El ex ministro Smart y los ex comisarios Etchecolatz y Wolk integran la lista de nueve acusados, entre quienes también se encuentra una ex secretaria del Tribunal de Menores N°1 de Lomas de Zamora.
La acusación es por homicidios en el caso de los ex policías y el ex ministro, y de sustracción, ocultamiento de menores y haber hecho incierto su estado civil, en el caso de la ex funcionaria judicial.
El Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°1 de La Plata inició este mediodía el juicio oral a una ex funcionaria judicial, a un ex ministro provincial y a nueve ex policías por dos masacres perpetradas en marzo de 1977 en Almirante Brown y Lavallol -que culminaron con los homicidios de seis personas adultas- y por la apropiación de tres hermanos: Alejandro, María Ester y Carlos Ramírez, de entonces 2, 4 y 5 años de edad. Tras el asesinato de su madre, que fue víctima de uno de los procedimientos, la niña y los niños fueron confinados en un hogar hasta los últimos días de la dictadura por disposición del Poder Judicial, cuyos integrantes -según la acusación- los ocultaron hasta el fin de la dictadura.
La primera audiencia del debate se desarrolló con modalidad semipresencial, pero con mayoría de partes y funcionarios y funcionarias dentro de la sala de audiencias del primer piso de los tribunales federales situados en 8 y 50, de la capital provincial, y fue tramsmitida por el canal de Youtube La Retaguardia. El tribunal está integrado por los jueces subrogantes José Antonio Michilini, Andrés Fabián Basso y Nelson Javier Jarazo. Por el Ministerio Público Fiscal interviene la Unidad Fiscal Federal para causas por violaciones a los derechos humanos durante la época del terrorismo de Estado de La Plata, representada por los fiscales generales Hernán Schapiro y Gonzalo Miranda y Juan Martín Nogueira y Ana Oberlin, como auxiliares fiscales.
Los homicidios que se juzgan en este debate fueron perpetrados en los ataques a domicilios del barrio San José, en Almirante Brown, y Lavallol, Lomas de Zamora, llevados a cabo durante el 15 y 16 de marzo de 1977. Las víctimas de esos hechos fueron María Florencia Ruival, José Luis Alvarenga, Vicenta Orrego Meza de Ramírez -madre de Carlos, Alejandro y María Ester Ramírez-, Pedro Juan Berger, Narcisa Adelaida Encinas y Andrés Steketee. Por su intervención como autores mediatos en esos hechos están acusados el ex ministro de Gobierno bonaerense Jaime Smart; el ex director de Investigaciones de la Policía bonaerense, Miguel Osvaldo Etchecolatz; y el ex comisario y jefe del Pozo de Banfield, Juan Miguel Wolk. Otros cinco ex policías bonaerenses que revistaban en la Brigada de Investigaciones de Lanús están acusados en calidad de autores directos: Roberto Guillermo Catinari, Héctor Raúl Francescangeli, Armando Antonio Calabro, José Augusto López y Rubén Carlos Chavez.
Etchecolatz, Catinari y Francescángeli están detenidos en la Unidad 34 del Servicio Penitenciario Federal que funciona en la guarnición militar de Campo de Mayo, mientras que Smart, Wolk, Calabró, López y Chavez permanecen en prisión domiciliaria, informó la Unidad Fiscal.
Las masacres
De acuerdo con la acusación formulada por el fiscal federal de Lomas de Zamora, Sergio Mola, el 15 de marzo de 1977, poco antes del amanecer, miembros de la Policía y el Ejército rodearon la vivienda precaria, situada en la calle Nother, entre Santa Cruz y Tierra del Fuego, donde vivía Orrego con sus tres niños y a la que hacía pocos días habían arribado sus compañeros de militancia María Florencia Ruibal y José Luis Alvarenga, huyendo de la persecución política. La casa fue atacada a balazos. "Una vez que cesaron los disparos, Vicenta Orrego Meza comenzó a evacuar a sus hijos por la ventana que daba al fondo de la vivienda. Primero salió Carlos –de cinco años- quien fue tomado en brazos por un efectivo. Éste lo pasó a otro y así sucesivamente (en una especie de cadena humana) hasta que lo dejaron solo en medio del baldío lindante", agregó. "Lo mismo ocurrió con María Ester [...]. Por último, egresó por la ventana Vicenta Orrego, llevaba en brazos al menor de sus hijos –Mariano Alejandro de dos años-, además exhibía y agitaba un trapo blanco, comunicando de forma clara, entendible e indiscutible que se estaba entregando. Vicenta fue recibida por el mismo efectivo que había tomado a sus otros hijos quien, luego de conducirla unos pasos hasta el límite de la construcción de la casa, con su arma de puño, de manera artera y sin mediar provocación ni justificación alguna, le disparó a corta distancia en la cabeza provocándole la muerte. Vicenta cayó al suelo con el niño aún en brazos, el cual fue apartado (mediante una patada) del cuerpo de la madre sobre quien, seguidamente, se disparó una ráfaga de ametralladora", describió el fiscal.
