Hernández retornó tras haber sido indultado en Estados Unidos por el  presidente Donald Trump, medida que puso fin a la condena de 45 años de prisión que había recibido por delitos relacionados con narcotráfico y armas.

A su llegada a Palmerola, el ex mandatario fue recibido por familiares y simpatizantes del Partido Nacional. Hernández también protagonizó un emotivo reencuentro con sus familiares antes de abandonar las instalaciones aeroportuarias.

Su regreso a Honduras ocurre mientras enfrenta un proceso judicial relacionado con el caso Pandora II, en el que el Ministerio Público lo acusa de presuntos delitos de fraude y lavado de activos.

La investigación está relacionada con el supuesto manejo irregular de fondos públicos y señala que recursos estatales habrían sido utilizados para financiar actividades políticas. Según las acusaciones, Hernández habría recibido alrededor de 62 millones de lempiras vinculados con estas operaciones.

La defensa del ex gobernante sostiene que Hernández es inocente y que las acusaciones en su contra tienen motivaciones políticas. Sus abogados habían gestionado que pudiera regresar al país y presentarse ante la justicia hondureña.

Aunque el indulto estadounidense modificó su situación judicial en ese país, no elimina los procesos que Hernández enfrenta en Honduras.

El ex presidente deberá comparecer ante la justicia hondureña en el marco del caso Pandora II. Una audiencia está prevista para el 3 de agosto, fecha en la que deberá responder por los señalamientos formulados en su contra.

Hernández gobernó Honduras entre 2014 y 2022 y fue extraditado a Estados Unidos en 2022, donde posteriormente fue condenado por delitos de narcotráfico y armas. Su retorno al país vuelve a colocar su figura en el centro del escenario político y judicial hondureño.

A través de un comunicado, la dependencia detalló que el embajador de México en Estados Unidos, Roberto Lazzeri, fue el encargado de presentar el pasado 13 de julio un total de ocho querellas ante fiscalías estatales y 12 más ante fiscalías de condado.

Estos recursos jurídicos fueron radicados en las jurisdicciones donde acontecieron las muertes, las cuales abarcan los estados de Arizona, California, Florida, Georgia, Illinois, Luisiana, Misuri y Texas.

En tanto, la cancillería informó que el 14 de julio la embajada mexicana canalizó al Departamento de Justicia de Estados Unidos una denuncia emitida por la Fiscal General de la República, Ernestina Godoy. A través de esta vía, se solicitó formalmente la apertura de investigaciones correspondientes para los 17 decesos y se solicitó una respuesta sobre el curso de las mismas.

ENVÍAN CARTA A LA ONU Y MANTIENEN APOYO A FAMILIARES

Además de la vía judicial, el documento de la SRE detalló que la delegación diplomática sostuvo encuentros recientes con autoridades del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) y directivos del ICE.

En dichos diálogos, el embajador Lazzeri externó la preocupación de México respecto a las condiciones que prevalecen en los centros de detención, “incluidos los operados por empresas privadas, y solicitó el esclarecimiento de cada caso”.

El gobierno federal también elevó el tema a instancias internacionales. El mismo 14 de julio, el secretario Roberto Velasco Álvarez envió una carta a Volker Türk, Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. El objetivo reportado es que la ONU considere recabar información solicitando aclaraciones a Estados Unidos, evalúe la situación bajo los instrumentos internacionales en la materia y formule recomendaciones técnicas para prevenir futuros incidentes de este tipo.

A la par del avance de las denuncias, la Secretaría de Relaciones Exteriores confirmó que la red consular mantiene activa la asistencia a los familiares de las víctimas, la cual incluye acompañamiento legal y apoyo logístico para la repatriación de los restos mortales.

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LA PRESIÓN DE MÉXICO ANTE MUERTE DE MEXICANOS EN EU

El pasado 13 de julio, la presidenta Claudia Sheinbaum informó que la SRE presentaría ese mismo días las denuncias formales ante el Departamento de Justicia estadounidense y diversas fiscalías estatales por el fallecimiento de 17 mexicanos relacionados con el ICE.

En conferencia matutina, la mandataria refirió que entre los casos señalados se encuentra el de un mexicano baleado por un agente del ICE en Houston, ocurrido el 7 de julio, el cual, ya se estaba bajo investigación por parte de la alcaldía y del propio gobierno estadounidense.

Frente a este panorama, la mandataria hizo un llamado a toda la sociedad mexicana y a los partidos políticos para mostrar solidaridad con los connacionales radicados en Estados Unidos.

“Desde mi perspectiva, no es solamente un asunto del gobierno de México, aunque tenemos una responsabilidad en demandar la preservación de la vida y la protección de los derechos humanos de las y los mexicanos en todo el mundo y particularmente en Estados Unidos, sino es un asunto de todas y de todos los mexicanos”, sentenció.

