro táctico coincidió con la conclusión del recuento de la primera etapa más de 158 millones de electores estuvieron habilitados para votar y la participación resultó de 78,92%, aunque ninguno de los aspirantes superó el 50 % de los votos válidos.

El conteo resultó muy reñido y dejó en evidencia la profunda polarización que atraviesa el país suramericano. Lula da Silva obtuvo el 45,16% del apoyo popular, mientras que Flávio Bolsonaro alcanzó el 47,03% de los votos. La definición quedó entonces para el balotaje del 25 de octubre, según el escrutinio difundido por el Tribunal Superior Electoral (TSE).

A la juventud, al mundo del trabajo y a los sectores que reclaman empleo digno y la posibilidad de estudiar apelan las nuevas piezas audiovisuales. Se trata de un mensaje sin intermediarios, grabado de forma casera, que rompe con los esquemas habituales de la contienda y busca un vínculo más cercano con el público.

Sobre todo, la apuesta se dirige a los votantes más jóvenes, un segmento al que la campaña busca llegar por canales distintos a los medios convencionales y con un registro propio de las redes.

Kassio Nunes Marques, presidente del TSE, ratificó la confiabilidad de las urnas electrónicas y defendió la transparencia del escrutinio.

La Policía Federal, en tanto, confirmó que abrió indagatorias de inteligencia a raíz de denuncias que presentó la Abogacía General del Estado (AGU). Las pesquisas apuntan a posibles maniobras de injerencia externa ocurridas a lo largo de los comicios.

En los barrios periféricos de São Paulo, Río de Janeiro y el Nordeste, la campaña del PT refuerza la presencia de brigadas de agitación. Los equipos en terreno apuestan por la conversación cara a cara para conquistar a quienes aún no decidieron su voto y para contrarrestar la abstención de la primera etapa.

Lula apuesta a la movilización territorial para ensanchar su base de apoyo y frenar lo que describe como la restauración de ese proyecto neoliberal y conservador. Su llamado a las calles busca transformar la energía de la campaña en presencia real en los barrios y en los centros de trabajo durante las semanas previas a la votación.

Ahora, ambos aspirantes salen a disputar los sufragios que no consiguieron en la primera instancia. La brecha estrecha entre las dos fuerzas convierte cada punto de apoyo territorial en un activo decisivo de cara al 25 de octubre, cuando se conocerá el desenlace de la contienda.

Desde la Comuna informaron que esta nueva edición del evento cultural y literario más importante y esperado de la Región se llevará adelante hasta el domingo 11 de octubre e incluirá también la presentación de libros de autores locales, nacionales e internacionales, encuentros con escritores, charlas, talleres y distintas propuestas culturales y artísticas.

Entre los reconocidos escritores, periodistas, artistas y referentes de la cultura que serán parte de la programación 2026 se encuentran Ricardo Gil Lavedra, Claudia Piñeiro, Roberto Caballero, Hugo Alconada Mon, Gonzalo Heredia, Martín Kohan, Elena Santa Cruz, Felipe Pigna, Víctor Hugo Morales, Santiago O’Donnell, Paulo Kablan, y el Gato Silvestre.

También Facundo Pastor, Cecilia Rossetto, Monseñor Lugones, Dolores Reyes, Jorge Asís, Reynaldo Sietecase, Lalo Mir, Esteban Lamothe, Miguel REP, Adrián Puente, Hernán Brienza, María O’Donnell, Juan Leyrado y Pedro Saborido, además de un show de cierre a cargo de Virus.

La iniciativa, promovida a través de la Secretaría de Educación, Ciencia y Tecnología y en articulación con las distintas áreas municipales, llega nuevamente en primavera, con carpas renovadas, nuevas propuestas, y con una presencia récord de invitados y actividades con más de 150 charlas de primer nivel y una variada agenda de actividades libres y gratuitas, tanto para vecinos como para contingentes escolares.

“Estamos muy felices de llevar adelante la décima edición de nuestra querida Feria Internacional del Libro de Almirante Brown, que este año incluirá presencias estelares, charlas, stands con libros y numerosas actividades libres y gratuitas”, sostuvo Mariano Cascallares, quien será el encargado de encabezar el acto inaugural este martes en la Plaza Brown.

Durante los seis días, la feria contará con tres auditorios, uno de ellos especialmente destinado a autores locales, además de un espacio para primera infancia y otro espacio distendido, donde se distribuirán kits sensoriales para acompañar la participación de personas que requieran este tipo de recursos.

