Se trata del juicio oral contra el ex intendente de Pilar Nicolás Ducoté, acusado por un caso de corrupción. El caso está en manos del Tribunal Oral Federal 1 de San Martín
El caso había sido elevado a juicio en abril pasado por el juez federal Adrián González Charvay. Después de una serie de planteos, el caso llegó al TOF 1 de San Martín, con asiento en Olivos. Los próximos pasos apuntan a evaluar la causa, definir si se necesita instrucción suplementaria, citar a la presentación de pruebas de las partes y definir cuándo se sustancia el debate oral y público.
En julio de 2021, el juez González Charvay había dictado el procesamiento de Ducoté y de otros ex funcionarios de la intendencia de Pilar y empresarios por el delito de “administración infiel en perjuicio de la administración pública”, es decir por un caso de corrupción. La investigación judicial se abrió en 2019 por las irregularidades cometidas en tres convenios diferentes firmados en 2016 por el ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda y la municipalidad que conducía Ducoté.
La Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA) había analizado los contratos cuestionados. La PIA, que encabeza el fiscal Sergio Rodríguez y se especializada en casos de corrupción, presentó dictámenes con las irregularidades detectadas en los tres casos bajo sospecha. En aquella ocasión, Rodríguez había señalado: “Nos encontramos ante un caso de presunta corrupción definido como aquella práctica desarrollada en las organizaciones, especialmente en las públicas, consistente en la utilización de funciones y medios de aquéllas en provecho, económico o de otra índole de sus gestores”.
En la causa que estuvo a cargo del juez González Charvay y del fiscal federal Sebastián Bringas se analizaron tres acuerdos para los que se derivaron fondos nacionales a la intendencia de Pilar. A uno de los convenios se lo llamó “Microcréditos”. El gobierno nacional mandó dinero al municipio de Pilar para asistir con fondos a vecinos de bajos recursos y en situación de vulnerabilidad social para que hicieran mejoras en casas precarias y además pudieran acceder a servicios básicos de infraestructura como agua potable, cloacas, gas y electricidad.
El segundo convenio fue denominado “Monterrey”. Y tenía como objeto urbanizar y mejorar el barrio pilarense de Derqui, llamado Monterrey. La propuesta era para renovar un corredor central del barrio, proveer agua corriente y cloacas, construir plazas y adecuar veredas, entre otras cosas. La obra afectaba a 141 lotes y sería financiada con fondos nacionales: se destinarían 145.733.567 pesos.
El tercer convenio fue bautizado “Peruzzotti”. Se había propuesto mejorar la infraestructura a partir de la construcción y ampliación de la red cloacal y del emplazamiento de una planta depuradora y una estación de bombeo en el barrio Peruzzotti de la localidad bonaerense de Pilar. La obra fue adjudicada a la firma Tordel S.A. Pero algo sucedió. “Nada de lo relativo a la planta depuradora que fuera licitada y adjudicada por el Municipio de Pilar de la Provincia de Buenos Aires fue construido pero sí certificado y cobrado por la empresa adjudicataria, quien se alzó con la suma de $14.135.30,93…”, se afirmó en el dictamen de la PIA.
Se determinó en la investigación judicial que las obras, cobradas por los contratistas privados, no fueron concluidas. Y que el dinero de los créditos se derivó a una estructura creada para administrar ese dinero. Rodríguez había concluido: “Tales maniobras se llevaron a cabo mediante cuantiosas aplicaciones de recursos y la concreción de los acuerdos necesarios para justificar con obras inexistentes o comisiones indebidas la aplicación de sumas de dinero por las cuales ni el Estado ni la sociedad se vio beneficiada”.
En indagatoria, Ducoté rechazo las imputaciones. Rechazó categóricamente que no se haya realizado una correcta distribución de los recursos girados por Nación y manifestó que se ejecutaron las “acciones necesarias para el cumplimiento del mejoramiento habitacional de los vecinos de Pilar”.
Sin embargo, González Charvay sostuvo que “Nicolás José Ducoté, Juan Pablo Martignone, Federico Leonhardt, Guillermo Horacio Iglesias, Osvaldo Nicolás Caccaviello, Sandra Sosa, Miguel Sergio Russo, Norberto Giulianelli, Gabriel Adrián Lucero y Fernando María Bonafede actuaron en forma mancomunada, coordinada y funcionalmente, en la continuación y concreción de una serie de actos jurídicos que, violando los deberes a su cargo, obligaron y comprometieron abusivamente al erario cuya administración le fuera confiada al primero de los nombrados, generándole en forma directa un grave e irreversible perjuicio patrimonial”. Los camaristas federales de San Martín Alberto Lugones, Marcos Morán y Néstor Barral confirmaron la resolución. Y el caso se envió a juicio.
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