Júbilo Graell, quien trabajó en el Consejo de Seguridad Nacional (CSN), reveló en el interrogatorio que se sentía respaldado en su trabajo de inteligencia en la administración anterior, al escuchar decir a su jefe inmediato Ronny Rodríguez, alias Didier, que 'eran para el número uno' (argot para denominar al Presidente).
Agregó que en ocasiones acompañó a su superior al Palacio Presidencial para llevar un sobre al parecer dirigido al ex mandatario, cuyo contenido dijo desconocer y mencionó nombres de periodistas y políticos espiados por órdenes recibidas.
Afirmó que en 2014 manejó el vehículo que trasladó un equipo para comunicaciones primero a la Presidencia, y posteriormente a las oficinas del Super 99 (propiedad de Martinelli) en la barriada capitalina de Monte Oscuro, donde descargaron el dispositivo, según el diario La Estrella.
Este es el primer testigo que involucra directamente al exgobernante detenido actualmente en la cárcel El Renacer, a quien se le sigue un proceso penal por escuchas ilegales a opositores y la desaparición de equipos y el programa espía adquirido a una empresa israelí, según pruebas documentales.
Tales declaraciones hechas ayer en la audiencia provocaron amenazas de su excolega Jaime Agrazal, en sendos mensajes de texto y un audio enviado a su celular, aunque quizás uno de los mensajes pudo escribirlo el propio Didier, uno de los elementos claves en la investigación quien se encuentra prófugo de la justicia, explicó el testimoniante.
En una denuncia publicada en el canal TVN, manifestó que 'teme por su seguridad, ya que los trabajos que realizó durante sus servicios en el CSN involucran al expresidente Ricardo Martinelli'.
Con las declaraciones de Graell, el Ministerio Público retoma ofensiva en el juicio tras dos fracasos consecutivos con testigos claves que sospechosamente se retractaron o cambiaron sus testimonios en la vista oral, lo cual utilizó la defensa a su favor.
El 11 de junio próximo, Martinelli cumplirá un año de prisión preventiva y desde ahora sus abogados y seguidores intentan insertar la matriz de opinión que las leyes obligan a liberarlo para continuar el proceso bajo detención domiciliaria, mientras anunciaron a la prensa que preparan un programa de celebraciones.
Sobre el asunto, el defensor Alejandro Pérez explicó a periodistas que el artículo 237 del Código Penal Procesal establece que ningún detenido puede permanecer tras las rejas por más de un año, salvo que el proceso por el que se investigue sea declarado como causa compleja.
En la última línea del mencionado articulado refiere excepciones cuando el expediente se declare complejo y en tal caso la detención preventiva pudiera prorrogarse hasta un máximo de tres años, según el artículo 504 del propio cuerpo legal.
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