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MIentra la justicia brinda prisión domiciliaria a genocidas, una víctima del terrorismo de estado denuncia atentados

(28/09/20 - Lesa Humanidad)-.El empresario Alejandro Iaccarino (foto), quien como el resto de su familia sufriera el secuestro y detención clandestina en el “circuito Camps” durante la última dictadura, denunció haber sido objeto de una serie de atentados consumados en su propio domicilio, a pesar de que desde hace diez años cuenta con custodia permanente de la Gendarmería.

La inutilización de los frenos y neumáticos de su automóvil y cortes no programados del servicio de gas de su domicilio, verificados en una cochera del subsuelo, fueron parte del hostigamiento sufrido en las últimas dos semanas, de acuerdo con la presentación radicada ante autoridades policiales de la ciudad de La Plata.

“Hace diez años, por decisión del juez Corazza, se nos brindó custodia permanente a mi hermano Carlos, a mi esposa y a mí, a cargo de la Gendarmería”, refirió Iaccarino a Télam.

“Pero últimamente, volvimos a ser blanco de un hostigamiento raro. Es como si quisieran decirme ‘entramos en tu casa cuando queremos y hacemos lo que queremos’. Hemos participado con mi hermano Carlos de varios juicios del circuito Camps, donde hubo procesados y condenados, pero parece que ahora hay interesados en que esos juicios no sigan y que los querellantes desistamos o simplemente nos vayamos muriendo, sin justicia”, agregó.

El caso Iaccarino es uno de los 604 hechos de terrorismo de Estado cometidos sobre empresas, revela una investigación realizada por la Secretaría de Derechos Humanos al reabrirse los juicios, en la década pasada.

“Llevamos 39 años de trabajo jurídico. Cuando el juicio por la restitución del patrimonio que nos arrebataron ya podía conducir a los autores intelectuales de los delitos y trabar embargos por más de 300 millones de dólares. el macrismo decidió que la UIF no se presentaría como querellante. Así, dejaron que la última responsabilidad y compromiso económico por el resarcimiento a las víctimas quedara en el Estado”, apuntó Iaccarino.

En ese sentido, el empresario acota que “la Corte tiene que decidir en el recurso extraordinario presentado hace un año y medio".  En el citado expediente, participa como “amicus curiae” el Nobel de la Paz y titular de la Comisión Provincial de la Memoria Adolfo Pérez Esquivel, con quien los Iaccarino compartieron una celda en la U9 de La Plata, durante la última dictadura.

Los tres hermanos Iaccarino estuvieron secuestrados en el centro clandestino de detención "El Infierno", que funcionó en la Brigada de Investigaciones de Lanús, dependiente de la policía bonaerense. Por los delitos de lesa humanidad que se cometieron en ese CCD iba a comenzar el 7 de septiembre un juicio oral y público que se pospuso, y en el cual Alejandro es testigo y querellante.

"Para simplificar, entiendo que quieren unificar el juicio de 'El Infierno' con 'Pozo de Banfield' y con 'Pozo de Quilmes', otros dos centros clandestinos. Pero eso, en lugar de acelerar, va a demorar mucho más la resolución de los juicios, porque son más de 500 testimonios los que hay que tomar, y porque muchos de esos testigos están solicitados en otras causas, ante otros tribunales", remarcó.

"Un juicio unificado –agregó- no va a tardar menos de cinco años en resolverse. Y las víctimas y querellantes no podemos esperar tanto tiempo".

En “El Infierno” están imputados, entre otros, el ex ministro de facto Jaime Smart y los ex comisarios de la Bonaerense Miguel Ángel Etchecolatz, Juan Miguel Wolk y Jorge Rómulo Ferranti.

"Creo que Jaime Smart es responsable de que mi madre perdiera la razón, cuando los tres hermanos estábamos secuestrados. Pasamos por nueve centros clandestinos de detención y fuimos torturados sistemáticamente. Una vez, estuve relatando por siete horas en el Hospital Piñero, ante médicos, psicólogos y antropólogos del Centro Ulloa (para la asistencia a las víctimas de violaciones de los derechos humanos)", manifestó.

Iaccarino cuenta que a él y a su hermano Carlos "nos quemaron el páncreas con la picana" y nos convirtieron en insulino dependientes", entre otros daños ocasionados por la tortura.

"Mi padre no resistió tanto dolor. Mi madre, como le dije, perdió la razón. A mi hermano Rodolfo lo perdimos unos años después de recuperar la libertad. Jaime Smart era la mano derecha de Ibérico Saint Jean, como Etchecolatz era la mano derecha de (Ramón) Camps", afirma Alejandro refiriéndose a quien fuera ministro de Gobierno del régimen de facto en la provincia y al militar genocida que estuvo al frente de la policía bonaerense durante la última dictadura.

Hoy, Alejandro Iaccarino (73) y su hermano Carlos (71), como sobrevivientes de una larga noche de terror que se convirtió en la causa de sus vidas, esperan las sentencias que comiencen a reparar el daño y no pierden la esperanza de reformular el ambicioso Plan Económico Expansivo General que impulsaban a principios de los ’70.

“Con aquel proyecto, proponíamos una economía más humana y solidaria, que acompañara la doctrina social de la Iglesia. Y en ese sentido, nuestra fe y nuestra voluntad no han cambiado", finaliza.

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