Un día después, la SRE confirmó que ya había presentado las denuncias. Además, informó que se enviaron escritos de cese y desistimiento (cease and desist) a los centros de detención donde han fallecido connacionales, lo que sería la primera acción formal para la eventual presentación de acciones civiles. Al respecto, se precisó que el primero fue enviado al centro de detención de Adelanto, California, en cuyas instalaciones han fallecido cuatro mexicanos.

MÉXICO ENVÍA CARTAS Y EEUU LAS DEVUELVE

En medio de este proceso, el gobierno estadounidense devolvió al embajador mexicano, Roberto Lazzeri, las cartas que México envió a los centros de detención donde han muerto migrantes en operativos del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) o bajo su custodia.

En dichas misivas, se exigía el cese de las acciones que han provocado la muerte de al menos 17 migrantes en lo que va del año, 14 bajo custodia en centros de detención y tres durante operativos migratorios.

Mediante redes sociales, la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental informó que Michael Kozak, un alto funcionario de la dependencia, se reunió en Wahsington con Lazzeri e hizo la devolución de los documentos. También hizo un llamado a que cualquier solicitud o petición se realice por la vía diplomática.

“Kozak devolvió las cartas de México que pretenden dirigir las acciones del personal del gobierno estadounidense que opera en territorio soberano de Estados Unidos. Asimismo, recomendó a México que expresara sus inquietudes por la vía diplomática, como es costumbre”.

Más tarde, la Embajada de México en Estados Unidos respondió a la devolución de las cartas y aseguró que las misivas fueron emitidas “en ejercicio de la función de protección consular”. Además, detallaron que las peticiones también se realizaron por la vía diplomática, tal como lo solicitó la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental de EU y descartaron que haya una intención de México de “dirigir las acciones del personal estadounidense”.

Familiares conmemoraron con un romerío de protesta los 34 años de los asesinatos del caso La Cantuta, perpetrados en 1992 por el escuadrón paramilitar estatal Colina. Los afectados exigen capturar a tres prófugos y reactivar las excavaciones humanitarias, desafiando el complejo panorama político que impone el nuevo gobierno de Keiko Fujimori.

La falta de reparaciones justas y oportunas, sumada a las políticas que favorecen el perdón de los criminales, agrava la deuda pendiente con las víctimas.

Ahora que Keiko Fujimori asumirá la presidencia peruana, los deudos del caso La Cantuta temen un grave retroceso institucional en materia de derechos humanos y justicia.

Por su parte, el dirigente Víctor Mencía añadió: “Nosotros, como la región del trópico de Cochabamba, somos el escudo humano. Y si este Gobierno viene, arremete, interviene en el Trópico de Cochabamba, no solamente va a estar nuestro hermano Evo Morales ahí, va a estar toda la población del trópico de Cochabamba”.

El contexto de las declaraciones viene dado por las medidas alcanzadas por el Gobierno del presidente, Rodrigo Paz, ante la Asamblea Legislativa conforme al Estado de Excepción, un avance que ha sido duramente criticado por el expresidente Evo Morales, quien asegura que es «una licencia para matar».

Orden de aprehensión vigente contra Evo Morales

El Gobierno de Rodrigo Paz promulgó la ley que regula los Estados de Excepción, lo que le permitiría movilizar a militares para desbloquear carreteras, restringir libertades de reunión y movilización, y actuar con presunción de legalidad en intervenciones controladas.

Esta medida responde a más de un mes de bloqueos impulsados por sectores afines a Evo Morales, entre cocaleros, campesinos, COB y otros que exigen la renuncia de Paz. Algunos analistas políticos aseguran que la medida de los bloqueos solo es una estrategia para evitar la aprehensión en contra del exmandatario, «sin importar lo que pase con el resto de la población».

Sin embargo, los cocaleros vinculan estas advertencias a supuestos operativos para capturar a Morales, quien tiene una orden de aprehensión por el delito de trata agravada contra una menor vigente y se resguarda en el Chapare desde el 2024. Rechazan además que el Gobierno asocie sus protestas al “narcoterrorismo”.

Los bloqueos en Cochabamba y rutas clave de movilidad de transporte pesado llevan más de 30 días acumulados en distintos momentos con picos intensos entre los meses de mayo y junio. Cochabamba se ha convertido en epicentro, con decenas de puntos activos que aíslan regiones y afectan corredores logísticos nacionales.

Las pérdidas son millonarias. En cinco meses de 2026, Cochabamba acumuló afectaciones por Bs. 1.932,9 millones, superando todo el daño de 2025. La pérdida diaria estimada ronda los Bs. 87,7 millones en algunos reportes, afectando producción, transporte, comercio, abastecimiento y empleo.

