Según fuentes asociadas a estas agencias, ya son 4.564 las denuncias por abusos cometidos por la policía en el marco de la moratoria a las libertades constitucionales, sobre todo por parte de mujeres jóvenes detenidas arbitrariamente.
De acuerdo a la plataforma Cristosal, ellas “responden ante estos hechos buscando soluciones para las necesidades inmediatas, pero también para la mejora de las condiciones familiares”, señaló.
La agencia apuntó que la juventud “continúan siendo uno de los sectores de la población más estigmatizado durante el régimen de excepción”, ya que la mayoría de las denuncias de estos organismos multilaterales son por personas de entre 18 y 30 años.
El ente destacó también que la comunidad LGTBIQ+ ha sido víctima de “casos graves de acoso policial, violencia sexual o insultos ejercidos por agentes de seguridad estatal”.
Asimismo, se hizo un llamado a la sociedad civil y a organismos supranacionales en favor de las 254 personas aquejadas por enfermedades crónicas que se mantienen detenidas, sin atención médica adecuada, a pesar de los reclamos interpuestos dentro de los canales establecidos.
El gobierno salvadoreño justifica el establecimiento del estado de excepción, aprobado para viabilizar la lucha contra las bandas criminales, y su política de Control Territorial con la caída del índice de homicidios en 2022 en un 57 por ciento.
Las instituciones que reunieron las denuncias son Cristosal, Amate, Red Salvadoreña de Defensoras de Derecho Humanos, Instituto de Derechos Humanos de la Universidad Centroamérica (Idhuca), Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho (Fespad), Servicio Social Pasionista (SSPAS) y Azul Originario (AZO).
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