En el marco de la causa Vialidad, el fiscal Diego Luciani (foto) solicitó 12 años de prisión para la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner por presunta asociación ilícita y administración fraudulenta.
Según expuso el representante de la Fiscalía, el pedido de condena de la expresidenta está fundado en “la magnitud de los delitos cometidos”, y volvió a sindicarla como la “jefa de una asociación ilícita” en pos de “alcanzar la finalidad de lucro”.
La misma pena solicitó para el empresario Lázaro Báez, el exministro de Planificación, Julio De Vido, y el exsecretario de Obras Públicas, José López.
Durante los alegatos, Luciani mencionó como agravante “su condición de Presidenta de la Nación” cuando se cometieron los hechos.
“La corrupción fue la regla. Se ha creado un auténtico sistema de corrupción institucional”, denunció, y aseveró que el ilícito investigado representa “la maniobra de mayor corrupción del país”.
Para el fiscal, Fernández de Kirchner “defraudó las expectativas de la ciudadanía”, a la vez que reclamó a los jueces una “sentencia justa”.
“Se pondera el lucro personal buscado”, profundizó Luciani, y detalló que en la concreción del supuesto delito “se dispuso de cuantiosos fondos públicos”.
Sobre el rol de Lázaro Báez en la asociación ilícita, valoró: “Se creó un empresario para asegurarse su connivencia”.
En el cierre de los alegatos, Luciani pidió la inhabilitación perpetua para todos los funcionarios acusados y anticipó que demandará el decomiso de los fondos por un monto de más de $ 5.000 millones de pesos, equivalente a casi 1.000 millones de dólares actuales.
Horas antes del alegato, la vicepresidenta había solicitado ampliar su indagatoria de cara a la audiencia de este martes “ante la falta de pruebas en el juicio oral”.
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