Ambos habían sido convocados a declarar en la causa, pero por los cargos que ocupan optaron por ejercer su derecho a responder por escrito, ante lo cual el magistrado remitió la semana última los pliegos con las preguntas tras consultas a las partes del caso, informaron a Télam fuentes del caso.
El juez envió a Santilli, querellante en la causa, 23 preguntas vinculadas a sucesos ocurridos mientras ofició como vicejefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires en la gestión que encabeza Horacio Rodríguez Larreta.
El legislador nacional por la provincia de Buenos Aires deberá responder sobre aspectos vinculados a su relación con funcionarios del Gobierno nacional durante el macrismo, si hubo "conflictos" con alguno de ellos, si tuvo conocimiento de haber sido víctima del espionaje ilegal y los motivos por los cuales podría haber sido objeto de este ilícito, entre otros aspectos, según fuentes del caso.
Además se le consultó sobre su conocimiento con imputados en la pesquisa, posibles reuniones con alguno de ellos y sus circunstancias.
A la interventora de la AFI se le remitieron 66 preguntas relativas a su función en el organismo y se aclaró que deberá responder relevada de la obligación de guardar secreto en base a la ley de Inteligencia 25520.
Además se pidió la desclasificación de información y que se permita el acceso al juzgado a la misma.
El juez preguntó a Caamaño por una entrevista publicada en el diario "Tiempo Argentino" donde habló del espionaje ilegal, sobre convenios firmados por la AFI durante la gestión de su ex titular en el macrismo Gustavo Arribas, la existencia de órdenes judiciales para realizar escuchas telefónicas o para la posterior destrucción de los audios, entre otros aspectos.
En la causa ya declararon como testigos el exfuncionario del Ministerio de Defensa José Luis Vila, a quien en 2018 le dejaron una caja con explosivos en la entrada de su domicilio.
También el hermano del ex presidente Mauricio Macri, Mariano Macri y el suspendido juez de Avellaneda Luis Carzoglio
A este último se lo convocó "a fin de que se expida acerca de posibles reuniones que pudo haber mantenido con Alan Ruiz y Juan Sebastián De Stefano", dos exfuncionarios de la AFI imputados en la causa.
En la causa estuvieron procesados los exresponsables de la AFI en el macrismo, Gustavo Arribas y Silvia Majdalani, junto a exjerárquicos del organismo y exagentes.
Pero cuando el caso pasó a Comodoro Py a pedido de las defensas de los ex funcionarios acusados, la Cámara Federal porteña revisó lo resuelto en la justicia federal de Lomas de Zamora y concluyó que no hubo una asociación ilícita en la AFI, sino que se trató del accionar ilegal "cuentapropista" de un grupo de espías que no fue debidamente controlado por la segunda del organismo, Majdalani.
Arribas, Majdalani y los restantes imputados fueron beneficiados con falta de mérito por este delito.
La exfuncionaria quedó procesada por presunto "incumplimiento de deberes" a raíz de no haber controlado la actividad del grupo de agentes conocido como "Súper Mario Bros" por el nombre de un grupo de WhatsApp que integraban y que sí quedaron con procesamiento confirmado por infracción a la Ley de Inteligencia.
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