Asimismo, habrá un espacio destinado a stands institucionales, con la presencia de organismos de la Provincia de Buenos Aires como el Instituto Cultural, la Dirección General de Cultura y Educación y Ediciones Bonaerenses, además de la UNaB, y Abuelas de Plaza de Mayo.

Al igual que en ediciones anteriores, la feria tendrá también un espacio dedicado al Museo de Malvinas, otro destinado a Ciencia y Tecnología y dos sectores especialmente preparados para los 60 stands de libreros que participarán de esta edición.

Otro de los espacios será el sector de streaming, que contará con la participación de Radio Provincia, la radio de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora, la radio de la Universidad Nacional de Avellaneda y las radios municipales ALT y Aula Abierta, generando contenidos y transmisiones durante las distintas jornadas de la feria.

Cabe destacar además que en esta edición participarán la República de Italia, la República del Paraguay y la República de Irlanda, junto con universidades e instituciones de educación superior.

Toda la agenda completa se encuentra disponible en la web de la Secretaría de Educación, Ciencia y Tecnología de Almirante Brown a través del siguiente link: https://www.educacion.brown.gob.ar/filab

Más de 500 intendentas e intendentes de todo el país reunidos en la Federación Argentina de Municipios (FAM) reclamaron este miércoles una reunión urgente con Javier Milei y exigieron cambios en el rumbo económico. Los jefes comunales alertaron que reciben menos recursos mientras crecen las demandas sociales que deben atender en sus territorios. 

En un documento aprobado por la Asamblea de la FAM, reclamaron la restitución de fondos educativos y de recursos transferibles a provincias y municipios, junto con la reactivación de la obra pública nacional. También plantearon como prioridad la recuperación de rutas estratégicas para las economías regionales.

La entidad puso el foco en el deterioro de las condiciones sociales y sostuvo que “miles de vecinos llegan a los municipios con una misma preocupación: cómo llegar a fin de mes”. En ese marco, reclamó políticas de apoyo para pequeños y medianos productores, jubilados, personas con discapacidad y el sistema público de salud.

Los intendentes también exigieron restituir la asistencia alimentaria para los comedores y advirtieron sobre las familias que se endeudaron para afrontar servicios, alquileres, transporte y alimentos. A la vez, reclamaron transparencia y debate parlamentario frente al endeudamiento nacional y los acuerdos que puedan comprometer recursos o decisiones estratégicas del país.

“El rumbo económico y las prioridades sociales deben cambiar con urgencia, porque el camino elegido por el Gobierno Nacional conduce a más pobreza, exclusión e injusticia”, concluyó el documento de la Federación, que buscó trasladar a la Casa Rosada la presión que los municipios aseguran recibir a diario por el impacto de la situación económica.

El movimiento acompañó una caída promedio cercana al 1% en los bonos soberanos en dólares, mientras el mercado internacional mostró mayor aversión al riesgo. La suba de los rendimientos de los bonos del Tesoro de Estados Unidos y un dólar más fuerte golpearon particularmente a los activos emergentes.

La nueva suba también moderó el efecto positivo que había dejado el resultado electoral de Brasil. Durante lunes y martes, el riesgo país argentino acumuló una baja del 12,5% y perforó los 600 puntos, mientras los bonos recuperaron parte del terreno perdido en las semanas previas.

Las acciones argentinas acompañaron el retroceso. Los ADR que cotizan en Nueva York operaron mayoritariamente en baja, con pérdidas cercanas al 4% entre los bancos, mientras el S&P Merval también mostró números negativos durante la rueda.

El nivel del riesgo país volvió así a quedar cerca de una zona que el Gobierno busca dejar atrás para mejorar las condiciones de financiamiento. El indicador había tocado 655 puntos básicos el viernes 2 de octubre, su valor más alto en diez meses, antes del alivio de las dos ruedas posteriores.

El gobernador participó del encuentro en la histórica quinta 17 de octubre de San Vicente en su condición de presidente del Partido Justicialista de la provincia de Buenos Aires y, además de volver a cargar contra el gobierno nacional, también dejó mensajes hacia el interior del peronismo ante el desafío electoral del próximo año.

“Nos estamos preparando para un año crucial”, sostuvo Kicillof, quien planteó la necesidad de interpelar a quienes votaron a Javier Milei en 2023 y hoy sufren las consecuencias de su plan económico. “Tenemos que conseguir que aquellos que votaron con expectativa y hoy ven que Milei trajo más desempleo, más pobreza y menos salario, conviertan esa bronca o decepción en esperanza, acción política, militancia y organización a lo largo y a lo ancho de la provincia de Buenos Aires y se conviertan en el dique que le va a poner un límite a la derecha internacional”, señaló.

