El proceso de licitación comenzará el 1 de enero de 2026, luego de extender por última vez las concesiones actuales, vencidas desde 2023. Neuquén y Río Negro lograron asegurar un canon por uso del agua.

Las centrales involucradas son Alicurá, El Chocón-Arroyito, Cerros Colorados y Piedra del Águila, que en conjunto aportan entre el 10% y el 15% de la generación eléctrica del país. Según el Ministerio de Economía, la venta de acciones podría dejar entre 400 y 500 millones de dólares en las arcas del Tesoro, un ingreso que el Ejecutivo considera clave para reforzar reservas del Banco Central.

El esquema definido por la administración de Javier Milei prevé una concesión privada por 30 años, bajo supervisión estatal. Mientras tanto, las operadoras actuales, AES, Enel, Orazul Energy y Central Puerto, deberán presentar una carta de adhesión para seguir a cargo de las represas hasta fin de año o hasta que se concrete la adjudicación.

La decisión llega tras una larga serie de prórrogas iniciadas en julio de 2023 y resistidas por los gobiernos de Neuquén y Río Negro, que reclamaron participación directa en la gestión y en los beneficios por el uso del recurso. El entendimiento político alcanzado recientemente les permitirá cobrar un canon del 1% a cada provincia, aunque no logró frenar la privatización.

Desde la Secretaría de Energía anticiparon que los pliegos licitatorios incluirán exigencias ambientales y controles sobre el manejo de embalses, además de mecanismos de compensación por eventuales impactos. La licitación, según fuentes oficiales, buscará replicar el modelo aplicado en los años noventa, combinando capital privado con regulación nacional.

Las represas del Comahue fueron concesionadas originalmente en 1993 durante el gobierno de Carlos Menem. Tras el vencimiento de los contratos, en agosto de 2023, el Estado optó por sucesivas extensiones transitorias. Con el nuevo decreto, el Ejecutivo deja atrás ese esquema y avanza hacia una nueva etapa marcada por el ingreso de nuevos jugadores al negocio hidroeléctrico.

Uno de los proyectos declara a AySA como “empresa de interés público y estratégico para el desarrollo humano” y prohíbe expresamente “cualquier intento de privatización, concesión o cesión de su capital accionario”, indicaron desde el bloque de UxP en la Cámara Alta en un comunicado.

La iniciativa también establece que cualquier “modificación del objeto de la empresa” o “desprendimiento” de activos deberá contar con mayoría agravada de dos tercios en el Congreso.

“El agua es un recurso natural escaso y estratégico, y es un derecho humano del cual dependen la vida, la salud y el desarrollo de nuestro pueblo”, sostuvo De Pedro. Y agregó: “AySA no es sólo una empresa: es salud pública y desarrollo para millones de familias”.

Estas iniciativas cuentan con el respaldo de once senadores del bloque Unión por la Patria.

El senador también presentó un proyecto de declaración que repudia los decretos presidenciales 493 y 494/25, que habilitan la venta de la empresa, y advierte que “constituyen un retroceso en la protección del derecho humano esencial de acceso al agua potable segura y al saneamiento cloacal”.

El mismo parte de prensa sostiene que, durante su estatización, AySA logró extender el acceso al agua potable a más de 4,5 millones de personas y a la red cloacal a 3,6 millones, con una cobertura actual del 85% en agua y del 70% en saneamiento.

La postura de UxP está plasmada en un proyectado de declaración diseñado por las legisladores Sabrina Selva y Victoria Tolosa Paz, y respaldado por el jefe del bloque, Germán Martínez, y una veintena de diputados, entre los que figuran Leopoldo Moreau, Eduardo Valdés,  Leandro Santoro, Paula Penacca, Carlos Castagneto,  Roxana Monzón, Marcela Passo y Ramiro Gutiérrez, entre otros.

