“La fiscal Fatou Bensouda solicitará autorización para abrir una investigación sobre esta situación”, ha informado hoy miércoles la CPI de La Haya mediante un comunicado.
La diplomática gambiana ya había abierto un examen preliminar en septiembre de 2018 sobre la sangrienta represión militar ocurrida en 2017 en Myanmar (Birmania) —con aldeas incendiadas y devastadas, así como acusaciones de violaciones y asesinatos—, que obligó a huir a Bangladés del estado de Rajine, en el norte del país, a unos 700 000 musulmanes Rohingya.
La investigación sería “dentro del contexto de dos olas de violencia en el estado de Rajine, en el territorio de la República de la Unión de Myanmar”, e incluiría otros delitos “suficientemente relacionados”, explica Bensouda en una carta dirigida al tribunal internacional.
Los jueces “decidirán si autorizan o no” que la investigación sea completa, ha señalado la CPI, sin aclarar cuándo se tomará esa decisión.
La Corte —el único tribunal permanente activo del mundo para crímenes de guerra— declaró en septiembre su competencia sobre la situación de los Rohingya, a pesar de no ser Myanmar miembro de la CPI, debido a la posibilidad de investigar las deportaciones de la minoría musulmana como crimen contra la humanidad y, también, porque Bangladés es miembro del tribunal.
Muchas organizaciones han condenado la mortífera represión y la Organización de Naciones Unidas (ONU) ha calificado la situación de “limpieza étnica” de los Rohingya y exige enjuiciar al jefe del Ejército birmano por cometer “genocidio”.
Myanmar, una nación con mayoría de población budista, no reconoce la ciudadanía birmana de los Rohingya, una comunidad integrada por 1,1 millones de personas, y rechaza la Misión de Investigación de la ONU en su territorio.
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