Kicillof ubicó además al gobierno nacional dentro de un fenómeno político internacional y sostuvo que el desafío del peronismo excede una disputa exclusivamente doméstica. “La Argentina está transitando una de las etapas más oscuras de su historia”, afirmó y consideró que el país enfrenta “una versión de la derecha y del neoliberalismo” que cuenta con respaldo de dirigentes y gobiernos extranjeros.

En ese marco, aseguró que Milei “no es más que un instrumento de una derecha internacional de grandes poderes y corporaciones” y por esto convocó a “liberar a la Argentina del neoliberalismo internacional, de los que quieren saquear nuestros recursos, de los que quieren primarizar nuestra economía y de los que quieren precarizar el trabajo”.

El mandatario reforzó entonces su convocatoria con otra frase de tono electoral sobre el enfrentamiento en las urnas que se dará en 2027 entre libertarios y peronistas: “El año que viene la final del mundo se juega en la República Argentina y ahí estará el Partido Justicialista de la provincia de Buenos Aires dando la batalla”.

Durante su mensaje, Kicillof reivindicó especialmente el rol político de Evita y recordó que, además de impulsar el voto femenino, fue fundadora y conductora del Partido Peronista Femenino. “No hay que bajarle el precio a esa tarea”, remarcó, antes de destacar el papel de las mujeres en las etapas de crisis, movilización y organización política. “Ante estos proyectos de abandono, deserción, crueldad y deshumanización, hay una palanca de resistencia que siempre tiene un lugar protagónico: a la cabeza las mujeres”, sostuvo.

Kicillof cerró su discurso con una referencia a la condena que mantiene con prisión domiciliaria a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner. “Cristina es inocente, necesitamos a todos, pero fundamentalmente a todas”, le dijo a las mujeres presentes y concluyó con el latiguillo que lanzó en el acto del Movimiento Derecho al Futuro en Avellaneda: “Cuenten conmigo para la lucha y para lo que se viene”.

El mensaje de unidad de Mariel Fernández

Antes de Kicillof habló la intendenta de Moreno y flamante secretaria de Mujeres del PJ bonaerense, Mariel Fernández, quien dejó un mensaje con tono de unidad y se puso a disposición de la construcción política que viene.

La jefa comunal, referente del Movimiento Evita e integrante de “La Liga” de intendentes que busca sostener una posición propia frente a La Cámpora y el Movimiento Derecho al Futuro, lanzó una frase que pareció un guiño a Kicillof: “Nos ponemos al servicio, señor gobernador. Nos ponemos al servicio de la unidad del peronismo, nos ponemos al servicio de todo lo que se necesita construir”.

La jefa comunal afirmó que las mujeres peronistas están dispuestas a trabajar “para reconstruir la Argentina” y reivindicó su rol político dentro del movimiento. “Las mujeres queremos transformar. Si no, ¿para qué carajo hacemos política? ¿Para qué carajo tenemos responsabilidades si no es para construir un país que nos incluya a todos y todas?”, planteó.

Al mismo tiempo, al hablar del rol de las mujeres, la intendenta reivindicó con fuerza a Cristina Fernández de Kirchner y cuestionó su condena judicial. “Compañera Cristina, no es casualidad que estés en la situación que estás, porque las mujeres incomodamos al poder real”, aseguró. Y agregó: “Tenemos a una de las nuestras presa. Compañera Cristina, no estás sola”.

Del encuentro participaron la ministra de Ambiente bonaerense, Daniela Vilar; la ministra de las Mujeres, Estela Díaz; la ministra de Hábitat y Desarrollo Urbano, Silvina Batakis; el presidente del Banco Provincia, Juan Cuattromo; el diputado y secretario del PJ, Mariano Cascallares; la senadora nacional Juliana Di Tullio; la intendenta de Cañuelas, Marisa Fassi, y el intendente de San Vicente, Nicolás Mantegazza, entre otros.

El CIN concentrará este miércoles frente a la Casa Rosada para reclamar la aplicación de la ley, luego de que la Justicia declarará inconstitucional el decreto que condicionaba su ejecución.

La medida servirá de antesala para la quinta Marcha Federal Universitaria, convocada para el jueves 15 de octubre frente al Congreso. Esta, coincidirá con una sesión especial impulsada por bloques opositores y tendrá como otro eje la discusión del Presupuesto 2027, puesto que contempla unos $7,3 billones para las universidades nacionales, mientras que el CIN reclama $11 billones.

