Ante el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°2 de San Martín, comenzó ayer el alegato del Ministerio Público Fiscal en el juicio a cinco presuntos responsables de “vuelos de la muerte” que partían de Campo de Mayo. En el debate se investiga la participación del ex jefe de Institutos Militares de Campo de Mayo, Santiago Omar Riveros, y de cuatro de sus subordinados en el Batallón de Aviación 601.
En el proceso, el MPF está representado por el fiscal general Marcelo García Berro, a cargo de los alegatos, con la asistencia de Mercedes Soiza Reilly. Actúan además querellas particulares e institucionales, que representan a la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación y a la Subsecretaría de Derechos Humanos bonaerense.
El juicio se centra en los casos de Rosa Eugenia Novillo Corvalán, Roberto Ramón Arancibia, Adrián Enrique Accrescimbeni y Juan Carlos Rosace. Todos ellos fueron secuestrados entre 1976 y 1977, trasladados al centro clandestino de detención "El Campito” ubicado en Campo de Mayo, y allí fueron sometidos a la aplicación de tormentos.
Finalmente y en distintos momentos las víctimas fueron subidas a aeronaves y arrojadas al mar o al Río de la Plata, sus restos aparecieron al poco tiempo en distintos puntos de la costa bonaerense y fueron inhumados como NN en diferentes cementerios hasta que años después fueron identificados por el Equipo Argentino de Antropología Forense.
Junto con Riveros, en el proceso están siendo juzgados el ex comandante de batallón Luis del Valle Arce; su segundo, Delsis Ángel Malacalza; el ex oficial de operaciones de esa dependencia, Eduardo María Lance; y el entonces oficial de personal, Horacio Alberto Conditi. De acuerdo a la acusación fiscal, las desapariciones de las cuatro víctimas ocurrieron en el marco de una asociación ilícita que ejecutó las acciones del plan criminal perpetrado durante la última dictadura.
Las acciones que se imputan a los cinco acusados consistieron en “organizar, planificar y materializar los denominados 'vuelos de la muerte' o 'vuelos fantasmas'. Para ello, recibían a las víctimas que eran trasladadas al Batallón de Aviación 601 de Campo de Mayo.
Allí eran subidas, vivas o muertas, a los aviones y/o helicópteros del Batallón que luego despegaban y durante el vuelo eran arrojadas a las aguas del Río de la Plata y/o al océano Atlántico para que no fueran encontradas, debido a la clandestinidad del accionar desplegado por las Fuerzas Armadas".
Junto a los restos exhumados se halló una soga ubicada alrededor de los miembros superiores e inferiores, lo que permite inferir que las víctimas fueron arrojadas de los aviones con vida y maniatadas con el fin de no poder oponer resistencia.
En su alegato, que continuará el próximo lunes, García Berro destacó que los imputados “formaron parte del engranaje represivo que permitió que los hechos criminales sucedieran y dejaran un número altísimo de víctimas del terrorismo de Estado”.
Para el fiscal, durante el debate se probó también su compromiso previo de eliminar todo rastro posible relativo a las personas a quienes ya se había decidido quitarles la vida en virtud de cómo fue pensado el sistema clandestino y represivo. Por ello, y tal como se afirmó durante la etapa de instrucción, consideró que “resultaba intrascendente que las víctimas estuvieran vivas o muertas cuando fueron arrojadas a las aguas del mar argentino desde los aviones de la muerte, por cuanto el aporte realizado por los imputados fue previo, coordinado, organizado y subsumido en el plan sistemático de exterminio”.
De acuerdo al fiscal, los cuatro hechos juzgados tienen en común la sistematicidad en los secuestros, la presencia de las víctimas en el centro clandestino ubicado en el interior de Campo de Mayo, los tormentos sufridos por las personas y el modo en que dispusieron de sus vidas.
Todas las víctimas fueron secuestradas en zonas geográficas vinculadas a la represión en jurisdicción de la zona de defensa IV, y todas fueron vistas en el centro clandestino conocido como “El Campito”.
Además, estaban ligadas a la militancia política y fueron atormentadas en virtud de esos vínculos políticos. Todas ellas también fueron subidas a aviones que operaban en el Batallón de Aviación de Ejército 601, arrojadas en vuelo a las aguas del mar y sus cuerpos luego hallados en las costas del mar argentino, y en todos los cuerpos se detectó la presencia de rastros compatibles con heridas violentas previas a su muerte.
En la mayoría de los casos, al momento de los hallazgos de los restos óseos de las víctimas, realizados por el Equipo Argentino de Antropología Forense, se constató que junto a los restos se halló una soga ubicada alrededor de los miembros superiores e inferiores, lo que permite inferir que las víctimas fueron arrojadas con vida y maniatadas con el fin de no poder oponer resistencia alguna. Todas ellas presentaron además lesiones y fracturas que fueron ubicadas temporalmente de diez a veinte días antes de su muerte, lo que acredita -indicó el fiscal- que recibieron tormentos y torturas previos a su muerte.
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