La fiscalía inició el 10 de enero una investigación contra Boluarte por los presuntos delitos de "genocidio, homicidio calificado y lesiones graves" durante las manifestaciones antigubernamentales de diciembre de 2022 y enero de 2023 en las regiones de Apurímac, La Libertad, Puno, Junín, Arequipa y Ayacucho.
El día de su comparecencia, Boluarte cumplirá tres meses en el poder tras sustituir en su calidad de vicepresidenta al presidente Pedro Castillo, destituido y detenido el 7 de diciembre por el Congreso de Perú.
Boluarte tiene "toda la voluntad de querer coadyuvar en la averiguación de la verdad y de la investigación en concreto, dijo hoy su abogada defensora Kelly Montenegro al diario El Comercio.
"Si la fiscalía indica que la diligencia va a ser de manera presencial, pues irá de manera presencial", agregó.
"Nosotros vamos a cumplir con todo lo que disponga el Ministerio Público", dijo la letrada.
Boluarte había dicho el viernes, hace dos días, que "estaré asistiendo con sumo agrado para contestar las preguntas que me hicieran", informó la agencia de noticias AFP.
El jefe de gabinete, Alberto Otárola; el exministro del Interior Víctor Rojas; el ministro de Defensa, Jorge Chávez, y el exjefe de gabinete Pedro Angulo, también están incluidos en la investigación a cargo de la fiscal de la Nación, Patricia Benavides.
Maestro rural de 53 años y líder gremial, Castillo cumple 18 meses de prisión preventiva en el penal Barbadillo, una minicárcel para exmandatarios, dentro del cuartel de la Dirección de Operaciones Especiales de la Policía, al este de Lima.
Su caída tras 17 meses en el poder desató violentas protestas que dejan 48 muertos y más de 600 heridos en enfrentamientos con las fuerzas de seguridad.
Desde diciembre pasado, diversas protestas sociales vienen ocurriendo en Perú, en particular en los departamentos de la zona sur andina, y que exigen la renuncia de Boluarte, el cierre del Congreso y adelanto de las elecciones a 2023.
El viernes, al menos 27 personas resultaron heridas en los enfrentamientos entre las fuerzas del orden y los radicales que atacaron varias instalaciones policiales y militares del distrito de Juli, en el sureste de Perú, según las autoridades.
Antes del mediodía, unas 300 personas atacaron con piedras, otros objetos contundentes y bombas incendiarias la comisaría distrital, donde se encontraban 43 efectivos de la Policía Nacional.
Además de otros dos ataques, uno a la Base Militar de Juli instalada en un hotel y otro contra la sede del Poder Judicial.
La represión de las protestas por parte de las fuerzas del orden causó la muerte de unos 60 civiles. Más de 1.300 civiles y más de medio millar de efectivos policiales resultaron heridos desde que estalló la crisis.
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