El fiscal federal de San Nicolás Matías Di Lello le solicitó al juez Carlos Villafuerte Ruzo la elevación a juicio oral de una causa donde seis militares son acusados de haber cometido crímenes de lesa humanidad. Los hechos investigados ocurrieron en jurisdicción del Área Militar 132, cuya conducción estaba a cargo del Batallón de Ingenieros de Combate 101 de San Nicolás.
El coronel retirado Antonio Federico Bossie, los tenientes coroneles retirados Guillermo Aníbal Piccione y Omar Andrada, el ex subteniente Carlos Manuel Biglieri, el ex oficial inspector Carlos Alberto Tuero y el ex comisario Juan Calixto Perizzotti están acusados de la privación ilegítima de la libertad agravada respecto de 15 personas, las torturas que sufrieron esas víctimas y el allanamiento ilegal llevado adelante en la casa de varias de ellas y de sus familiares, así como también el robo de muebles y objetos.
En el requerimiento, la fiscalía explicó que las detenciones ocurrieron en 1976 en distintas localidades correspondientes a la circunscripción del Área Militar 132. Algunas de las víctimas eran afiliados de la Unión Obrera Metalúrgica e integrantes de la agrupación sindical “Felipe Vallese”. Otros eran militantes de la Juventud Peronista y de la Organización Política Militar “Montoneros”. Tras las detenciones, se los mantenía en cautiverio y se los torturaba dentro de la comisaría Primera de San Nicolás.
“Todos los ilícitos investigados constituyen graves violaciones a los derechos humanos, y como tales merecen ser considerados como crímenes de lesa humanidad, perpetrados en cumplimiento del plan sistemático de represión y exterminio instrumentado durante la última dictadura cívico militar”, resaltó el fiscal Di Lello.
En esa línea, se recordó el fallo de Cámara Federal de Apelaciones de Rosario donde se confirmaron los procesamientos de Bossie, Andrada, Perizzotti y Tuero y se revocaron las faltas de mérito de Piccione y Bigliero. Allí se señaló que hacia 1974 empezó en Villa Constitución, San Nicolás y alrededores “un proceso de lucha de los trabajadores metalúrgicos contra la burocracia sindical de la UOM a través de huelgas, paros y tomas de fábricas”.
Los ex militares están acusados de la privación ilegítima de la libertad agravada respecto de 15 personas, las torturas que sufrieron esas víctimas y el allanamiento ilegal llevado adelante en la casa de varias de ellas y de sus familiares, así como también el robo de muebles y objetos.
“Como consecuencia de ello, comenzó la persecución de aquellos por parte del Ejército y de la policía. Recordemos que en aquel tiempo existía un importante cordón industrial formado por Acindar, Luci –contratista de la anterior-, SOMISA, Metcon, Marathon, RASA, RYCSA, MECAMED, Fiplasto, COPESA, SADE, entre otras. Dentro de ese marco se encontraban las víctimas, quienes trabajaban en algunas de las fabricas mencionadas; militaban política y sindicalmente; y fueron detenidas en distintas localidades de la provincia de Buenos Aires -Ramallo, San Nicolás, Pergamino, La Emilia-; algunas de ellas, perseguidas por su presunta participación en el copamiento de la fábrica Fiplasto de Ramallo, durante el cual habrían matado a varios policías”, indicó el fallo de la Cámara.
Los imputados
El coronel retirado Bossie fue trasladado en diciembre de 1973 al Batallón de Ingenieros de Combate de la localidad de San Nicolás y en ese momento ocupaba el grado de capitán y cumplía funciones como Oficial de Operaciones e Inteligencia hasta diciembre de 1976, cuando fue trasladado a la ciudad de Buenos Aires. Para el fiscal, al ejercer un alto mando dentro del Área Militar 132, era él quien impartía las órdenes para que luego sus subalternos las ejecutasen.
Con respecto al teniente coronel retirado Piccione, para la época de los hechos poseía el grado de capitán y ejercía los cargos de oficial de Logística y oficial de Personal, al mismo tiempo que integraba la plana mayor del Batallón de Ingenieros de Combate 101 de la ciudad de San Nicolás. Según la acusación, al ser jefe de Personal y Logística estaban bajo su responsabilidad “todos los detenidos que se capturaran y la disposición de los medios humanos y materiales (personal a disponer, armamentos, municiones, vehículos, combustible) con los que se efectivizaban los operativos”.
El teniente coronel retirado Andrada fue designado en ese puesto desde el 1º de enero de 1976 y fue reconocido por otras víctimas en las diversas causas tramitadas en la jurisdicción de San Nicolás. Con respecto al subteniente Carlos Manuel Biglieri, para 1976 se desempeñaba como jefe de la “Sección para Operaciones Subversivas” del Batallón de Ingenieros de Combate 101 y del Área Militar 132.
Por último, el oficial inspector Tuero estaba a cargo de la Comisaría Primera de la policía de la provincia de Buenos Aires y es la primera vez que será juzgado. De acuerdo al requerimiento, “se encuentra acreditado que casi todas las víctimas luego de ser secuestradas fueron trasladadas a la Comisaría Primera de San Nicolás, donde permanecieron cautivas y sufrieron interrogatorios bajo torturas”.
Por su parte, el comisario de la Policía de la provincia de Santa Fe Perizzotti estuvo a cargo de la Oficina de Coordinación dependiente del área 212 y de la Jefatura de la Guardia de Infantería Reforzada de la Unidad Regional I (URI) desde enero de 1977 hasta noviembre de 1983.
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