En declaraciones a la prensa desde el muelle habanero, Betsy Díaz Velázquez, ministra de Comercio Interior, agradeció a los gobiernos involucrados por ratificar su disposición de seguir ayudando al pueblo cubano.

La llegada del Asian Katra se suma a una cadena de gestos solidarios que, desde diversas latitudes, confirman el respaldo internacional a la Isla, por lo que esta nueva entrega conjunta evidencia que la hermandad entre los pueblos latinoamericanos y caribeños trasciende a pesar del complejo escenario y se consolida en acciones concretas de cooperación.

Díaz Velázquez valoró la importancia de estas muestras de respaldo en el contexto actual, marcado por el recrudecimiento del bloqueo estadounidense y la compleja situación electroenergética que enfrenta el país.

La titular precisó que el Ministerio de Comercio Interior asume la recepción, transportación y distribución de esta ayuda, y explicó que, pese a la ralentización de algunos procesos provocada por el impacto del bloqueo energético, se han incorporado actores económicos no estatales y modalidades alternativas de transportación, para hacer llegar los recursos a la población en el menor plazo posible.

La cooperación solidaria de México y Belice se inscribe en una tradición de acompañamiento mutuo que refuerza los lazos históricos y culturales con Cuba.

Ambos países han manifestado en reiteradas ocasiones su rechazo al cerco económico impuesto por Washington y han optado por tender puentes humanitarios en lugar de sumarse a políticas de aislamiento.

Cada donativo que arriba a puertos cubanos representa no solo un alivio material para las familias, sino también un mensaje inequívoco de que la Isla no está sola, en medio de las crecientes presiones externas, la solidaridad internacional se erige como un pilar de resistencia y esperanza para el pueblo cubano.

La segunda vuelta presidencial de Perú dejó una de las definiciones más ajustadas de la historia reciente del país. Según el conteo rápido al 100% elaborado por Ipsos, Roberto Sánchez obtuvo el 50,3% de los votos válidos frente al 49,7% de Keiko Fujimori, una diferencia mínima que mantuvo la incertidumbre durante toda la jornada electoral.

Mientras el conteo oficial de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) avanzaba durante la noche, las tendencias preliminares mostraban una disputa extremadamente pareja entre el candidato progresista y la dirigente del fujimorismo, que buscaba llegar por cuarta vez a la presidencia peruana.

Una jornada marcada por la expectativa

Más de 27 millones de peruanos estuvieron habilitados para votar en una elección que definirá el rumbo político del país tras años de inestabilidad institucional, crisis económicas y cambios presidenciales permanentes.

La jornada transcurrió sin incidentes de magnitud y con una participación elevada. Desde temprano, tanto Sánchez como Fujimori emitieron su voto y llamaron a la ciudadanía a concurrir a las urnas.

La expectativa se concentró en las últimas horas del día, cuando comenzaron a conocerse los primeros datos de boca de urna y posteriormente el conteo rápido, que mostró una diferencia dentro del margen de error estadístico.

Qué dijo Roberto Sánchez tras conocerse las primeras tendencias

Luego de difundirse los resultados preliminares, Roberto Sánchez celebró la ventaja obtenida y sostuvo que se abría una nueva etapa política para Perú.

"Este día empieza el hito constructivo para acabar con el pacto mafioso", afirmó el candidato ante sus seguidores, en referencia a la coalición política y económica que, según denunció durante la campaña, condicionó la gobernabilidad del país durante los últimos años.

El postulante evitó proclamarse ganador antes de la finalización del escrutinio oficial y pidió prudencia hasta conocer los resultados definitivos.

La reacción de Keiko Fujimori

Por su parte, Keiko Fujimori reconoció la estrechez de la elección y aseguró que respetará el resultado oficial emitido por las autoridades electorales.

"Sea cual sea el resultado, lo reconoceremos e instamos a que nuestro competidor Roberto Sánchez haga lo mismo", expresó la candidata durante una conferencia de prensa.

La líder de Fuerza Popular buscó transmitir tranquilidad a sus votantes y destacó la necesidad de preservar la estabilidad institucional independientemente de quién resulte finalmente electo presidente.

Por qué esta elección es clave para Perú

La elección presidencial de 2026 fue presentada por numerosos analistas como un punto de inflexión para un país que tuvo nueve presidentes en apenas una década y que atravesó sucesivas crisis políticas desde la destitución de Pedro Castillo en 2022.

La confrontación entre Fujimori y Sánchez reflejó además dos proyectos políticos muy diferentes: por un lado, el retorno del fujimorismo al poder; por el otro, una propuesta identificada con sectores progresistas, sindicales y de izquierda que buscó canalizar el descontento social acumulado en los últimos años.

