“(La prohibición) no va lo suficientemente lejos y debería ir más allá. Los parámetros de esas sanciones también deberían ir más allá”, ha dicho este jueves la enviada especial de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para Myanmar (Birmania), Yanghee Lee a periodistas en Kuala Lumpur, la capital de Malasia.
Washington anunció el martes sanciones contra el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas de Myanmar, Min Aung Hlaing (foto), y otros tres líderes militares del país asiático, por la sangrienta campaña militar contra la minoría musulmana Rohingya.
Los embargos incluyen una prohibición de entrada a Estados Unidos, según comunicó el Departamento de Estado norteamericano.
Sin embargo, Lee ha dicho que tales restricciones anunciadas por la Administración estadounidense, presidida por Donald Trump, no son realistas. “Nunca iban a viajar a los Estados Unidos (...) seamos realistas”, ha dicho.
En concreto, en caso de Min Aung Hlaing, grupos pro derechos humanos y los investigadores de la ONU han pedido una acción más firme, incluida la persecución internacional contra el titular castrense birmano.
(La prohibición) no va lo suficientemente lejos y debería ir más allá. Los parámetros de esas sanciones también deberían ir más allá”, dice la enviada especial de la ONU para Myanmar, Yanghee Lee, a raíz de la prohibición de viaje a EE.UU. impuesta por Washington contra ciertos militares birmanos.
Las sanciones recién impuestas por EE.UU. contra militares birmanos surgen mientras Washington con anterioridad había planeado expandir sus cooperaciones militares con Myanmar, cerrando ojos a las brutalidades contra minoría musulmana Rohingya.
La enviada de la ONU, del mismo modo, ha enfatizado en la necesidad de que las sanciones se extiendan a otros dos líderes militares señalados en un informe de investigadores de las Naciones Unidas en 2018.
Asimismo, ha alertado de que las violaciones de derechos humanos y los abusos cometidos por el Ejército birmano contra los Rohingya podrían empeorarse aún más.
Miles de musulmanes Rohingya fueron asesinados en 2017 en el estado birmano de Rajine por militares birmanos, y más de 900 000 de ellos huyeron al vecino país de Bangladés, donde ahora viven hacinados en campamentos de refugiados improvisados.
Grupos pro derechos humanos han estado presionando durante los últimamente para obtener una respuesta firme contra los líderes militares de Myanmar. La ONU, por su parte, ha calificado la situación de “limpieza étnica” de los Rohingya.
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