La medida, que generó revuelo y polémica dentro y fuera de la Administración Pública, creaba un régimen de privilegio que extendía por cinco años los puestos jerárquicos del Estado para 3000 funcionarios nombrados en su gestión.
Con esta medida el presidente Alberto Fernández anulará la designación irregular, realizada por decreto, de tres mil funcionarios dispuesta por el ex presidente Macri, apenas dos semanas antes de dejar el poder.
El decreto 788 del año 2019, implica "una grave distorsión de los principios establecidos en relación con el Empleo Público, afectando derechos y deberes de empleados y funcionarios y atentando contra los recursos del Estado", sostuvo la secretaria de Gestión y Empleo Público de la Nación, Ana Castellani, para anticipar la decisión de la nueva administración de suspender el decreto.
La norma pretendía dejar una gruesa capa geológica del macrismo en puestos clave de administración pública y les garantizaba millonarias indemnizaciones en caso que fueran despedidos.
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