Con una diferencia de apenas seis décimas según el conteo rápido, el resultado definitivo dependerá del avance del escrutinio oficial y del conteo de votos provenientes de regiones alejadas y del exterior.

¿Quién ganó la segunda vuelta en Perú?

El conteo rápido de Ipsos otorgó una ventaja a Roberto Sánchez con el 50,3% de los votos frente al 49,7% de Keiko Fujimori, aunque el resultado oficial seguía en proceso de consolidación.

¿Cuánta diferencia hubo entre los candidatos?

Según el conteo rápido, la diferencia fue de apenas 0,6 puntos porcentuales, una de las más estrechas registradas en elecciones presidenciales peruanas.

¿Cuándo se conocerán los resultados definitivos?

La ONPE continuará procesando las actas electorales hasta completar el escrutinio oficial, especialmente las provenientes del exterior y de zonas rurales de difícil acceso.

El tema es que mientras Sánchez plantea un indulto al Presidente Castillo, derrocado por un golpe palaciego del poder legislativo, que cuenta con un apoyo popular muy por encima del cincuenta por ciento de la población, mientras que Fujimoripropone la reivindicación de su padre Alberto, el autócrata responsable de actos de genocidio y miles de castraciones compulsivas durante su gestión al frente del país.

El conteo en esta segunda vuelta, como es habitual en Perú, permitió el festejo de los militantes ultraderechistas durante el primer tramo merced a la alta afluencia de sufragios emitidos en zonas céntricas, pero el panorama comenzó a opacarse lentamente a medida que iban llegando los resultados del Perú profundo, trabajadores rurales, comuneros y campesinos que fueron emparejando los números hasta llegar, con un envión final a ponerse a solo tres mil votos de distancia con un 7 % de votos por escrutar, aunque todos ellos de sectores que apoyan masivamente al candidato de la izquierda lo que hace suponer un ajustado triunfo de Sánchez en el sprint final.

No obstante esto, la resolución final podría demorar varios días, ya que aún falta escrutar aproximadamente 1,2 millones de votos y resolver cerca de 500.000 votos impugnados u observados. La proclamación oficial del ganador recaerá en el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), proceso que se estima podría concluir recién en el mes de julio.

Un Congreso bicameral y fragmentado

Independientemente de quién asuma la presidencia, el próximo mandatario deberá gobernar con un Congreso bicameral (130 diputados y 60 senadores) marcado por la ausencia de mayorías absolutas.

Fuerza Popular se posiciona como la primera minoría en ambas cámaras, lo que otorgaría a Fujimori un respaldo importante si logra sumar apoyos de sectores afines como Renovación Popular. Por su parte, Roberto Sánchez enfrentaría una posición más débil, obligado a tejer alianzas más amplias con espacios como el Partido Cívico Obras y Ahora Nación.

En este tablero, el Partido del Buen Gobierno (centro) surge como el actor decisivo para garantizar la gobernabilidad y alcanzar los quórums necesarios para legislar.

*Director de Reporte Sur, Coordinador de CoPLa (Comunicadores Populares de Latinoamérica)

Las marchas fueron convocadas por la Confederación de Estudiantes de Chile (Confech), tanto en Santiago como en varias ciudades del país, para que el movimiento estudiantil defienda sus derechos y exija al Ejecutivo respuestas concretas a sus demandas.

Los manifestantes -entre los que además se encuentran representantes del Colegio de Profesores, parvularias y organizaciones sociales– se reunieron en Plaza Baquedano, también conocida como Plaza Dignidad y comenzaron a desplazarse de manera pacífica hacia el poniente, sin embargo, el paso fue detenido a la altura de la Alameda con calle Londres por un fuerte cerco policial.

Posteriormente, a altura de la estación de Metro Universidad Católica, la marcha comenzó a ser dispersada por los agentes de Carabineros.

En los registros compartidos en redes sociales por cuentas como Piensa Prensa (@PiensaPrensa) se puede apreciar que los estudiantes están siendo violentamente reprimidos por los uniformados mientras protestan por los recortes aplicados por el mandatario de ultraderecha.

Una de las imágenes compartidas expone el momento en que los carabineros detuvieron a una de las estudiantes que participaba en la marcha en el centro de Santiago y que se encuentra visiblemente golpeada y ensangrentada, mientras otros lanzaban gases contra un grupo de manifestantes.

Desde Piensa Prensa también denunciaron que los efectivos de institución policial están utilizando perros supuestamente adiestrados para dispersar a los estudiantes que comienza a reagruparse frente al palacio de La Moneda, el Centro Gabriela Mistral (GAM) y la Plaza Baquedano.

Los estudiantes universitarios también están siendo víctimas de la represión de Carabineros, que arremetió contra un grupo que s encontraba frente a la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile en Pío Nono.