A través del decreto alcanzado por la Justicia, Javier Milei había promulgado la ley, pero condicionado su puesta en marcha a la determinación de las fuentes de financiamiento y a la incorporación de las partidas correspondientes al Presupuesto. Cormick consideró que la propia Ley 27.795 establecía pautas para financiar sus medidas y otorgaba al Ejecutivo facultades para realizar las adecuaciones necesarias.

El magistrado también tomó en cuenta el escenario presupuestario y un cálculo de la Oficina de Presupuesto del Congreso que estimó que el costo de la ley durante 2025 representaba alrededor del 0,23% del PBI nominal proyectado. Además, incorporó los acuerdos alcanzados en junio entre el Gobierno, el CIN y los gremios, que contemplaron una recomposición salarial acumulada del 24,33%, una suba del 20% para gastos de funcionamiento, $50.000 millones adicionales para hospitales universitarios y un aumento del 50% para las Becas Manuel Belgrano.

La sentencia profundizó un conflicto que ya había generado medidas cautelares por los salarios docentes y no docentes y las becas estudiantiles. En ese expediente, Cormick había intimado al Gobierno el 30 de septiembre a acreditar el cumplimiento de las obligaciones, mientras que la Casa Rosada sostuvo que los aumentos salariales acumulados desde diciembre de 2023 alcanzaban el 226,8% y pidió dejar sin efecto la posibilidad de aplicar sanciones económicas.

Frente al nuevo fallo, el Gobierno prepara una apelación mientras analiza cómo afrontar las obligaciones establecidas por la ley. La resolución de Cormick es de primera instancia y ordenó además al Poder Ejecutivo dictar las normas necesarias para garantizar el “cumplimiento inmediato” de la norma, por lo que la disputa continuará ahora en la instancia judicial superior.

“Ese síndrome del tercer año consistió, en 2014, 2018 y en 2022, en que se vieron forzados a devaluar con efecto en la inflación. No fueron catástrofes, a la Rodrigazo o 2001, pero ese efecto sobre la inflación ya te saca de la cancha electoralmente”, puntualizó el extitular del Banco Nación.

En tanto, consignó que “esto es muy diferente a Menem 94 y Kirchner 2006, donde había un 90-95 % de chance de reelección. Milei no está ahí, porque para eso hay que crecer al 8 % o al 9 % con inflación de un dígito anual como tenían ellos. En esos escenarios, resisten hasta los Adorni. Esto no es eso”.

“Milei sigue siendo competitivo. La pregunta que hay abierta acá es si 2027 puede ser un año de tensión real y financiera. Tensión real es que no termine corrigiendo para bien, que se sienta en la calle poder adquisitivo y nivel de actividad en los sectores afectados. Puede que no, es lo más probable”, acotó Melconian.

Luego manifestó en declaraciones a La Nación que “hay que entender cómo funciona el programa de fondo. Lo que está en discusión electoralmente, si ‘muero con las botas puestas’ o hago algo, no cambia el fondo del programa, es de neto corte electoral”.

“Creo que está terminando una transición. He considerado desde el primer día al gobierno de Javier Milei una transición donde habrá que ver cuál es el legado de este gobierno, para él si se autosucede o para el que venga. Cuando falta un año y pico, estoy dando por terminado el fondo del programa, porque con Milei no va a cambiar. Y ese fondo será tarea para el próximo gobierno, que probablemente reciba una herencia mejor que la del 23. Que hay que distinguirlo de la discusión callejera. Y eso surge porque esto no arranca”, enfatizó.

En cuanto a la falta de funcionamiento, sostuvo que “cuando las macros están resueltas inexorablemente llegan a la micro”.

“Milei recibió una inflación del 300 % y la tiene en 30 %. El riesgo estaba arriba de 2000 y está en 600. Eso no significa que el trabajo está terminado. Yo diría que no está casi iniciado. Más allá de dos cuestiones básicas. Primero, que yo estoy de acuerdo con la dirección, y saco acá la personalidad del Presidente, con la que estoy diametralmente opuesto. La dirección y el rumbo, todo eso es correcto. La secuencia y la instrumentalidad, tengo mi diferencia. Y la comunicación de este Gobierno es muy mala”, contrastó.

“Yo le asigno enorme relevancia a esto, y tiene implicancias en las expectativas. Y es muy mala porque todo lo que ha comunicado el Presidente no salió. Después puedo agregar al ministro con los mejores 18 meses, la inflación en cero coma y no se cuantas cosas. O cuando ahora dice están mal las estadísticas. Eso confunde. No hace falta que sea solo mi opinión. Nosotros somos una usina receptora de preguntas, y ahí me doy cuenta qué es lo qué anda mal”, insistió el economista.

