El congelamiento de precios de las comunicaciones hasta fin de año y la categorización como servicio público esencial a internet, tv paga y móviles constituye un "cambio copernicano", afirmó Claudio Boada, de la Unión de Usuarios y Consumidores.
"Esta declaración de servicio público, donde el Estado recupera herramientas de control y regulación de precios, calidades, tipo de servicio y universalidad, nos abre una puerta a una transformación muy grande, es un cambio copernicano", dijo Boada a Télam.
"Estamos en un escenario totalmente distinto al de hace dos días, donde las asociaciones pensábamos cómo hacíamos para llevar nuestro mensaje", agregó.
Según la ONG, "la declaración de servicio público es algo que veníamos pidiendo hace años; hubo avances regulatorios en la época del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner y después hubo un claro retroceso dejando esto en la libertad del mercado".
En tanto, desde parte de la oposición cuestionaron la medida porque sostienen que alejará inversiones y pondrá más obstáculos a pymes para seguir sobreviviendo.
Boada aseguró que desde la asociación anhelan "que los consumidores también tengan una participación en la fijación de regulación de precios", por lo que van a pedir hacerlo y que "el servicio mínimo que se establecerá por reglamentación tenga un piso alto, no bajo; no igualemos para abajo, sino para arriba".
Asimismo, apoyó el congelamiento de tarifas para estos servicios hasta el 31 de diciembre, ya que "se venía un aumento que ya habían anunciado a partir del 31 de agosto".
"En medio de este momento, en el cual la gente tiene su bolsillo mas chico, aumentar tarifas de algo tan necesario como es en este momento internet y levantar trabas para que la gente no use esos servicios, era un problema", remarcó.
La Unión de Usuarios y Consumidores integra la Comisión de Usuarios de Servicios de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (Custic), agrupación de 26 asociaciones que también manifestó hoy su apoyo el decreto 690/2020.
En un comunicado, la Custic recordó que en mayo pasado, ante el aumento de hasta 35% en los planes y servicios de las empresas de telefonía fija, móvil, internet y televisión por cable, expresaron su rechazo y reclamaron que se declare a los servicios mencionados como Servicios Públicos de carácter esencial.
"Esta decisión del Gobierno nacional es una medida anhelada desde hace más de una década por las Asociaciones de Usuarios y Consumidores que hoy finalmente, se transforma en realidad", afirmaron.
Por ésto convocan a los usuarios "a manifestar su apoyo a lo que constituye una medida trascendental para garantizar el derecho humano a las Tecnologías de la Información y de las Comunicaciones, para el desarrollo de una sociedad más igualitaria, garantizando el acceso de todas las personas a dichos servicios".
Por su parte, la secretaria de Innovación Pública, Micaela Sánchez Malcom, explicó en diálogo con Télam que "el decreto obedece a un compromiso y a una política de garantización del acceso a los servicios de parte del Estado".
Sánchez Malcom agregó que la norma "restablece herramientas de negociación y regulación que el Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom) ya tenía y abre la mesa de discusión en torno de cuáles deberían ser los topes de los aumentos".
La funcionaria precisó que la reglamentación del decreto publicado anoche estará en manos del Enacom y que en su visión los grandes operadores "son actores fundamentales" pero "en el universo de las comunicaciones, la charla y la articulación incluye a todos los actores", en referencia a las pymes y cooperativas del sector.
Respecto de los precios, confirmó que los vigentes "son los que se mantendrán hasta el 31 de diciembre" y señaló que "no debería ocurrir" que lleguen facturas con aumentos.
En este sentido, indicó que los usuarios que reciban incrementos deberán recurrir a los organismos de defensa del consumidor, a la defensorías del Pueblo y del Público.
El congelamiento de los precios se dispuso a una semana de que las empresas de telefonía móvil, internet y televisión por cable aplicaran los anunciados aumentos que iban desde 10 hasta 18%, según los casos.
Por su parte, el titular de la Comisión de Comunicaciones de la Cámara baja, Pablo Carro, afirmó que "es una decisión importantísima que recoge el espíritu doctrinario y los aspectos claves del proyecto que elaboramos con Blanca Osuna".
Agregó que la "si la oposición no se dedicara a bloquear las sesiones virtuales podríamos haber tratado en la cámara los muchos proyectos presentados por radicales, socialistas y nuestros que iban en la misma dirección" que el decreto.
Es decir, que proponían "la declaración de servicio público, la consideración como derecho humano y la facultad del Estado para regular tarifas y establecer planes inclusivos".
"No se podía esperar. La decisión de nuestro presidente no podía ser más oportuna. Recuperamos derechos que (Mauricio) Macri había cercenado por la misma vía", agregó.
En tanto, el senador radical Julio Cobos expresó su conformidad con que la telefonía celular sea calificada como servicio público: "Desde hace años venimos insistiendo con esto".
"Es razonable que si la telefonía fija es un servicio público, también lo sea la telefonía celular por el impacto social que tiene", afirmó el senador por Mendoza en las ultimas horas en su cuenta de la red social Twitter.
Críticas de un sector de la oposición
En cambio, para el exsenador de Cambiemos Federico Pinedo "la estatización de servicios de comunicación viola tratados internacionales y condenaría a la Argentina a no poder salir de la crisis", según publicó en su cuenta de la misma red social.
Por su parte, la expresidenta del Enacom durante el gobierno de Mauricio Macri Silvana Giudici consideró también en Twitter que la medida es un "retroceder a un esquema ultra regulado que espantará competidores y además pondrá más obstáculos a pymes para seguir sobreviviendo".
Desde el Frente de Izquierda, el diputado nacional Nicolás del Caño propuso en diálogo con FM La Patriada ir "a fondo" con los servicios de internet y telefonía celular y que sean estatizados y con una tarifa accesible.
La postura de las empresas
Por su parte, las empresas y cámaras empresariales consultadas por Télam indicaron que están "analizando el impacto de la medida", con la excepción de la cámara de comunicaciones convergentes, cuyo titular, Franco Cecchini, indicó que esperaban una resolución de este tema vía parlamentaria.
Se manifestó "absolutamente de acuerdo en que el Estado tenga un control sobre un servicio esencial como las telecomunicaciones", pero "que lo tenga que hacer a través de un decreto sin conocimiento del sector, sin haber consensuado, es sorpresivo y quizás no es una buena noticia", consideró.
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