Por medio del Decreto de Necesidad y Urgencia N.º 494/2025,  el Gobierno autorizó el procedimiento "para la privatización total de Agua y Saneamientos Argentinos S.A. bajo la modalidad de venta de la totalidad de las acciones de titularidad del Estado nacional, cuyo porcentaje asciende al noventa por ciento (90 %) del capital social de dicha empresa”.

En los fundamentos del proyecto, UxP señaló que el Gobierno modificó por  DNU "sustancialmente" el marco legal con el objetivo de "habilitar la privatización de la concesionaria estatal Aguas y Saneamientos Argentinos S.A., alterando disposiciones clave del Decreto 304/2006 –ratificado por la Ley 26.100– que hasta ahora garantizaban un capital mayoritariamente estatal e intransferible".

"Este decreto, lejos de reunir los presupuestos constitucionales que habilitan el dictado de normas por fuera del trámite legislativo ordinario, constituye un fraude a la ley suprema. No contiene ninguna circunstancia excepcional ni sobreviniente que abastezca el requisito de necesidad, y mucho menos puede alegarse una situación de urgencia que impida el normal funcionamiento del Congreso de la Nación", señaló.

Destacó que "se trata, por el contrario, de una modificación estructural del régimen legal vigente, orientada a desguazar las condiciones de control público sobre un servicio esencial como el agua potable y el saneamiento, sin habilitación del Parlamento y sin participación democrática alguna".

Dijo que el "el verdadero objeto del DNU es habilitar la enajenación de las acciones en manos del Estado Nacional (ENA), lo que produce un doble efecto de altísima gravedad institucional: por un lado, facilita la transferencia de una empresa estratégica a intereses extranjeros, y por el otro, busca hacerse de recursos de corto plazo para sostener políticas  fiscales y cambiarias regresivas, como la provisión de un dólar barato para sectores concentrados".

"El fraude en los fundamentos del decreto se hace evidente: no hay una sola justificación vinculada con la mejora del servicio de agua y saneamiento, sino únicamente una necesidad financiera y un alineamiento con intereses de privatización sin debate parlamentario, en contraposición directa con el modelo legal vigente y con la finalidad de los convenios tripartitos que dieron origen a AySA S.A", añadió.

En ese sentido, la bancada de UxP expresó que "la medida resulta profundamente regresiva para los usuarios del servicio público, al habilitar un régimen que autoriza cortes por falta de pago y elimina toda previsibilidad tarifaria, sin garantizar que las tarifas sean justas y razonables, como exige el artículo 42 de la Constitución Nacional".

En los fundamentos, los diputados peronistas también advierten que ese DNU "representa un atropello institucional de extrema gravedad, en tanto implica la revocación unilateral del Convenio Tripartito celebrado entre el Estado Nacional, la Provincia de Buenos Aires y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, convenio que fuera expresamente ratificado por el Congreso de la Nación mediante la Ley 26.221".

El Ejecutivo reformó por DNU el marco regulatorio para la prestación del servicio de agua potable y cloacas.

Con estas medidas avanza formalmente con el proceso de privatización de Agua y Saneamientos Argentinos S.A. (AySA) habilitando la venta de acciones, la entrada de capital privado en la empresa y los cortes del servicio por falta de pago, lo que constrirtuiría una violación flagrante a los DD HH.

Los nuevos pasos del Ejecutivo para desprenderse de la compañía se encuadran en: 

La reforma del marco regulatorio para la prestación del servicio público de agua potable y desagües cloacales, dispuesta en el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 493/2025, publicado este martes en el Boletín Oficial.

La normativa modifica el artículo 2° del Decreto N° 304/06, donde se establecía que el 90% del capital de AySA pertenece al Estado y disponía que dichas acciones “serían intransferibles y que esa proporción no podrá ser disminuida como consecuencia de operación social alguna”.

Con el cambio regulatorio se determinó que “el Estado Nacional podrá enajenar total o parcialmente su participación accionaria”. De esta manera, quedó permitida oficialmente la privatización de la firma prestadora del servicio de agua y cloacas en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).

Asimismo, se agregaron una serie de nuevas autorizaciones para la gestión de la empresa concesionaria, destacándose la posibilidad de interrumpir el suministro del servicio prestado ante deudas de los clientes.

