(23/02/20 - Jujuy)-.Quizás sin la premura que se hubiera esperado para garantizar el Estado de Derecho, el miércoles pasado ingresó a la Cámara Alta de la Nación un proyecto para intervenir la justicia jujeña. que desde la llegada del tiranuelo enano, Gerardo Morales, se ha convertido en un órgano partidario de la Unión Cívica radical de la provincia, al servicio de los intereses políticos del gobernador.
Desde la llegada de Morales al gobierno jujeño, se modificó la cantidad de miembros del tribunal superior y se estableció la existencia de una mayoría automática y talibán al servicio de las necesidades de un gobierno antipopular para ejercer el poder sin resistencias del Pueblo.
Esa cooptación de la justicia, se vio complementada con una suerte de paramilitarización de la provincia, dotando de impunidad a la policía para avanzar sobre los derechos de los ciudadanos e intimidar cualquier conato de protesta, mientras que la capital, San Salvador, fue saturada de servicios de inteligencia que todo lo registran y controlan.
En este marco de realidad que pocos se atreven a denunciar, el tiranuelo petiso supo dividir a la oposición para poder reinar y entregar los recursos de la provincia norteña, hoy potencialmente rica por la existencia de grandes yacimientos de litio y obtener la reelección, mientras que los sectores del campo popular, tupacamarizados en cinco boletas lo superaron en votos.
El proyecto de Snopek
El senador jujeño del Frente de Todos Guillermo Snopek (foto) presentó un proyecto de ley para intervenir por un año el Poder Judicial de la provincia de Jujuy, donde se encuentra detenida, con prisión domiciliaria, la líder de la Tupac Amaru, Milagro Sala.
El proyecto ingresó al Congreso este miércoles, el mismo día en que el ex juez de la Corte Suprema y una de las principales voces del derecho nacional, Eugenio Raúl Zaffaroni, insistió en que “correspondería la intervención por Poder Judicial de Jujuy”.
El texto consta de ocho artículos. Establece la intervención del Poder Judicial jujeño “a fin de garantizar la forma republicana de Gobierno y evitar incurrir en responsabilidad internacional del Estado argentino”.
También fija que el Poder Ejecutivo designará al interventor, y que éste podrá "suspender en sus funciones o remover a los magistrados, funcionarios y empleados que integran el Poder Judicial y el Ministerio Público de Jujuy y designar a sus reemplazantes en comisión hasta la normalización institucional".
Según esta iniciativa, la intervención tendría un plazo de un año que podría ser prorrogable por otro año más, mediante una resolución del Ejecutivo.
El tiranuelo enano se victimiza
Desde el gobierno de Jujuy apuntaron que la iniciativa "no sorprende". "Hace meses que verbalmente empezaron con el tema. Primero Zaffaroni y después (el periodista Horacio) Verbitsky. Vamos a esperar. Sería una locura que avancen con algo así", señalaron a Clarín fuentes jujeñas.
En el entorno del mandatario jujeño, el radical Gerardo Morales, creen que se trata de una maniobra del kirchnerismo para "poner palos en la rueda" en la relación de Morales con el presidente Alberto Fernández que, dicen, "es muy buena".
A su vez, aseguran que el Poder Judicial de Jujuy funciona normalmente. "Una prueba de eso es el avance al juicio político contra el titular del Superior Tribunal de Justicia, Pablo Baca", señalan.
Baca llegó a esa situación después de que el sitio El Cohete a la Luna, de Verbitsky, publicara audios entregados por una jujeña que no se identifica, en los que se escucha al juez decir que Sala está presa porque el "tribunal entiende que si ella está suelta es un peligro para el Gobierno".
Lo curioso es que el propio Baca ratificó sus palabras, aunque se encargó de decir que "no fueron obtenidas de manera legal".
Las aclaraciones del senador
Snopek subrayó ante la consulta de medios partidarios de Cambiemos que: “En el proyecto no hablo de Milagro Sala. Lo presento porque me veo en la obligación. Quiero velar por la institucionalidad de la provincia”. Aunque agregó: “Siempre dije que su detención fue ilegal. Primero la detuvieron después hicieron las causas. Han abusado de las prisiones preventivas".
En los fundamentos del texto, el legislador señala la ampliación del Supremo Tribunal de Justicia como uno de los argumentos para pedir la intervención. "Se amplió de cinco a nueve miembros, mediante la ley N° 5878. De los cuatro nuevos jueces, tres de ellos son del partido radical, el mismo al que pertenece el gobernador", apunta y agrega: "El propósito fue políticamente evidente. Conformar una mayoría afín al Ejecutivo, vulnerando el principio de independencia del Poder Judicial".
