Castello, que no se hace cargo de su contenido ideológico, se esconde en que podría molestar a quienes disientan con la cifra y se escuda en la libertad de expresión que el mismo intentó conculcar a los beneficiarios de planes sociales con un proyecto de ley que los obligaba a renunciara cualquier tipo de protesta.
El autor de la iniciativa. Guillermo Castello (foto), ingresó un proyecto de la Cámara baja bonaerense que plantea la modificación de la expresión cuando se hable de la última dictadura.
Según explicó el diputado, en marzo de 2017 la Legislatura había aprobado la inclusión de la leyenda "30 mil desaparecidos" con el único voto negativo del legislador de la Coalición Cívica.
"Es una ley que viola flagrantemente los principios de verdad y libertad de expresión y que fue seriamente objetada por la propia Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la cual tiene una enorme tradición en el campo de la izquierda", dijo Castello, y recordó que poco tiempo después de aprobada la ley, la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la CIDH transmitió al Estado argentino una solicitud de información por dicha ley.
En ella advierte que el texto "podría afectar el derecho a la libertad de expresión y acceso a la información", recordó el legislador, quien remarcó que en aquel texto advertía: "La ley podría tener un efecto inhibitorio y afectar el derecho de la sociedad a recibir información y procesarla en un debate público robusto. La determinación de una verdad oficial clausura la investigación, el análisis y el debate respecto a la búsqueda incesante de lo sucedido".
"La imposición legislativa de una postura oficial absoluta promueve la formación de un discurso único, atenta contra la libertad y clausura cualquier investigación presente y futura que pudiera arrojar resultados que no concuerden con esa visión", explicó el parlamentario en un comunicado.
"La ley obstaculiza cualquier tipo de acercamiento entre compatriotas porque cualquier leyenda oficial que exhiba una posición terminante constituye, para quienes no coincidan, un factor de enojo e irritación", agregó Castello.
Otro proyecto polémico:
Castello había presentado a principio de año otro proyecto de ley para quitar los planes sociales a personas o agrupaciones que, durante los piquetes, corten la circulación de vehículos o dañen el espacio público.
"Quienes violan derechos no deben recibir beneficios económicos del Estado. Por eso presentamos un proyecto de ley provincial para suspender subsidios a quienes corten calles o dañen patrimonio público en los piquetes", explicó Castello a través de su cuenta de Twitter.
El proyecto de ley propone, en su primer artículo, que toda prestación económica por parte del Estado será suspendida para «el autor de delitos o contravenciones cometidas en ocasión de manifestaciones públicas».
El legislador de la Coalición Cívica había expuesto, en los fundamentos, que las organizaciones sociales "no dudan en violar múltiples derechos constitucionales de millones de argentinos que se ven impedidos de trabajar, estudiar, atenderse médicamente, realizar trámites o vacacionar".
Castello había argumentado: "La cantidad de piquetes, como se conoce a las interrupciones totales o parciales de la vía pública, ascendió a la escalofriante suma de 5857 en todo el país, a un promedio de 16 por día, uno cada hora y media. Nuestra provincia de Buenos Aires encabezó este triste ranking con 1269 piquetes en el año, uno cada siete horas."
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