El documento, llamado “Reflexión sobre las actuaciones del Ejército y sus integrantes en los últimos 50 años y sus efectos en el ethos militar”, constituye la primera vez en que la institución castrense condena la acción de militares durante el periodo comprendido entre 1973 y 1989.
El trabajo de análisis y discusión “fue realizado desde una perspectiva eminentemente institucional o del quehacer militar” e incluyó inicialmente investigación y jornadas de exposición y debate con el Cuerpo de Generales”, mientras que posteriormente contó “con el trabajo de un equipo de profesionales militares bajo la supervisión directa” del general Martínez, indica el informe.
Condenas a actos realizados en dictadura
El documento indica que la “Caravana de la Muerte” -comitiva del Ejército que recorrió el país en dictadura, y que asesinó y desapareció a opositores-, liderada por el general Sergio Arellano Stark fue “uno de los episodios más condenables”.
“Hizo un recorrido por diversas guarniciones del norte y sur del país, dejando una huella de ejecuciones que afectó gravemente a la Institución y que significó posteriormente que integrantes del Ejército en su mayoría de baja graduación jerárquica fueran procesados y condenados. Estas personas quedaron desvalidas de apoyo, ya que se asumió que las responsabilidades eran individuales”, apunta el texto.
“La comisión de este general se puede describir como una tarea perfectamente planificada desde Santiago, ejecutada mediante un programa idéntico en cada ciudad, con un comportamiento increíblemente indisciplinado de sus integrantes para amedrentar a personal subalterno de las unidades y dar una orientación velada y disfrazada en terreno, de cómo se debía proceder con el ‘adversario'”, añade.
En esa línea, el texto señala que las “acciones del general Arellano fueron absolutamente ajenas y reñidas con un correcto ejemplo de amor a la patria y al Ejército”.
También calificaron como “vergüenza institucional” el asesinato del ex comandante en jefe, general Carlos Prats -también ex ministro del Interior del ex Presidente Salvador Allende-, y de su esposa Sofía Cuthbert, realizado en 1974 en Buenos Aires, Argentina.
En el asesinato estuvieron involucrados miembros de la DINA. “A pesar que fue realizado por un organismo de seguridad que no pertenecía al Ejército (…) quienes resultaron condenados por la justicia en su mayoría pertenecían a la Institución”, apuntaron.
“Reprochable” e “inaceptable”
“Si bien, la mayoría de las detenciones obedecían a una orden superior, es reprochable que los detenidos hayan sido torturados, como lamentablemente ocurrió y más aún el hecho que algunos hayan sido ejecutados sin que existiera un debido proceso judicial, como estaba expresamente dispuesto en el Código de Justicia Militar de 1944”, comenta el Ejército en el documento.
“Estas situaciones provocaron un grave daño al prestigio de la Institución”, enfatizaron.
Asimismo, tildaron de “inaceptable” que “no se hayan entregado los cuerpos a sus familias en todos los casos para que pudieran ser sepultados según sus creencias. Este aspecto, ha sido uno de los más determinantes en las imputaciones que se le hacen al Ejército, que hasta el día de hoy tienen los distintos organismos de derechos humanos”.
Además, mencionaron que las acciones en que estuvo involucrada la Dirección de Inteligencia del Ejército (DINE) en la época merecen “el más enérgico repudio”.
“Los tribunales de justicia comprobaron más tarde la participación de algunos integrantes de esta repartición institucional en los hechos que provocaron la muerte del líder sindical Tucapel Jiménez, ocurrida en febrero de 1982 y del químico Eugenio Berrios en noviembre de 1992”, explicaron.
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