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El próximo viernes se conocerá la sentencia a los genocidas de la Patota santafesina

(21/05/19 - Lesa Humanidad)-.La sentencia se conocerá después de la posibilidad de las palabras finales de los acusados. Los pedidos de condenas van de los 8 a los 23 años de prisión.

En su alegato, la fiscalía encontró a los acusados (foto) como responsables, según el caso, de allanamientos ilegales, privación de la libertad, tormentos, violación y abuso sexual en perjuicio de diez víctimas. 

En ese sentido, solicitó 23 años de prisión para Eduardo Alberto Ramos Campolongo, quien se desempeñó como Oficial Ayudante en el Departamento de Informaciones (D-2) de la Policía de la Provincia de Santa Fe, a quien le atribuyó haber integrado una patota junto a otros miembros de esa repartición. 

Ya juzgado y condenado en la causa “Brusa”, la fiscalía lo consideró responsable de los delitos de privación ilegal de la libertad agravada, tormentos agravados, violación sexual agravada, abuso deshonesto y violación de domicilio por allanamiento ilegal.

En tanto, pidió 20 años de prisión para el integrante del Destacamento de Inteligencia 122 del Ejército Argentino, Héctor Melitón Martínez, y para el entonces subjefe de la Comisaría Primera de la Policía de Santa Fe, Ricardo Ferreyra; 10 años para la ex agente de la Brigada Femenina de la U.R.I. de Santa Fe María Eva Aebi, y 8 para el agente de la Guardia de Infantería Reforzada Eduardo José Córdoba. 

Para Juan Calixto Perizzotti, ex coordinador del Área de Defensa 212 y jefe de la Guardia de Infantería Reforzada -considerado uno de los mayores centros clandestinos de detención de la región-, pidió 15 años de prisión, mientras que para el ex agente de la Brigada de Investigaciones de la Policía de Santa Fe Víctor Hugo Cabrera requirió 12.

La causa tuvo su origen a partir de la remisión de declaraciones testimoniales vertidas durante el juicio en que fue condenado, el ex juez Víctor Brusa. Entre las particularidades de este juicio se señala que tres de las víctimas eran menores de edad al momento de producirse su detención ilegal: tenían 14, 16 y 17 años.

Parte de los hechos sufridos por la mayoría de las víctimas ya habían sido probados en la causa “Brusa”, en la que fueron condenados tres de los acusados en el juicio actual. Luego del secuestro, las víctimas transitaron su cautiverio en distintos centros clandestinos que funcionaron en dependencias de la Policía provincial, entre ellos la Comisaría Primera, Comisaría Cuarta y la Guardia de Infantería Reforzada, lugares donde, además del cautiverio ilegal, las víctimas padecieron simulacros de fusilamiento e interrogatorios bajo tortura. Se juzgan además hechos de violencia sexual contra dos víctimas.

El Tribunal está integrado por María Ivon Vella, José María Escobar Cello y Luciano Homero Lauría. Las audiencias se realizan en San Jerónimo y Primera Junta.

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