Acto seguido, indicó que “acá se habla de reformas de alta velocidad, por el cual mucha gente no se integra y queda en la calle, incluidas PyMEs, a un proceso violento de apertura y desregulación. Y la verdad cuando se miran resultados, por supuesto influido por la recesión, el proceso de apertura está concentrado hoy básicamente en una discusión en el sector textil y automotriz, y donde las importaciones están derrumbadas. Son importaciones de un país en recesión. Hoy manda la recesión y la desconfianza”.

“Segundo, hablan de 18.000 desregulaciones. Con toda honestidad… Me encanta el desregular de la economía, pero ¿cuáles son las 18.000 desregulaciones de alto impacto económico? No lo sé. A la misma bolsa va todo el tema de patentes o lo medicinal con sacar el registro. Pero, pregunta: ¿está la economía sufriendo como está en el 40-50 % de la gente y de los sectores, porque estamos frente a un fenómeno aceleradísimo de reforma que están quedando en la calle y donde la apertura y la desregulación está siendo un escándalo? La respuesta es no”, ahondó el referente de la consultora Macroview.

Finalmente, manifestó que “en términos de agregados monetarios, estamos con $ 50 billones menos que el promedio de los últimos 20 años. Bajo esta hipótesis de colapsar la inflación, estamos claramente frente a un fenómeno donde la remonetización de la economía no crece. Al mismo tiempo, está trabada la oferta y la demanda de crédito, por todo el tema de la morosidad y demás, y que el banquero dice que no hay demanda”.

“El segundo tema es la reforma laboral. Siempre supimos, aun los que la preparábamos, que hay derechos adquiridos, informalidad, temas de costos laborales que pasan a tocar lo fiscal, el tema ahora del FAL que tiene costo fiscal. Es decir, lo que tiene que ir rápido, como la remonetización y el crédito, o lo laboral, va despacio. Y tercero, no hay reforma impositiva. Y esto lo digo como economista, habiendo aprendido el principio de la escasez en la universidad”, cerró.

La víctima fue privada ilegítimamente de su libertad en 1977 junto con su pareja María del Carmen Moyano Maure, quien se encontraba embarazada. Las tareas de identificación fueron llevadas a cabo por el Equipo Argentino de Antropología Forense.

El trabajo se desarrolló en distintas etapas e incluyó tareas arqueológicas en 250 sepulturas y el posterior análisis antropológico de los cuerpos recuperados, con el objetivo de establecer cuáles podían corresponder a personas desaparecidas. Las tareas contaron, al momento de su exhumación, con el apoyo de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional de Cuyo, el Movimiento Ecuménico de Mendoza y familiares de personas desaparecidas.

Carlos Simón Poblete tenía 33 años al momento de su secuestro. En la sentencia dictada el 24 de octubre de 2016 por el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°1 de Córdoba, en el marco de la causa vinculada con el centro clandestino de detención La Perla, se tuvo por acreditado que a fines de abril de 1977 fue privado ilegítimamente de su libertad junto con María del Carmen Moyano Maure, quien se encontraba embarazada, y que ambos fueron trasladados al centro clandestino La Perla.

Miriam, la hija biológica de Moyano y Poblete, nació aproximadamente en junio de 1977, dentro de las instalaciones de la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA), donde su madre permanecía privada ilegítimamente de la libertad desde abril de ese año, tras ser trasladada desde Córdoba. Ocho días después del parto, la niña fue apartada de su madre y entregada a Osvaldo Fernández Miranda, integrante del Departamento de Informaciones Policiales (D2) de Mendoza, y a su esposa, Iris Yolanda Luffi.

Ambos inscribieron a la niña como hija biológica, mientras que otros dos agentes fungieron como testigos del nacimiento falsamente documentado, mediante una partida de nacimiento con datos apócrifos. En 2021, el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°1 de Mendoza condenó a penas de entre 5 a 10 años de prisión a los responsables de la apropiación de Miriam. En 2024, en una audiencia de reenvío, el Tribunal Oral Federal N°1 de Mendoza elevó las penas a 10 y 15 años tras considerar que en casos de apropiación de niños y niñas debe aplicarse la escala penal vigente al momento en que la víctima recuperó su identidad.

La Oficina Fiscal de asistencia en causas por violaciones a Derechos Humanos de Mendoza comunica que aquellos familiares de víctimas desaparecidas durante el accionar represivo estatal que aún no han brindado muestras al EAAF pueden hacerlo contactándose con ese Equipo por WhatsApp al +54911 2348 5229, por teléfono al 0800 345 3236 o por correo electrónico a la dirección iniciativa@eaaf.org. La toma de muestras es gratuita, confidencial y únicamente con fines identificatorios.

