Un día después de las manifestaciones que congregaron a miles de personas que marcharon en apoyo al mandatario, el parlamento votó un informe que recomienda investigarlo.
El informe fue aprobado con un margen estrecho -11 votos a favor y diez en contra- por la subcomisión encabezada por la expresidenta del Parlamento Lady Camones, en una votación apoyada por el fujimorismo opositor y en la que fue necesario sumar los votos de otras formaciones como Alianza para el Progreso o Somos Perú.
La resolución concluye que Castillo debería ser inhabilitado durante cinco años de cualquier puesto al frente de la función pública tras presuntamente haber cometido los delitos de traición a la patria y haber violado la Constitución al hablar de concederle a Bolivia una posible salida al mar, informa el periódico La República.
Si el informe, con el que la oposición busca inhabilitar a Castillo, es aprobado por la Comisión Permanente, deberá ser tratado por el pleno del Congreso.
La respuesta de Castillo no se hizo esperar y, durante una reunión con dirigentes del distrito de San Juan de Lurigancho, uno de los 43 que conforman la provincia de Lima, el mandatario dijo esperar que el Congreso actúe de acuerdo con el sentir de la ciudadanía y no el de particulares.
"No nos amilana. Nosotros estamos aquí por el país, porque antes que todo está el ciudadano y espero que el Congreso de la República actúe mirando al pueblo peruano, no a las personas", expresó.
El informe
El informe se funda en una controvertida entrevista concedida por Castillo en enero a la televisora CNN en español, en la que no descartó facilitar el acceso al mar de Bolivia si la población lo decide a través de una consulta popular.
"Le consultaremos al pueblo, para eso se necesita que el pueblo se manifieste", respondió el gobernante ante la pregunta de si pensaba que Perú podía darle una salida al mar a Bolivia, como él había afirmado antes de ser candidato y ganar las elecciones en 2021.
"No estoy diciendo que le voy a dar mar a Bolivia", aclaró a continuación, pero sin lograr calmar los ánimos.
El debate ocurrirá a diez días del arribo a Lima de una misión de la Organización de Estados Americanos (OEA) que analizará la aguda crisis política en Perú por los recurrentes choques entre Ejecutivo y Legislativo.
Castillo dijo este viernes que la población "ha dado una respuesta natural y genuina" tras las manifestaciones realizadas en el país en apoyo a su Gobierno.
Durante una reunión en el Palacio de Gobierno con autoridades electas de la región peruana Pasco, el mandatario destacó que los ciudadanos de diversos lugares del país salieron a las calles "sin presiones".
"El pueblo, que se ha manifestado ahora en todo el país, ha salido a defender su propio derecho, ha salido a defender su voto que fue muchas veces y por mucho tiempo ignorado", dijo Castillo, que aseguró que a pesar de "las campañas de demolición contra el Gobierno", la ciudadanía sabe "quién dice la verdad y quién le miente".
La manifestación
Sindicatos y organizaciones acudieron el jueves último a la manifestación denominada 'La toma de Lima' para mostrar su rechazo a las vacancias presidenciales promovidas por el Parlamento, presidido por el derechista José Williams Zapata, y para apoyar la gobernabilidad del país, informó la emisora peruana RPP.
En la capital, la marcha culminó con represión policial y enfrentamientos.
En otro frente judicial del Gobierno, la Fiscalía de Perú solicitó 36 meses de prisión preventiva contra el secretario general de Perú Libre, Vladimir Cerrón, acusado de delitos de blanqueo de capitales y organización criminal.
El líder de la formación a la que alguna vez perteneció Castillo está siendo investigado por irregularidades en la financiación de su formación para las elecciones de 2021, según detalló el fiscal Richard Rojas en declaraciones a la agencia Andina.
La investigación también incluye al congresista de Perú Libre Waldemar Cerrón, y el congresista Guido Bellido.
De acuerdo con la tesis de la Fiscalía, la organización Perú Libre habría sido financiada con dinero ilícito.
Para esto, operadores de confianza de Vladimir Cerrón habrían colaborado en la "ejecución de actos de transferencias y ocultamiento de dinero".
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