Los hermanos quedaron al cuidado de un vecino, a quien la Policía informó que iría a recogerlos. Como nadie apareció a retirarlos, tras una semana el vecino llevó a la niña y los niños a la Comisaría de Adrogué, en donde los derivaron directamente al Tribunal de Menores N°1 de Lomas de Zamora, que estaba a cargo de la jueza Marta Delia Pons. De acuerdo con la acusación, Pons no averiguó las circunstancias en las que los hermanos llegaron a los vecinos ni pidió informes sobre los hechos que derivaron en la muerte de su madre. Tampoco se intentó buscar a sus familiares "porque no había ninguna intención de entregárselos, sino todo lo contrario", entendió la fiscalía. Así, la jueza ordenó que los niños fueran alojados en el Hogar de Belén, donde estuvieron en total seis años hasta que fueron restituidos a su padre Julio Ramírez -quien estaba detenido en la cárcel como preso político desde antes del golpe de Estado y fue liberado en el final de la dictadura- por orden de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y viajaron al exilio, en Suecia, donde actualmente residen.
El 16 de marzo un nuevo operativo del Ejército y la Policía bonaerense -del que se calcula participaron unos 200 efectivos- atacó al mediodía una vivienda de la calle Ascasubi y Camino de Cintura de la localidad de Llavallol, partido de Lomas de Zamora. En ese domicilio estaban el médico Pedro Juan Berger -padre de María Antonia, una de las sobrevivientes de la Masacre de Trelew de 1972-, Narcisa Adelaida Encinas y Andrés Steketee. "Las víctimas se rindieron, salieron de la casa con las manos en alto y fueron acribillados", se indicó en la pieza acusatoria. Luego, pese a que al menos dos de las víctimas fueron identificadas incluso en medios de comunicación, los cuerpos fueron enterrados en tumbas NN en el cementerio de Lomas de Zamora.
Los hermanos Carlos, María Ester y Alejandro Ramírez, en tanto, fueron enviados por la jueza Pons al Hogar de Belén. Allí estuvieron más de seis años, donde -de acuerdo a la acusación- fueron víctimas de diferentes violencias y abusos, ocultados de su familia biológica -que los buscó incansablemente- e incluso sufrieron la alteración de su identidad. Por los delitos cometidos contra la niña y los niños se encuentra acusada la entonces secretaria del Tribunal de Menores de Lomas de Zamora, Nora Susana Pellicer, quien llega al juicio en libertad. En este caso también estuvieron acusados el "padrino" del hogar, Juan Carlos Milone, la titular del Hogar de Belén, Dominga Vera, y la psicóloga que actuaba en el Tribunal, María Teresa Gómez, quienes fueron apartados del proceso por problemas de salud mientras se aguardaba el juicio oral, que se demoró por problemas en la composición del TOF. En efecto, el tribunal, con otra composición, tomó declaración anticipada a los hermanos y a su padre en diciembre de 2017 y la audiencia preliminar del caso se llevó a cabo el 21 de septiembre pasado.
En la acusación, la fiscalía imputó a Pellicer haber sustraído y ocultado a los hermanos a partir del momento en el que fueron entregados en el Tribunal de Menores N° 1 de Lomas de Zamora, impidiendo que su familia -su padre y su tía paterna Lucila Domínguez- conociera su paradero. Además, agregó, "una vez que ambos parientes determinaron que los niños estaban dispuestos por el Tribunal de Menores, activa e ilegítimamente impidieron no solo la restitución a su progenitor y tía que los estaban buscando y reclamando, sino que también les vedaron (a ellos y a los niños) cualquier tipo de contacto". También les imputó haber tornado incierto el estado civil de la niña y los niños. La fiscalía acusó a Pellicer en grado de partícipe primaria de esos delitos, pero luego el Juzgado Federal la elevó a juicio como partícipe secundaria.
En la audiencia de apertura se leyeron las partes pertinentes de las piezas acusatorias de las dos causas que llegan a juicio unificadas: la relativa a los hechos en el Hogar de Belén y la relacionada con los homicidios en los procedimientos previos. Luego, el defensor público oficial de Pellicer, Gastón Barreiro, planteó, al momento de debatir las cuestiones preliminares, la nulidad parcial de la acusación en torno al delito de sustracción de los hermanos, porque entendió que se había violado el principio de congruencia en el requerimiento de elevación a juicio al acusar por ese crimen. Cuestionó además el grado de participación que le otorgó provisionalmente la fiscalía en la pieza acusatoria. Las partes querellantes -la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación y la familia Ramírez- contestaron que la petición se encontraba precluida, pues indicaron que había sido resuelta en anteriores instancias. La fiscalía, en tanto, sostuvo que la defensa reeditó un planteo y asimismo remarcó que se trata de un cuestionamiento a la calificación de los hechos que deberá debatirse a lo largo del proceso, pues la plataforma fáctica se mantuvo inalterada en todas las instancias. El tribunal oral dispuso un cuarto intermedio hasta el viernes 11 de marzo a las 12.00, cuando dará a conocer la resolución y continuará con el debate.
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