El senador demócrata estadounidense, Chris Murphy, en un mensaje en su X, anunció que se le prohibieron la entrada a infraestructuras estadounidenses clave, como la base aérea de Al-Udeid en Catar, e incluso reunirse con altos mandos militares. Según el senador estadounidense, esta medida fue ordenada por el secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, con el objetivo de impedir que se informe sobre los costos de la guerra con Irán.

Murphy subrayó que esta restricción no afecta únicamente a un partido, ya que la orden de Hegseth se aplica a “miembros de ambos partidos” en el Congreso. Según el senador, esta situación plantea interrogantes sobre el grado de acceso de los legisladores a la información relacionada con las operaciones militares estadounidenses y sus costos.

Asimismo, describió esta medida como parte de los esfuerzos del Gobierno para mantener ocultos los “costos reales de la guerra”.

El martes, Murphy en otro mensaje difundido en su cuenta de X, criticó al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, por la participación del país norteamericano en la guerra ilegal de Israel contra Irán, y afirmó que el inquilino de la Casa Blanca dejó “desprotegidas” a las tropas estadounidenses en la región.

El pasado 28 de febrero, Estados Unidos e Israel lanzaron una guerra no provocada contra Irán, a lo que las fuerzas iraníes respondieron atacando objetivos israelíes en los territorios ocupados y bases estadounidenses en la región.El ataque contra la base aérea estratégica estadounidense de Al-Udeid, en Catar tuvo lugar 12 de julio, como parte de la respuesta iraní a la guerra no provicada estadounidense-israelí.

El fin de la escala laboral 6×1 gana protagonismo hoy en Brasil tras entrar en discusión en el Senado, en medio de una campaña presidencial donde la propuesta se perfila como un tema de confrontación hacia la segunda vuelta.

El debate continuará este miércoles y deberá cumplir cinco sesiones antes de la votación en primer turno de la iniciativa, con la cual se pondría fin a la escala que establece seis días de trabajo por solo uno de descanso.

La PEC, presentada originalmente en la Cámara de Diputados en 2019 y aprobada por esa instancia en mayo, recibió en septiembre el respaldo de la Comisión de Constitución y Justicia del Senado.

Para ser aprobada en el plenario necesita al menos 49 votos favorables, equivalentes a tres quintos de los 81 senadores, en dos turnos.

El retorno de la propuesta al primer plano ocurre durante la campaña para el segundo turno presidencial del 25 de octubre y convirtió la jornada laboral en otro terreno de confrontación entre el presidente Luiz Inácio Lula da Silva, del Partido de los Trabajadores, y el senador Flávio Bolsonaro, del Partido Liberal (PL).

Lula defendió este martes nuevamente la reducción de la jornada sin pérdida salarial y sostuvo que los trabajadores deben disponer de más tiempo para descansar, convivir con sus familias, estudiar y cuidar su salud.

También emplazó a su adversario a definir si orientará a los parlamentarios del PL a votar por la propuesta.

“En la hora en que el Senado comience a votar, la máscara va a caer”, afirmó el mandatario, al plantear el debate como una oportunidad para identificar las posiciones de cada sector político frente a una reivindicación laboral.

Flávio, por su parte, calificó de “oportunista” la discusión impulsada durante el segundo turno electoral y sostuvo que busca favorecer políticamente a Lula.

El aspirante al Palacio de Planalto ha evitado comprometerse con el respaldo a la PEC 221 y defiende, en su lugar, una propuesta de flexibilización de la jornada.

Su alternativa es la PEC 12/2026, respaldada por el senador Rogério Marinho, coordinador de la campaña presidencial de Flávio, que plantea un régimen basado en el pago por horas trabajadas y permite negociar la carga horaria entre empleado y empleador, con derechos laborales proporcionales al tiempo trabajado.

De acuerdo con el legislador, ese mecanismo permitiría a cada persona organizar su jornada según sus necesidades.

Sin embargo, esa propuesta ha recibido cuestionamientos porque, a decir de sus detractores, trasladaría al ámbito de la negociación individual una decisión que afecta las condiciones generales de trabajo y podría reducir los ingresos de quienes opten o se vean obligados a trabajar menos horas.

Los críticos de la iniciativa sostienen que, en un mercado laboral marcado por desigualdades, la negociación individual puede favorecer al empleador y presionar al trabajador a aceptar más horas o menores ingresos para conservar su puesto.

A la controversia se sumaron organizaciones empresariales como las confederaciones Nacional de la Industria, Nacional del Transporte, Nacional del Comercio de Bienes, Servicios y Turismo, y Nacional de Agricultura, las cuales divulgaron este martes un manifiesto contra la votación de la PEC durante el actual proceso electoral.

