Minutos antes del inicio de la audiencia, el abogado defensor del exmandatario Fernando Ugaz presentó un escrito para informar que Vizcarra se allanaba a la medida a fin de seguir una línea de conducta “no obstruccionista”. Al expresidente se le imputan los delitos de colusión agravada, cohecho pasivo impropio y asociación ilícita para delinquir.
La jueza María de los Ángeles Álvarez Camacho declaró que los elementos de convicción para el pedido realizado por el fiscal Germán Juárez, del equipo especial Lava Jato, quedaron debidamente sustentados. Indicó que existe el peligro de fuga al considerar que el expresidente “tiene ingresos suficientes para abandonar el país”.
Durante su exposición, el fiscal Juárez recordó que Martín Vizcarra fue citado para brindar su manifestación el 3 de noviembre, pero “en una actitud de rebeldía no lo hizo y recién se apersona cuando ha sido vacado”. Acotó que, en aquella oportunidad, el expresidente “no designó abogado ni tampoco dijo dónde debía tomársele la manifestación”.
También dijo que, al haber sido vacado, el exmandatario “resulta ser un ciudadano más que puede ser sujeto no solo a una investigación sino a medidas coercitivas como esta”.
El fiscal Germán Juárez explicó que, si bien el aspirante a colaborador eficaz del caso Lomas de Ilo se acogió al proceso en el 2018, tiempo después se declaró fundado un hábeas corpus en contra de su prisión preventiva. Eso produjo que el investigado quedara en libertad durante un periodo, no obstante, luego se revocó la medida y se solicitó su captura. Es ahí cuando se retoma el proceso con la fiscalía.
En tanto, el abogado Fernando Ugaz, defensa del exmandatario, explicó que Martín Vizcarra no respondió a la citación porque habían dos fiscalías “que se estaban discutiendo la competencia” para investigar el caso, en alusión al despacho del fiscal anticorrupción Elmer Chirre y de Germán Juárez, del equipo especial Lava Jato.
Además, cuestionó que se pida tal medida coercitiva solo por no haber asistido a una citación. Según indicó, luego de que Vizcarra dejara la presidencia, en su “primer día como ciudadano”, presentó sus pasaportes biométrico y diplomático.
Ugaz recalcó que, si bien se están allanando a la medida dispuesta, esto es un hecho “absolutamente simbólico” para que “los sujetos procesales tengan bien entendido que lo que queremos es colaborar con la investigación y demostrar inocencia”.
“Es un acto verdadera y absolutamente simbólico porque la actitud es brindar una línea de conducta de disposición de esclarecimiento de los hechos”, sostuvo.
Según la tesis fiscal, Vizcarra habría recibido un soborno de S/1′000.000 a cambio de la adjudicación de la buena pro del proyecto Lomas de Ilo al consorcio Obrainsa-Astaldi cuando era gobernador regional de Moquegua.
Además, según aspirantes a colaboradores eficaces, el vacado ex mandatario también habría recibido pagos ilícitos por un total de S/1′300.000 por la obra del Hospital de Moquegua, adjudicada al consorcio ICCGSA-Incot.
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