Atribuciones incorporadas

Podrá efectuar el corte del servicio en caso de mora.

Contará con amplias facultades para revisar y auditar, desde el punto de vista técnico, todas las obras que se ejecuten dentro del área regulada.

Podrá constituir como garantías los fondos provenientes de la explotación del Contrato de Concesión para garantizar el repago del financiamiento destinado a la prestación del servicio público.

Con la reforma del marco normativo, el Ejecutivo encomendó a la Agencia de Planificación (APLA) crear un Plan Director de Mejora Estratégica que “tiene por objeto establecer los lineamientos y estrategias técnicas para el desarrollo de las obras básicas de infraestructura que posibiliten la ampliación y extensión del servicio público a través de programaciones de proyectos y obras, fuentes de financiamiento y entes ejecutores”.

En este marco, dispuso que “el Contrato de Concesión podrá prever un régimen de transición a los efectos de permitir una implementación ordenada y progresiva de las disposiciones de este Marco Regulatorio en lo pertinente, por un período no mayor de cinco años, una vez formalizada la privatización, y con el propósito de mantener en todo momento el equilibrio de la ecuación económico financiero del Contrato de Concesión”

En el texto oficial, el Gobierno argumentó los cambios asegurando que “el diseño del régimen vigente no se ajusta a las necesidades actuales de expansión, sostenibilidad y eficiencia que la prestación del servicio requiere, al haber sido concebido para un modelo de gestión estatal que no contempla adecuadamente las condiciones necesarias para fomentar nuevas inversiones y ampliar la cobertura”.

Asimismo, sostuvo que “la presente medida se dicta en un contexto de profunda crisis económica que limita severamente la capacidad del Estado para sostener y expandir la prestación del servicio público”.

Al respecto, indicó que dicha situación crítica “se evidencia, entre otros aspectos, en el creciente deterioro operativo y financiero de Agua y Saneamientos Argentinos S.A., cuya estructura actual resulta insuficiente para dar respuesta a las demandas crecientes de cobertura, calidad y sostenibilidad”.

"La desaparición de la capacidad que maneja Aerolíneas Argentinas no le hace bien a nadie, no le hace bien al país, ni al Estado", consideró este viernes Sana al señalar que "es difícil recuperar esa capacidad en un corto plazo". Para el CEO de una de las competidoras directas de Aerolíneas, la cuestión principal "son los tiempos" en los que se realiza el proceso que pretende el Gobierno nacional. "Cuando tienes años para hacerlo se puede hacer de manera ordenada sin conflicto social. Si desaparece de un momento a otro, puede haber una coyuntura de 3 o 4 meses de conflictividad", apuntó en declaraciones a Radio Rivadavia.

En ese sentido, manifestó: "Creo que si llegara a desaparecer Aerolíneas, va a haber un momento bisagra de algunos meses coyunturales donde va a haber algún tipo de caos". "Sin embargo, lo que puede pasar, es que ante una demanda, aparezcan varios jugadores, compañías como la que estamos operando", agregó.

Pese a admitir esta situación, Sana consideró que el objetivo del Gobierno de querer reducir, privatizar o cerrar la empresa estatal es parte de su "objetivo fundamental, en línea con el ajuste fiscal, de dejar de perder dinero en una compañía aérea". "Lo que hace el Gobierno es comportarse como cualquier dueño de cualquier empresa. Si me funciona la mantengo, si no me funciona trato de ver cómo la saneo", especificó.

El titular de Flybondi también se refirió a los casos de privatización de la compañía brasileña Varig y de la italiana Alitalia. "Con Alitalia apareció ITA Airways el mismo día y se hizo un traspaso del equipo que había, aviones y equipamientos, de una compañía a la otra, una especie de venta. En cuanto a las personas, se contrató a las que realmente estaban comprometidas", explicó.