Las entidades alegan que la reducción de la jornada puede elevar costos de producción, presionar los precios y afectar las contrataciones formales.

Sin embargo, el fin de la escala 6×1 tiene el respaldo de amplios sectores de la sociedad brasileña que consideran agotador ese esquema y reclaman mayor equilibrio entre trabajo y vida personal.

Sus partidarios sostienen que dos días de descanso permitirían mejorar la calidad de vida, fortalecer la convivencia familiar, facilitar el estudio y reducir los efectos del desgaste físico y mental asociado a largas jornadas laborales.

Una encuesta Datafolha divulgada en marzo mostró que 71 por ciento de los brasileños apoyaba el fin de la escala 6×1, mientras 76 por ciento consideraba que la medida tendría efectos positivos o muy positivos sobre la calidad de vida de los trabajadores.

Otro estudio, divulgado por la Agencia Brasil en septiembre, indicó que 67 por ciento de los consultados considera que trabajar seis días consecutivos perjudica la salud mental y 62 por ciento cree que afecta la salud física.

Así, a medida que avanza el calendario hacia la segunda vuelta presidencial del 25 de octubre, la discusión sobre la jornada laboral se establece como uno de los terrenos en los que Lula y Flávio Bolsonaro buscan diferenciar sus proyectos.

De ese modo, el electorado que deberá decidir no solo quién gobernará Brasil, sino también qué modelo de relaciones laborales prevalecerá en los próximos años.

Durante la presentación del CAPS número 213 de la gestión provincial, el mandatario bonaerense cuestionó las políticas del Ejecutivo nacional: “Sostenemos con convicción que la salud no puede ser tratada como un negocio, sino como un derecho que debe garantizarse para todos y todas. Por eso, aún mientras el Gobierno nacional deserta de sus obligaciones, nosotros seguimos transformando el modelo de atención para darle respuestas concretas a la gente”.

Una inversión de $3.415 millones para fortalecer la salud pública

El nuevo edificio del CAPS “Floreal Ferrara”, ubicado en el barrio San Pablo de Burzaco, requirió una inversión provincial de $3.415 millones y cuenta con equipamiento completo para la atención primaria de los vecinos de la zona:

Consultorios equipados: Dispone de cuatro consultorios de atención general, uno odontológico y uno ginecológico.

Servicios complementarios: Incluye vacunatorio, enfermería, farmacia y un Salón de Usos Múltiples (SUM).

Durante el corte de cintas, Mariano Cascallares ponderó el trabajo articulado con la gestión bonaerense: "Frente a la ausencia del Gobierno nacional, tenemos un Estado provincial eficiente, que sigue proyectando obras e inaugurando infraestructura indispensable para los vecinos: celebramos este nuevo edificio, totalmente equipado, que va a permitir brindar una mejor salud pública en el distrito”.

Recorrida por la 8° Expo Inclusión y la Feria del Libro

La agenda institucional en Almirante Brown incluyó una visita a la 8° edición de la Expo Inclusión junto al ministro de Trabajo, Walter Correa. Se trata de una feria de empleo destinada a promover la inserción laboral de personas con discapacidad mediante talleres, orientación y el Congreso “Discapacidad y Empresas”.

“En este espacio queda demostrado el valor del trabajo articulado con responsabilidad social: no se trata de falsas antinomias entre el Estado y el sector privado, sino de coordinar esfuerzos para generar nuevas oportunidades”, sostuvo Kicillof.

Asimismo, las autoridades participaron de la apertura de la 10° Feria Internacional del Libro de Almirante Brown (FILAB), que se desarrollará hasta el 11 de octubre bajo el lema “Más libros, más memoria”, acompañados por representantes diplomáticos de Irlanda, Italia y Paraguay.

Equipamiento municipal, ambiental y leasing de Banco Provincia

Para finalizar la jornada, las autoridades hicieron entrega de bienes e insumos clave para el fortalecimiento de la infraestructura y los servicios del municipio:

Maquinaria para el distrito: Se entregaron seis camiones volcadores adquiridos a través de un leasing del Banco Provincia, encabezado por su presidente Juan Cuattromo.

Gestión ambiental y prevención: Junto a la ministra de Ambiente Daniela Vilar, se distribuirán luminarias para la vía pública y clubes de barrio, bibliotecas para escuelas, bicicletas y kits para la gestión de riesgos y emergencias climáticas.

El animal -en estado desmejorado- fue rescatado por personal de la Subsecretaría de Zoonosis y Protección Animal. Tras algunas curaciones, fue derivado a Fundación Teimakén para su cuidado.

