Durante los 18 días de paro nacional, murieron seis personas, 335 resultaron heridas, mientras que se reportaron vulneraciones a los derechos humanos y detenciones forzadas.
"Todos los funcionarios públicos y más el ministro del Interior, tienen la obligación de cumplir y hacer cumplir la Constitución y los tratados de Derechos Humanos legalmente ratificados por el Ecuador", declaró Mario Ruiz, legislador de Pachakutik.
El representante político responsabilizó al ministro de Interior de sucesos perpetrados por las fuerzas militares como el allanamiento de la Universidad Central de Ecuador declarada como Zona de Paz, y otros centros de acopio de asistencia humanitaria.
La Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador y la Confederación de Nacionalidades Indígenas de la Amazonía Ecuatoriana, entes que también convocaron al paro y que actualmente se encuentran en diálogo con el Gobierno, también sostuvieron una petición similar referida al ministerio del Interior.
La actual demanda fue impulsada por organizaciones como la Unión Nacional de Educadores y el Frente Popular, que presenciaron las acciones policiales contra los protestantes.
La iniciativa partió de denuncias realizadas por organizaciones sociales como la Unión Nacional de Educadores y el Frente Popular, participantes en el paro nacional efectuado del 13 al 30 de junio último, por convocatoria del movimiento indígena.
Para llevar a Patricio Carrillo y a Luis Lara ante la Corte, estas organizaciones deben lograr 34 firmas dentro del Parlamento.
El paro nacional en Ecuador se extendió del 13 al 30 de junio para exigir al Gobierno respuestas a 10 peticiones presentadas por el sector indígena desde 2021.
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