Los críticos consideran que la legislación ayudaría a encubrir posibles abusos como el uso excesivo de la fuerza, una creciente preocupación pública.
El artículo más polémico de la legislación castiga con un año de cárcel y multa, la difusión de la imagen de los miembros de las fuerzas del orden en acción. Los indignados, también afirman que esto aumentaría la impunidad de los agentes de la policía que emplean fuerza para reprimir a manifestantes.
El debate sobre la ley se realiza mientras la policía francesa está bajo la lupa por un ataque racista contra un hombre afrodescendiente.
La paliza propinada por policías a Michel Zecler en París, también provocó la reacción de Macron, quien impulsa la ley de seguridad.
El ataque racista también se produce después del violento desmantelamiento de un campamento informal de inmigrantes en pleno centro de París. Ambos casos fueron revelados por imágenes, filmadas por periodistas y activistas. Causaron consternación entre los franceses, que exigen el fin de la violencia policial en el país.
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