Al respecto, la subsecretaria de Zoonosis y Protección Animal, Pamela Dreher, comentó que “generalmente son animales que son golpeados por alguna embarcación o están enfermos, se desorientan, no pueden nadar y salen a la costa para refugiarse”.

“Lo que recomendamos a los vecinos, obviamente, es no tocar ni acercarse al animal y dar aviso a Defensa Civil o Guardavidas, telefónicamente al 103. Allí tenemos comunicación constante con todos nuestros compañeros y acudimos al rescate de la fauna”, completó la funcionaria.

Todo comenzó en horas de la mañana, cuando vecinos observaron al animal en las escalinatas que bajan hacia el río, a la altura del Centro Tradicionalista Fortín Quilmes. Posteriormente, dieron aviso en el Centro de Atención Primaria de la Salud (CAPS) de La Ribera, quienes derivaron el caso a la Subsecretaría de Zoonosis y Protección Animal, debido a que informaban también que el ejemplar estaba bastante desmejorado.

Cabe destacar que Quilmes es el único Municipio del país que tiene Subsecretaría de Zoonosis, ya que rn el resto tiene el rango de Dirección. En este marco, el personal de la citada área comunal llegó rápidamente al lugar, hicieron la captura y transportaron al animal para ponerlo a resguardo. Posteriormente, se comunicaron con Fundación Temaikén, organismo con el que se trabaja articuladamente en los casos de fauna marina, quienes autorizaron el ingreso y pidieron el traslado urgente, por el delicado estado del animal.

Cabe recordar que no es la primera vez que se rescata fauna marina la zona, puesto que en la ribera de Quilmes y de Bernal se han encontrado varios registros de lobos marinos, en su mayoría ejemplares jóvenes, así como también tortugas verdes de mar y elefantes marinos. En todas las ocasiones también hubo trabajo en coordinación y apoyo con Fundación Temaikèn, quienes posteriormente, con los profesionales idóneos, llevan a cabo la liberación correspondiente.

Un contundente relevamiento de la consultora Management & Fit, correspondiente a octubre, expone el creciente malestar social frente a la coyuntura del país: un 57,5% de los argentinos se manifestó a favor de un cambio total en las políticas económicas y en el equipo de gestión del gobierno nacional.

El estudio nacional revela además una transformación histórica en la agenda de preocupaciones ciudadanas: por primera vez desde 2012, la desocupación desplazó a la inflación como el problema más grave de la Argentina.

La desocupación al frente de los problemas nacionales

De acuerdo con el desglose del estudio, la agenda de inquietudes mostró variaciones significativas respecto al trimestre anterior:

Desocupación: Se posicionó como el principal problema del país con el 19,8% de las menciones (+2,2 puntos respecto a julio).

Aumentos de precios y tarifas: Cayeron al segundo lugar con el 18,9%, registrando un descenso desde el 22,4% previo.

Corrupción e Inseguridad: La preocupación por la corrupción bajó al 15,9%, mientras que la inseguridad subió al 13,7%.

Pobreza y Vivienda: La pobreza se ubicó en el 13,5%, mientras que la dificultad de acceso a la vivienda o alquileres saltó del 4,9% al 7,4%.

A nivel personal, la dificultad para llegar a fin de mes lidera las preocupaciones diarias con el 22%, seguida por los bajos ingresos (17,2%) y el endeudamiento crítico (10,4%). Además, un 52,4% de los encuestados afirmó tener problemas directos para cubrir sus gastos diarios.

Desaprobación de la gestión y caída en la imagen de Milei

El informe analiza en profundidad la evaluación del Poder Ejecutivo y la percepción sobre los principales dirigentes del arco político:

Aprobación de gestión: El presidente Javier Milei cosecha un 36,6% de aprobación frente a un 58,1% de desaprobación.

Pesimismo a futuro: Las expectativas negativas sobre el futuro del país alcanzaron el 46,4%, creciendo más de tres puntos en los últimos dos meses.

Imagen de dirigentes: En el terreno de la imagen pública, Myriam Bregman obtuvo el diferencial neto menos negativo (-12,0%), mientras que Patricia Bullrich registró un 33,0% de imagen positiva, superando al propio Presidente (31,2% de positiva y 52,7% de negativa).

Un clima emocional dominado por la preocupación

El estudio de Management & Fit concluye que el estado anímico social es mayoritariamente adverso: un 65,1% de las respuestas se vincula con sentimientos de preocupación, desconfianza, tristeza y enojo, duplicando al 32,9% de los consultados que manifestó emociones de carácter positivo.