También apunta contra el Ministerio Público de la Acusación como un "órgano para constitucional para el disciplinamiento social e institucional" que "formula imputaciones a quienes no se alinean políticamente al Gobierno de Gerardo Morales" y observa que según el Comité Nacional de Prevención de la Tortura, "las autoridades de Jujuy no han tomado las medidas necesarias par dar cumplimiento cabal a las recomendaciones de la CIDH, ratificadas por la Corte Suprema".
La detención de Milagro Sala es uno de los casos que abrió dentro del gobierno nacional el debate en torno a la existencia, o no, de "presos políticos", avivado por las declaraciones del presidente del máximo tribunal provincial que declaró muy suelto de cuerpo que Milagro no está detenida por haber cometido delitos, sino para evitar reclamos populares.
Esta semana, el presidente Alberto Fernández subió un video a las redes en el que avaló el concepto de “lawfare” usado por Cristina Kirchner y habló de “persecución y detención arbitraria de opositores” durante el gobierno anterior. En la edición del video aparece una imagen de Milagro Sala.
La reacción de la oposición
El primero en salir a cuestionar fue el presidente de la bancada de Juntos por el Cambio en Diputados, Mario Negri. "Ahora un senador del PJ, Guillermo Snopek, presentó un proyecto de ley para intervenir el Poder Judicial de #Jujuy y dotar de impunidad a Milagro Sala y su red de corrupción. ¡No permitiremos el avasallamiento de las instituciones democráticas y de toda una provincia!", escribió en su cuenta de Twitter olvidando mencionar que la justicia jujeña es en realidad la 'justicia radical jujeña'.
Lo siguió su par del Senado, Luis Naidenoff, quien tampoco parece haberse enterado que su correligionario, el presidente del Supremo Tribunal de Justicia jujeño declaró que no no hay pruebas de culpabilidad de Milagro Sala, escribió: "Volver recargados... se presentó en el Senado el proyecto para intervenir el Poder Judicial de Jujuy. Un capítulo más en su intento por atacar la independencia de los jueces para garantizar la impunidad de Milagro Sala".
Por su parte, el presidente de la UCR a nivel nacional, Alfredo Cornejo, sacó un comunicado de respaldo a Morales. "El Frente de Todos busca impunidad para gobernar. No vamos a avalar la defensa de los corruptos. La única finalidad de esta presentación es la defensa de aquellas personas que se han enriquecido a costa del estado. La presentación configura un claro ataque a la república, al federalismo y a la autonomía de la provincia de Jujuy", plantea el texto.
El radicalismo parece carecer de brújula democrática y desde una posición que roza el paroxismo del cinismo pretende que existe justicia en Jujuy, cuando en realidad el poder judicial de la provincia se privatizó en beneficio de su partido que ocupa casi todos los puestos en la misma, y comparte solo unos pocos con aliados derechistas.
Desde la llegada de Morales al gobierno jujeño, se modificó la cantidad de miembros del tribunal superior y se estableció la existencia de una mayoría automática y talibán al servicio de las necesidades de un gobierno antipopular para ejercer el poder sin resistencias del Pueblo.
Esa cooptación de la justicia, se vio complementada con una suerte de paramilitarización de la provincia, dotando de impunidad a la policía para avanzar sobre los derechos de los ciudadanos e intimidar cualquier conato de protesta, mientras que la capital, San Salvador, fue saturada de servicios de inteligencia que todo lo registran y controlan.
En este marco de realidad que pocos se atreven a denunciar, el tiranuelo petiso supo dividir a la oposición para poder reinar y entregar los recursos de la provincia norteña, hoy potencialmente rica por la existencia de grandes yacimientos de litio y obtener la reelección, mientras que los sectores del campo popular, tupacamarizados en cinco boletas lo superaron en votos.
El proyecto de Snopek
El senador jujeño del Frente de Todos Guillermo Snopek (foto) presentó un proyecto de ley para intervenir por un año el Poder Judicial de la provincia de Jujuy, donde se encuentra detenida, con prisión domiciliaria, la líder de la Tupac Amaru, Milagro Sala.
El proyecto ingresó al Congreso este miércoles, el mismo día en que el ex juez de la Corte Suprema y una de las principales voces del derecho nacional, Eugenio Raúl Zaffaroni, insistió en que “correspondería la intervención por Poder Judicial de Jujuy”.
El texto consta de ocho artículos. Establece la intervención del Poder Judicial jujeño “a fin de garantizar la forma republicana de Gobierno y evitar incurrir en responsabilidad internacional del Estado argentino”.
También fija que el Poder Ejecutivo designará al interventor, y que éste podrá "suspender en sus funciones o remover a los magistrados, funcionarios y empleados que integran el Poder Judicial y el Ministerio Público de Jujuy y designar a sus reemplazantes en comisión hasta la normalización institucional".
Según esta iniciativa, la intervención tendría un plazo de un año que podría ser prorrogable por otro año más, mediante una resolución del Ejecutivo.
