Los múltiples ataques aéreos del Ejército de Estados Unidos contra presuntos laboratorios de metanfetamina en una zona remota del oeste de Afganistán mataron a gran cantidad de civiles, según reportes difundidos hoy.
Investigadores de la Misión de Asistencia de Naciones Unidas en Afganistán (Unama) verificaron 39 víctimas civiles -entre ellas 30 muertos, varios de ellos, niños- en los bombardeos norteamericanos del 5 de mayo en más de 60 sitios en los distritos de Bakwa y Delaram.
Esas actividades militares quitaron la vida o hirieron a decenas de civiles que no deberían haber sido tratados como objetivos militares, indica un reporte elaborado por la Oficina Derechos Humanos de Naciones Unidas junto a la Unama.
'Mientras que algunos de los civiles muertos o heridos en los ataques aéreos estaban trabajando en los laboratorios de drogas, otros, incluidas las mujeres y los niños, no', señala ese documento.
También se recibieron informes confiables y creíbles de al menos 37 víctimas civiles más, 30 muertes y siete heridos, la mayoría de los cuales eran mujeres y niños, indicó la misión de ONU en Afganistán.
No se obtuvo ninguna ventaja militar del bombardeo, indica el reporte conjunto y detalla que algunos de los edificios atacados por las fuerzas estadounidenses, incluidas las residencias familiares, no tenían ningún vínculo aparente con la fabricación de drogas.
La Unama descubrió que las estructuras civiles que supuestamente se utilizaban como laboratorios de drogas y fueron alcanzadas durante los ataques aéreos norteamericanos no tenían nexo suficiente con operaciones de combate de los talibanes para garantizar su clasificación como objetivos militares, señala el sitio digital de noticias de la ONU.
Aunque esta táctica de bombardeos aéreos contra supuestas instalaciones de producción de drogas no es nueva, la Unama precisó que esta es la primera vez que reciben informes de una gran cantidad de víctimas civiles como resultado de tal operación.
Según las investigaciones, las Fuerzas de Estados Unidos-Afganistán (Usfor-A) evaluaron que no hubo víctimas civiles en los ataques aéreos, pues consideran que los objetos económicos que contribuyen a esfuerzos de guerra son 'objetivos militares legítimos'.
Pero esto es contrario al derecho internacional humanitario, señalaron los autores del informe, insistiendo en que las instalacioones y las personas que trabajan allí 'no pueden ser legalmente objeto de ataque y deben ser protegidas'.
Como alternativa a los ataques aéreos, sugieren que la respuesta apropiada y legal a la actividad ilícita de drogas es a través de la aplicación de la ley, no de operaciones militares que ponen en peligro a los civiles.
Las recomendaciones adicionales incluyen un llamamiento a Usfor-A con el fin de que realicen una investigación independiente y transparente para examinar el impacto en los civiles de la operación militar del 5 de mayo.
Estos hallazgos deben hacerse públicos, así como las medidas tomadas para garantizar la rendición de cuentas y para proporcionar reparación adecuada a las víctimas y sus familiares, destaca el informe de la ONU.
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