Por el lado del caso de la brasileña Varig, remarcó que fue fundamental "la aparición de Gol", la cual "terminó absorbiendo recursos". "Eso fue un modelo de limpieza. Fue filtrar y decir quiénes están de acuerdo", recordó. 

Mogetta reveló que están investigando las personas que estuvieron involucrados en la medida de fuerza del jueves en Aeroparque. Explicó que la empresa "no existe más como la conocíamos" y acerca de la línea aérea de bandera sentenció: "No va a tener más el fondeo que tiene el Estado".

El funcionario ratificó que están investigando a las personas que estuvieron involucrados en la medida de fuerza en el Aeroparque Jorge Newbery y explicó que la empresa "no existe más como la conocíamos". Acerca de la línea aérea de bandera sentenció: "No va a tener más el fondeo que tiene el Estado".

"Estamos investigando bien lo ocurrido ayer pero por supuesto donde detectemos responsables lo vamos a sancionar como lo venimos haciendo en estos días", señaló en un primer momento Mogetta. Para luego apuntar contra los sindicalistas quienes según su visión son "los que están escalando el conflicto y llevando esto a una situación absurda, perjudicando a todos sus trabajadores agremiados que van a quedar sin fuentes de trabajo y se ven privados de tener un aumento por el capricho".

"El Intercargo que conocimos hasta principios de esta gestión ya no existe más. Los 1.500 trabajadores van a tener que ser empleados de una empresa que va a competir con otras, que es la línea de este gobierno. No se está pensando en más que eso”, manifestó el secretario al momento de defender la políticas del Gobierno de la libre competencia en el mercado.

En el mismo sentido, ratificó que "estamos en el proceso de privatización, es una de las empresas que ha quedado en el listado y en cuanto sea posible de acuerdo a las propuestas que tengamos lo vamos a llevar a cabo”.

En una entrevista con Radio Mitre, Mogetta hizo referencia sobre el final a los planes del Gobierno con Aerolíneas Argentinas: “Vamos a ir por la privatización y si no se da la privatización, intentaremos que los empleados acepten la administración de la empresa. Y si no la aceptan, se cerrará. Pero Aerolíneas Argentinas no va a tener más el fondeo que tiene el Estado, que durante el kirchnerismo le ha costado 8 mil millones de dólares al Estado”.

REUNIÓN CON GREMIOS

El encuentro se dará este viernes desde las 16 y participarán representantes del Gobierno, la Asociación de Personal Aeronáutico (APA), la Asociación Argentina de Aeronavegantes (AAA) y la Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas (APLA). Desde el Ejecutivo le exigen a los gremios una plan de trabajo para que la compañía opere pero sin conflictos gremiales. En caso que ello no ocurra, se impulsará un Plan Preventivo de Crisis que llevará al cierre total de la empresa.

El proceso preventivo refiere a un mecanismo legal por el que una empresa, por motivos de fuerza mayor o por una causa no imputable al empleador, puede reducir horarios, suspender o despedir empleados con una indemnización reducida. Dicha legislación funciona bajo la órbita del Ministerio de Trabajo y es obligatorio para que una empresa cese sus operaciones.

Belgrano Cargas opera 7.600 kilómetros de vías que serán concesionadas a empresas privadas, mientras que los rieles y terrenos seguirán siendo propiedad del Estado Nacional. Este cambio responde a la Ley Bases y está diseñado para eficientizar la operación del servicio ferroviario, que en su estado actual se considera "obscenamente deficitaria". En el último año, el Estado tuvo que aportar 112 millones de dólares para mantener la empresa, que también cuenta con una planta sobredimensionada de 4.429 empleados y una estructura jerárquica inadecuada.

El Gobierno expresó que el objetivo principal de esta privatización es mejorar la competitividad del transporte ferroviario de cargas, fomentar la inversión en el sector y aplicar una lógica de mercado a las operaciones ferroviarias. A pesar de que la producción agropecuaria en el país se ha sextuplicado en los últimos 50 años, el transporte de carga por parte de Belgrano Cargas ha permanecido estancado, transportando la misma cantidad de toneladas desde hace 15 años.