El tiranuelo enano se victimiza
Desde el gobierno de Jujuy apuntaron que la iniciativa "no sorprende". "Hace meses que verbalmente empezaron con el tema. Primero Zaffaroni y después (el periodista Horacio) Verbitsky. Vamos a esperar. Sería una locura que avancen con algo así", señalaron a Clarín fuentes jujeñas.
En el entorno del mandatario jujeño, el radical Gerardo Morales, creen que se trata de una maniobra del kirchnerismo para "poner palos en la rueda" en la relación de Morales con el presidente Alberto Fernández que, dicen, "es muy buena".
A su vez, aseguran que el Poder Judicial de Jujuy funciona normalmente. "Una prueba de eso es el avance al juicio político contra el titular del Superior Tribunal de Justicia, Pablo Baca", señalan.
Baca llegó a esa situación después de que el sitio El Cohete a la Luna, de Verbitsky, publicara audios entregados por una jujeña que no se identifica, en los que se escucha al juez decir que Sala está presa porque el "tribunal entiende que si ella está suelta es un peligro para el Gobierno".
Lo curioso es que el propio Baca ratificó sus palabras, aunque se encargó de decir que "no fueron obtenidas de manera legal".
Las aclaraciones del senador
Snopek subrayó ante la consulta de medios partidarios de Cambiemos que: “En el proyecto no hablo de Milagro Sala. Lo presento porque me veo en la obligación. Quiero velar por la institucionalidad de la provincia”. Aunque agregó: “Siempre dije que su detención fue ilegal. Primero la detuvieron después hicieron las causas. Han abusado de las prisiones preventivas".
En los fundamentos del texto, el legislador señala la ampliación del Supremo Tribunal de Justicia como uno de los argumentos para pedir la intervención. "Se amplió de cinco a nueve miembros, mediante la ley N° 5878. De los cuatro nuevos jueces, tres de ellos son del partido radical, el mismo al que pertenece el gobernador", apunta y agrega: "El propósito fue políticamente evidente. Conformar una mayoría afín al Ejecutivo, vulnerando el principio de independencia del Poder Judicial".
También apunta contra el Ministerio Público de la Acusación como un "órgano para constitucional para el disciplinamiento social e institucional" que "formula imputaciones a quienes no se alinean políticamente al Gobierno de Gerardo Morales" y observa que según el Comité Nacional de Prevención de la Tortura, "las autoridades de Jujuy no han tomado las medidas necesarias par dar cumplimiento cabal a las recomendaciones de la CIDH, ratificadas por la Corte Suprema".
La detención de Milagro Sala es uno de los casos que abrió dentro del gobierno nacional el debate en torno a la existencia, o no, de "presos políticos", avivado por las declaraciones del presidente del máximo tribunal provincial que declaró muy suelto de cuerpo que Milagro no está detenida por haber cometido delitos, sino para evitar reclamos populares.
Esta semana, el presidente Alberto Fernández subió un video a las redes en el que avaló el concepto de “lawfare” usado por Cristina Kirchner y habló de “persecución y detención arbitraria de opositores” durante el gobierno anterior. En la edición del video aparece una imagen de Milagro Sala.
La reacción de la oposición
El primero en salir a cuestionar fue el presidente de la bancada de Juntos por el Cambio en Diputados, Mario Negri. "Ahora un senador del PJ, Guillermo Snopek, presentó un proyecto de ley para intervenir el Poder Judicial de #Jujuy y dotar de impunidad a Milagro Sala y su red de corrupción. ¡No permitiremos el avasallamiento de las instituciones democráticas y de toda una provincia!", escribió en su cuenta de Twitter olvidando mencionar que la justicia jujeña es en realidad la 'justicia radical jujeña'.
Lo siguió su par del Senado, Luis Naidenoff, quien tampoco parece haberse enterado que su correligionario, el presidente del Supremo Tribunal de Justicia jujeño declaró que no no hay pruebas de culpabilidad de Milagro Sala, escribió: "Volver recargados... se presentó en el Senado el proyecto para intervenir el Poder Judicial de Jujuy. Un capítulo más en su intento por atacar la independencia de los jueces para garantizar la impunidad de Milagro Sala".
Por su parte, el presidente de la UCR a nivel nacional, Alfredo Cornejo, sacó un comunicado de respaldo a Morales. "El Frente de Todos busca impunidad para gobernar. No vamos a avalar la defensa de los corruptos. La única finalidad de esta presentación es la defensa de aquellas personas que se han enriquecido a costa del estado. La presentación configura un claro ataque a la república, al federalismo y a la autonomía de la provincia de Jujuy", plantea el texto.
El radicalismo parece carecer de brújula democrática y desde una posición que roza el paroxismo del cinismo pretende que existe justicia en Jujuy, cuando en realidad el poder judicial de la provincia se privatizó en beneficio de su partido que ocupa casi todos los puestos en la misma, y comparte solo unos pocos con aliados derechistas.
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