Con votos 225 afirmativos, 1 negativo y 0 abstenciones, la Cámara baja dio tratamiento favorable al proyecto que busca reglamentar una solución al problema social generado por aquellas personas que incumplen una resolución judicial o un convenio homologado judicialmente de prestar alimentos a hijos o familiares.
La iniciativa establece que quienes se encuentren comprendidos en el registro, no podrán acceder a una serie de acciones y trámites, como a la apertura de cuentas bancarias y otorgamiento de tarjetas de crédito, inscripciones en los registros de la propiedad inmueble, solicitud o renovación de licencia para conducir, expedición o renovación de pasaporte, entre otros.
“Se ha logrado un acuerdo generalizado, creo que no hay duda sobre la necesidad de la creación de este registro, el derecho alimentario es un derecho fundamental y humano, amparado por la Constitución”, manifestó durante la sesión el diputado del Frente Grande Neuquino, Lucas Godoy.
En tanto, la legisladora radical Carla Carrizo habló de la importancia de contar con la normativa: “Necesitamos nacionalizar la información del registro de deudores alimentarios para ponerla en escena; necesitamos mirar, auditar y exigir a quienes adeudan”.
A su turno, la diputada del Frente de Todos, Jimena López, expresó: “Todos los proyectos sobre este tema tienen una lógica adultocentrista, y nadie habla de las consecuencias en el desarrollo de las niñeces cuando hay una ausencia de responsabilidad parental, como lo es el no pagar la cuota alimentaria”.
De acuerdo a una serie de datos compartidos por los legisladores, “el 75 % de las personas obligadas a pagar la cuota alimentaria no lo hacen”. En lo que respecta a la provincia de Buenos Aires, “6 de cada 10 personas todavía están en litigio judicial”.
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