No obstante, la ex titular de la ONG Poder Ciudadano se negó de manera consecuente a realizar investigaciones sobre los actos de su gobierno (usualmente los cargos de control son ocupados por miembros de la oposición, aunque no fue así en el gobierno de la alegría y la transparencia) y solo se ocupo de ver si encontraba alguna acción que enjuiciar de la gestión anterior y asesorar a sus compañeritos de gabinete sobre como realizar acciones penadas por la ley sin ser responsables.
Además, la titular de la Oficina Anticorrupción se negó reiteradamente a entregar información a la Auditoría General de la Nación para auditar su gestión ante las sospechas de incumplimiento de los deberes de funcionario público.
La Condena
La Auditoría General de la Nación es el organismo autónomo que tiene como competencia fundamental controlar el normal funcionamiento de las dependencias del Poder Ejecutivo nacional y, por lo tanto, tiene como una de sus obligaciones requerir los informes que considere necesarios a aquellas oficinas u organismos a los que tiene que auditar.
El pleito comenzó hace más de un año cuando la AGN le requirió información a la OA acerca de las denuncias en las que había intervenido como querellante en aquellos casos en los que estuviera involucrado algún funcionario -incluyendo al propio presidente de la Nación- desde el 10 de diciembre de 2015 en adelante.
Laura Alonso se negó en reiteradas oportunidades a permitir que el organismo jurídico realizase la auditoría pertinente. Incluso llegó a decirles que se remitieran a los informes publicados en su sitio de internet, cosa que hizo pero que consideró insuficiente para realizar su trabajo.
La funcionaria impuesta de modo irregular por el presidente Macri ni bien asumió (Alonso no es abogada, requisito fundamental para ocupar el cargo, pero Macri modificó la legislación quitando por decreto ese ítem para favorecerla) hizo oídos sordos a los requerimientos de la Auditoría hasta que ésta optó por presentar un amparo ante la justicia por primera vez en su historia.
Uno de los casos en la que está más comprometida es el de la deuda que el propio presidente Macri mantiene con el Correo Argentino S.A. (empresa residual de cuando estaba al mando de su grupo empresario) sobre la que quiso concretar una quita de 70 mil millones de pesos.
Ahora, el fallo obliga a Alonso a entregar en un plazo máximo de 15 días toda la información reclamada, que involucra todo lo actuado desde que asumió en su gestión.
Publicar un comentario