Diego Chaher, titular de la Agencia de Transformación de Empresas Públicas, liderará el proceso de privatización. Se implementarán siete concesiones diferenciadas que incluirán diversas líneas y aspectos de operación, asegurando que haya competencia en el sector. Chaher también destacó que el esquema de concesión permitirá el acceso abierto a la infraestructura, evitando situaciones monopólicas y asegurando que otros operadores puedan utilizar las vías.

Qué es Belgrano Cargas y Logística S.A

Belgrano Cargas fue establecida por decreto en mayo de 2013, durante la presidencia de Cristina Fernández de Kirchner, con el objetivo de unificar y optimizar la explotación de la red de cargas del Ferrocarril General Belgrano. Sus accionistas incluyen sociedades estatales como Trenes Argentinos Infraestructura y Trenes Argentinos Operaciones.

Belgrano Cargas y Logística S.A. (Bcylsa) es una empresa estatal argentina fundamental en el transporte de mercaderías, especialmente del sector agropecuario, a través de una extensa red ferroviaria que abarca 7.600 kilómetros. La empresa, creada en 2013, gestiona tres líneas ferroviarias clave: la Línea Belgrano, la San Martín y la General Urquiza, que atraviesan 17 provincias, lo que la convierte en una pieza clave para el traslado de granos hacia los puertos de exportación.

El Gobierno de Javier Milei ha decidido avanzar en la privatización de las concesiones de Bcylsa, en un proceso que busca incrementar la eficiencia y competitividad del transporte ferroviario de cargas. Esta medida se inscribe en el marco de la Ley Bases, que habilita la privatización de diversas empresas estatales.

El proceso de privatización será liderado por la Agencia de Transformación de Empresas Públicas, dirigida por Diego Chaher. En una conferencia de prensa, Chaher explicó que se implementarán **siete procesos de concesión diferenciados** para cada una de las tres líneas ferroviarias. El mismo se hará mediante una concesión por la vía, con derecho a cobro de peaje, que también incluirá el traspaso de los empleados asociados; dos concesiones de locomotoras, que incentivarán la competencia y contemplarán a sus respectivos conductores; y dos concesiones de vagones y dos concesiones de talleres, que incluirán a los empleados asociados.

La decisión de privatizar Bcylsa se justifica, según el Gobierno, por un déficit significativo: en 2023, la empresa registró un déficit de 112 millones de dólares. A pesar de que la producción agrícola se ha quintuplicado en los últimos 50 años, la capacidad de carga del Belgrano Cargas ha permanecido estancada, lo que ha llevado al Gobierno a concluir que la intervención estatal ha sido ineficiente.

En la reunión encabezada por la radical Pamela Verasay, Nicolás Massot llevó la voz cantante del bloque opositor. Desde su entorno, enfatizaron que "por un conflicto gremial no se puede privatizar una aerolínea", y remarcaron que el gobierno debe dar detalles claros sobre cómo planea llevar a cabo la privatización y qué beneficios concretos ofrecerá a los posibles compradores.

Por otro lado, en el plenario también se escucharon posturas favorables a la venta de la aerolínea de bandera. El macrista Hernán Lombardi, uno de los autores de un proyecto que busca privatizar Aerolíneas, defendió su iniciativa asegurando que "hay que cambiar las relaciones laborales en Aerolíneas", en una clara crítica al poder sindical, especialmente dirigido a Pablo Biró, líder de los pilotos, a quien calificó como "rey de los cielos". Lombardi contó con el respaldo del lilito Juan Manuel López, quien sostuvo que "las empresas públicas son deficitarias por definición".

El vicejefe de Gabinete, José Rolandi, retomó esa misma idea al afirmar que "el Estado es un pésimo administrador de empresas". Según Rolandi, en una economía capitalista, el Estado no puede gestionar eficientemente ya que "el vínculo en la administración estatal está roto". Para el gobierno, la privatización de Aerolíneas es parte de una agenda más amplia que busca reducir el rol empresarial del Estado en la economía.