En una nota enviada al ministro de seguridad de la provincia de Buenos Aires Sergio Berni, la Comisión Provincial por la Memoria (CPM) denunció más de una decena de casos de violencia policial que relevó durante la cuarentena.
Estos hechos de abuso por parte de las fuerzas de seguridad, en su despliegue para controlar el cumplimiento del aislamiento, tuvieron como víctimas en su gran mayoría a niños, niñas y jóvenes de los barrios más pobres, y trabajadores informales o desocupados que estaban en la calle para proveerse la comida diaria. La CPM pidió mayor control sobre el accionar de las fuerzas de seguridad y que se investiguen y sancionen estos hechos de torturas o malos tratos
La CPM, relevó durante los últimos días 15 hechos de violencia policial en territorio bonaerense que afectaron al menos a 40 víctimas.
Uno de esos episodios, que tuvo repercusión en los medios de comunicación, ocurrió en Isidro Casanova, La Matanza donde agentes de la Policía Bonaerense obligaron a seis jóvenes a hacer saltos de rana y flexiones, después los hacen cantar el himno. Durante los seis minutos que dura el video, los policías repiten amenazas con un tono aleccionador.
Otro de los hechos ocurrió durante la noche del 23 de marzo en Altos de San Lorenzo, La Plata. Un joven estaba en la vereda intercambiando alimentos con un vecino, cuando escucha el grito amenazante de la policía para que se meta adentro, unos 20 efectivos ingresaron al domicilio sin orden judicial disparando con balas de gomas y propinando golpes a los habitantes. El joven y su hermano de 16 años fueron detenidos.
En la nota dirigida al ministro de seguridad Sergio Berni, la CPM remarcó que, en el marco del aislamiento social, preventivo y obligatorio, “el Estado tiene atribuciones para limitar la libertad ambulatoria en la medida que esto no implique un cercenamiento ilegal o arbitrario de otros derechos tales como la vida, la integridad física, la salud”.
La CPM también señaló que, “en todos los casos, se tratan de hechos ocurridos en barrios pobres y que las víctimas fueron en su gran mayoría niños, niñas y adolescentes o personas desocupadas o que deben circular para conseguir la comida diaria”.
En las consideraciones realizadas al ministro de seguridad, la CPM reclamó que el Estado provincial imparta directivas claras a los funcionarios policiales y de fuerzas de seguridad, que se encuentran operando en su territorio, para evitar la repetición de estos hechos.
A la par de estas medidas de prevención, el Estado Provincial debe promover la investigación inmediata y efectiva de los casos que se denunciaron, procediendo a las sanciones administrativas que correspondan.
“La situación de emergencia sanitaria por el coronavirus y la medida de aislamiento social, preventivo y obligatorio de ninguna manera habilita el uso irracional, desproporcionado e ilegal de la fuerza. Tal como está garantizado por la Constitución Nacional y tratados internacionales, la prohibición de la tortura, los tratos o penas crueles, inhumanos y degradantes no puede ser derogada, incluso en circunstancias excepcionales y emergencias”, expresaron desde la CPM.
(ANDAR)
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