Las pruebas de que el juicio contra Lula no fue justo son contundentes, esta vez, un testigo clave en el caso que llevó a la condena del ex presidente brasileño dice que fue obligado a declarar contra él.
Según un informe publicado el domingo por el diario brasileño Folha de São Paulo, los fiscales del caso le habrían obligado al empresario Leo Pinheiro a hacer declaraciones falsas en contra de Lula para vincularlo en actos de corrupción, como la supuesta aceptación de un departamento de tres pisos y una cuenta informal donde recibía dinero de coimas, todo para poder obtener la reducción de la pena.
Pinheiro, el principal accionista de la constructora OAS, durante sus primeras dos declaraciones, no involucró al ex mandatario en la trama de la Operación Lava Jato, pero, al parecer, en la tercera fue forzado a modificar su testimonio y los hechos.
Ante las nuevas revelaciones, el equipo defensor de Lula difundió un comunicado para indicar que los datos difundidos por los medios Intercepción y Folha de São Paulo refuerzan la ilegitimidad de la sentencia en contra de Lula, la necesidad de que sea anulada y que el expresidente sea liberado lo antes posible.
“El historial del caso ya mostraba como Leo Pinheiro no incriminó a Lula en sus primeras declaraciones durante el proceso, y lo hizo en la tercera vez tras ser presionado, alterando su testimonio para recibir el beneficio de reducción de la pena, negociado con los fiscales de Curitiba”, sostuvo la defensa de Lula en el comunicado.
En junio, Intercepción divulgó unas conversaciones filtradas que daban a conocer cómo el actual ministro de Justicia de Brasil, Sergio Moro, y el fiscal del país, Deltan Dallagnol, instrumentaron el caso de corrupción de Lava Jato para obstaculizar una eventual victoria del Partido de los Trabajadores (PT) en las presidenciales de 2018.
Más tarde, el mismo rotativo publicó otras conversaciones filtradas que ponían en evidencia la involucración de Luiz Fux, magistrado del Supremo Tribunal Federal (STF), en este caso.
La Justicia de Brasil condenó al exdirigente brasileño (2003-2011) por corrupción pasiva y lavado de dinero, acusaciones que él siempre ha negado. Desde su encarcelamiento, el 7 de abril de 2018, parte de la población brasileña ha reclamado su liberación.
En agosto de 2018, el Tribunal Superior Electoral (TSE) de Brasil invalidó la candidatura de Lula para postularse a las presidenciales, en el marco de la llamada ley de “Ficha Limpia”, que prohíbe a los aspirantes presentarse a procesos de elección popular, si tienen condenas confirmadas. Asimismo, impidió a sus correligionarios utilizar la figura del líder izquierdista en los debates electorales televisivos.
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