Los esperados juicios contra varios importantes líderes políticos de Perú llegaron por fin a fase oral esta semana, cuando el expresidente Ollanta Humala y su esposa, Nadine Heredia, se sentaron en el banquillo de los acusados.
Humala y Heredia, contra quienes la Fiscalía pide respectivamente 20 y 26 años de cárcel, empezaron a responder por videoconferencia por el supuesto lavado de fondos entregados para las campañas electorales de 2006 y 2011.
Será una prueba de fuego, coinciden expertos. El caso servirá de antecedente para procesos parecidos que tendrán que afrontar otros como los expresidentes Alejandro Toledo y Pedro Pablo Kuczynski y la excandidata presidencial Keiko Fujimori, entre otros.
"El sistema de Justicia tendrá que plantear una hoja de ruta para establecer la interpretación jurídico-penal y la asimilación de los términos de la acusación fiscal", explicó Carlos Rivera, de la ONG Instituto de Defensa Legal, sobre el carácter pionero del juicio.
Será una prueba de fuego, coinciden expertos: el caso servirá de antecedente para procesos parecidos que tendrán que afrontar otros expresidentes y la excandidata presidencial Keiko Fujimori, entre otros.
La fase oral, además, comienza en medio del gran ruido político que afecta a Perú por choques entre Gobierno y oposición, de alertas por supuestos planes de partidos para entorpecer los procesos, de un riesgo real de que la Fiscalía quede acéfala y de un extendido hartazgo popular por la corrupción.
Según la Fiscalía, la pareja montó un esquema para lavar al menos 200.000 dólares dados por el entonces presidente de Venezuela, Hugo Chávez, para la campaña de 2016, en la que Humala, con un discurso próximo al de la Revolución Bolivariana, fue derrotado por estrecho margen por Alan García.
La práctica supuestamente se repitió en 2011, cuando Humala, teniente coronel del Ejército, fue candidato de nuevo, esta vez con triunfo. Las aportantes fueron constructoras brasileñas, en especial Odebrecht, que con al menos 3 millones de dólares buscaron ganar la simpatía del líder del Partido Nacionalista, quien al final hizo un Gobierno liberal-conservador.
Las pesquisas del fiscal del caso, Germán Juárez, apuntan a que fue Heredia quien diseñó el esquema para que los fondos se vieran como producto de otras actividades.
El supuesto protagonismo en el tramado de Heredia, hoy de 45 años, explica por qué el Ministerio Público pide para ella una condena mayor que para su esposo, de 59, quien volvió a ser candidato en 2021 pero llegó apenas a un 1,6 % de votos.
Las investigaciones empezaron en 2015, pero apenas llegaron ahora a la fase oral por la complejidad del asunto. En el entretanto, ambos estuvieron nueve meses en la cárcel entre 2017 y 2018 como medida preventiva. Ahora ella está en prisión domiciliaria desde hace 17 meses, mientras que él tiene algunas restricciones de movimientos.
Rivera resaltó que en este caso las acusaciones no son por corrupción propiamente dicha. Es decir, no es que Venezuela o las constructoras pagaran por favores, sino que dieron fondos que Humala y Heredia prefirieron supuestamente manejar a su antojo.
En las primeras sesiones del juicio presidido por la magistrada Nayako Coronado, el abogado de Humala, Wilfredo Pedraza, defendió la inocencia de su patrocinado, mientras que el de Heredia, César Nakazaki, prefirió atacar los que según él son errores de forma.
Keiko Fujimori
El caso es similar al de Keiko Fujiimori, a quien la Fiscalía acusa de lavar al menos 17,3 millones de dólares entregados por Odebrecht y otras empresas para las elecciones de 2011 y 2016, en las que perdió por poco frente a Humala y Kuckynski (como también le pasó en 2021 con Pedro Castillo).
Según la Fiscalía, Fujimori y dirigentes de su partido de derecha Fuerza Popular (FP), montaron una organización criminal para lavar esos dineros. La Fiscalía también cuenta en este caso con testimonios claves, incluidos los de Marcelo Odebrecht y Barata.
El fiscal del caso, José Domingo Pérez, quien pide 30 años de cárcel para la hoy principal líder de oposición, ha hecho llamados reiterados al aparato judicial para que la fase oral comience a la brevedad posible.
El caso está abierto como investigación desde 2016 y Fujimori, de 46 años, ya estuvo encarcelada por 19 meses como prevención. Ahora está libre pero con restricciones.
Otros casos
La fase oral ha hecho recordar los casos de Toledo y Kuczynski, acusados de recibir dinero ilegalmente de Odebrecht y otras empresas.
El centroderechista Toledo (2001-2006), de 75 años, se encuentra en EEUU a la espera de que se resuelva su extradición, mientras que el derechista Kuczynski (2016-2018), de 83, está bajo arresto domiciliario desde poco antes de que renunciara a la Presidencia.
El dos veces presidente Alan García (1985-1990 y 2006-2011) se suicidó en 2019 cuando las pruebas en contra eran muy graves, mientras que Martín Vizcarra (2018-2020) enfrenta acusaciones relacionadas con su paso como gobernador departamental de Moquegua.
El fugaz Manuel Merino (2020) es acusado, entretanto, por la represión que dejó dos muertos en protestas en su contra, con lo que el único mandatario reciente sin señalamientos es el centrista Francisco Sagasti (2020-2021).
Otros dos expresidentes vivos, Francisco Morales Bermúdez (1975-1980) y Alberto Fujimori (1990-2000), saben de condenas.
El primero, de 100 años, fue sentenciado a cadena perpetua en Italia por participar en asesinatos durante su dictadura. No obstante, nunca pagó prisión, porque Perú no lo entregó.
Fujimori, de 83 años, paga 25 años de cárcel desde 2005 por delitos de lesa humanidad. También recibió varias condenas por corrupción, pero ya las cumplió.
En medio de los procesos, las bancadas más fuertes del Congreso, las del oficialista Perú Libre (PL) y de FP, depusieron esta semana su rivalidad para aprobar en la Comisión de Justicia una reforma que debilita al sistema de colaboración eficaz, básico para desentrañar la corrupción.
Para medios de prensa, el objetivo de FP y PL parece ser favorecer a sus líderes, Keiko Fujimori y Vladimir Cerrón, éste último ya condenado por corrupción y en nuevos procesos relacionados con su paso como gobernador de Junín,
Diversos sondeos dan cuenta de que en Perú hay un malestar profundo por la corrupción, aunque las personas parecen tan habituadas al tema que el inicio del juicio a Humala no ha generado al parecer mucha expectativa en las calles.
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