Torra ha afirmado este miércoles en la sesión de control al presidente catalán en el parlamento autonómico, en alusión a las 30 personas procesadas por el juzgado de instrucción 13 de Barcelona en la causa del 1-O, que muchos de esos funcionario y altos cargos “han trabajado con muchos gobiernos del país”.
“Por eso pido, no a todo el sector independentista, sino a toda la cámara: ¿Callaremos? ¿Alguien se cree que estos cargos han malversado, desobedecido o infringido unas leyes sobre secretos? Sabéis de su competencia y rigor. ¿Callaremos? ¿No lo denunciaremos?”, ha dicho el dignatario.
El president de la Generalitat respondía a declaraciones del Sergi Sabrià, líder en la cámara del partido Izquierda Republicana de Cataluña (ERC, por sus siglas en catalán), quien había criticado que la decisión de procesar a esas 30 personas llegue a dos días de las elecciones, además de considerar que con ello se está “buscando prohibir el independentismo”.
Por eso pido, no a todo el sector independentista, sino a toda la cámara: ¿Callaremos? ¿Alguien se cree que estos cargos han malversado, desobedecido o infringido unas leyes sobre secretos? Sabéis de su competencia y rigor. ¿Callaremos? ¿No lo denunciaremos?”, ha declarado el presidente de la Generalitat de Cataluña, Quim Torra.
En la cámara, Sabrià ha denunciado “el escándalo antológico de las cloacas del Estado, ahora contra Podemos”, y ha solicitado a Torra que ante hechos como estos forme un frente común.
En respuesta a estas declaraciones, Torra ha coincidido en la necesidad de ese frente común, en el que estaría incluido con el secretario del Partido Socialista de Cataluña (PSC), Miquel Iceta, al que ha pedido que ataje esas prácticas en vez de sumarse a la causa del 1-O como acusación a través de la Abogacía del Estado.
La lucha por la independencia en la región autonómica catalana de España ha creado serias polémicas desde que, tras el plebiscito de octubre de 2017, el govern declaró la independencia ese mismo mes y el Gobierno español, en reacción, aplicó el artículo 155 de la Constitución.
En marzo, Madrid amenazó con aplicar de nuevo ese artículo si la Generalitat “vuelve a la unilateralidad”.
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