La firma de abogados belga Ius Cogens contradijo al Ejecutivo del presidente Guillermo Lasso, que denegó al salvoconducto al considerar que la Convención de Caracas, que regula el asilo diplomático, impide concederlo a una persona condenada por un delito de derecho común.
"Ecuador olvida convenientemente señalar que el artículo IV de la Convención de Caracas establece que corresponde al Estado que concede el asilo determinar la naturaleza del delito o los motivos del enjuiciamiento", afirmó el estudio con sede en Bruselas, en un comunicado.
"Por lo tanto, el Convenio de Caracas deja acertadamente en manos del Estado al que se solicita asilo determinar si la persecución se ajustaba al derecho común o era un mero pretexto para una persecución por motivos políticos", agregó el texto del equipo legal.
Según el estudio Ius Cogens, "Argentina tenía el derecho y el deber de conceder asilo a María de los Ángeles Duarte", quien en 2020 fue condenada a ocho años de cárcel por cohecho dentro del caso sobornos, en el que también fue sentenciado con la misma pena el expresidente Correa, entre otros ex altos funcionarios.
En ese sentido, los letrados se opusieron a la afirmación del Gobierno ecuatoriano de que Duarte tuvo un proceso penal con todas las garantías de un juicio justo", cuya sentencia calificaron de "injusta y degradante, sobre la base de un procedimiento totalmente viciado".
Aunque los imputados niegan los cargos y aseguran que se trata de una persecución judicial ("lawfare") organizada por sus adversarios políticos, la Cancillería ecuatoriana ratificó que el juicio contra Duarte concluyó antes de que el actual Gobierno asumiera el poder en mayo de 2021.
"La señora Duarte fue condenada a una pena de ocho años de privación de la libertad por el delito de cohecho en el caso Sobornos 2012-2016, tras un proceso penal que tuvo todas las garantías legales para su defensa", dijo la Cancillería en un comunicado el martes donde informó su decisión de no dar el salvoconducto.
Además, hizo notar "que el juicio se inició, cursó y concluyó antes del periodo del actual Gobierno" y que "su sentencia causó ejecutoria en septiembre de 2020", por lo que "es evidente que la señora Duarte no ha cumplido su pena".
Por esas razones, la Cancillería ecuatoriana concluyó que "el Gobierno del Ecuador no concederá el salvoconducto para que ella salga del país".
El Gobierno del presidente argentino, Alberto Fernández, había comunicado el 1 de diciembre a la Cancillería ecuatoriana su decisión de conceder el asilo a Duarte, que lleva más de dos años refugiada en la Embajada de Argentina en Quito junto a su hijo menor de edad.
Duarte, que ocupó la cartera de Obras Públicas entre el 19 de febrero de 2015 y el 6 de enero de 2017, se considera una perseguida política y niega los cargos en su contra, igual que el expresidente Correa, que tiene la condición de refugiado en Bélgica, lo que traba una solicitud de extradición de la Justicia ecuatoriana.
Correa, que reside desde 2017 en Bélgica, ha mantenido una estrecha relación con el actual mandatario argentino y con la vicepresidenta Cristina Fernández.
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