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Operativos en cinco municipios por el caso Ayotzinapa

(03/09/20 - México)-.El Comité Científico Asesor que forma parte de la Comisión para Ayotzinapa ha revisado 800 millones de llamadas telefónicas “que permiten su georreferenciación respecto de las antenas de telefonía que cubrían el territorio” de esa parte del estado de Guerrero, con el objetivo “de ubicar zonas de interés, y su relación con los registros de búsqueda de fosas”, durante la búsqueda de los 43 normalistas desaparecidos.

En su Segundo Informe de Gobierno, el presidente Andrés Manuel López Obrador reporta que se han realizado “múltiples operativos de búsqueda en cinco municipios” de la entidad.

Detalla que los trabajos se han hecho en colaboración con la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y la Unidad Especial de Investigación y Litigación del Caso Ayotzinapa de la Fiscalía General de la República.

Recuerda que han sido enviados fragmentos óseos a la Universidad de lnnsbruck, en Austria, “para su análisis e identificación”, además de que se gestionó “la transferencia de la base de datos genéticos de la División Científica a Servicios Médicos Forenses de la Fiscalía General de la República”.

Añade que a partir del pasado 26 de septiembre, cuando se cumplieron cinco años de las desapariciones, el Ejecutivo federal se ha reunido en seis ocasiones con la Comisión de Ayotzinapa, además de familiares de los estudiantes desaparecidos.

En el texto se recuerda que otro evento realizado sobre el tema fue que el gobierno federal emitió un acuerdo ministerial que posibilitará la consulta directa a la investigación por parte de los integrantes del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independiente (GIEI).

“La grave crisis de derechos humanos que atraviesa el país desde hace más de 15 años” llevó a este gobierno a asumir el compromiso de hacer frente a las demandas de verdad, justicia, reparación y no repetición que expresaron tanto las víctimas de estas violaciones como la sociedad en su conjunto.

En el apartado Libertad e Igualdad del Segundo Informe de Gobierno se explica que un primer acto del actual gobierno federal fue la creación de la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del caso Ayotzinapa.

El Presidente de México “asumió como prioridad central el compromiso de esclarecer el caso de los 43. Se propuso romper el pacto de silencio que prolongó la impunidad y que sacudió al país”, afirma.

El informe agrega que el gobierno federal presentó el pasado 13 de julio la actualización y versión pública del Registro Nacional de Personas Desaparecidas o No Localizadas.

Sostiene que entre el 1 de septiembre de 2019 y el 30 de junio de 2020 “se reportaron en el país 38 mil 467 personas desaparecidas”, de las cuales 20 mil 726 son hombres y 17 mil 411, mujeres. En contrapartida en el mismo periodo “fueron localizadas 22 mil 639 personas”.

Tan solo en plena emergencia sanitaria, entre marzo y mayo pasados se registraron mil 260 personas como desaparecidas o no localizadas.

Paralelamente fueron ubicados, “658 sitios de exhumación clandestina, donde se encontró un total de mil 143 fosas y se exhumaron mil 682 cuerpos”. Al día de hoy, sólo han sido identificados 712 de esa cantidad.

Además, informa que “se transfirieron 341. 6 millones de pesos de recursos de la federación a las 24 comisiones locales de búsqueda que los solicitaron”.

Mientras que al día de hoy, las 32 entidades federativas del país cuentan con ley o decreto de creación de su comisión local de búsqueda.

“De éstas, 27 comisiones cuentan con titular, una con delegado, una con encargado de despacho, una está acéfala, asimismo en dos entidades falta nombramiento de la o el titular de la comisión”.

Destaca, entre otras acciones que ha habido sobre el tema de los desaparecidos en México, la creación de un Mecanismo Extraordinario de Identificación Forense (MEIF).

En relación al tema de los presos políticos, detalla que al 30 de junio de 2020 “se recibieron 2 mil 387 casos, entre los que se encuentran ex gobernadores, ex presidentes municipales, activistas sociales y defensores de derechos humanos”. De ese número solo se han logrado 26 liberaciones.

Por Francisco Mejía, Milenio

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