Pertenecientes a colectivos de residentes en España, Francia, Suiza, Inglaterra y Bélgica, entre otros países, los caminantes recorrieron en algunos casos más 400 kilómetros para entregar ante la CPI una carta que solicita abrir una investigación sobre la violencia política en el país.
Acompañan a los jóvenes en su solicitud congresistas y líderes de la oposición en Colombia, como los senadores Gustavo Bolívar, de la Lista de los Decentes, y el senador y excandidato presidencial del movimiento Colombia Humana, Gustavo Petro.
Todos denuncian sistematicidad e impunidad ante una larga lista de crímenes contra defensores de los derechos humanos, estimada en más de 400 víctimas desde la firma del Acuerdo de Paz.
En su camino al Reino de los Países Bajos se reunieron esta semana con cientos de diputados del Parlamento Europeo en Bruselas y con numerosas plataformas y organizaciones defensoras de los derechos humanos.
Hoy también pretenden documentar ante la CPI su preocupación por la frágil implementación del proceso de paz en Colombia, sobre todo en lo referido a las implicaciones derivadas de la objeción presidencial a la ley estatutaria de la Justicia Especial de Paz (JEP).
La JEP es el pilar central del Acuerdo de Paz y el principal garante de los derechos de las viÌüctimas a la verdad, la justicia y la reparación y también es garantía para aquellos que de buena fe han dejado las armas, subrayó en informe sobre el tema el secretario general de la ONU, António Guterres.
La Corte Penal Internacional por su parte ha ponderado de igual modo el alcance de la JEP como justicia transicional, que tal como fue pactada constituye un modelo para otros países que buscan sanar las heridas dejadas por conflictos armados.
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