Según Pedro Griffo, abogado de la querella, el operativo llevado a cabo en Berazategui se inscribió en “el plan de desarticulación de la columna sur de Montoneros”.
“Esta es una causa muy particular porque se trata de la primera vez que en La Plata se llega a un juicio contra integrantes del Batallón 601 por crímenes de lesa humanidad, participación que siempre se conoció, que es vox populi, pero que hasta ahora no ha podido traducirse jurídicamente en sentencias”, afirmó el abogado de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, Pedro Griffo, que representa a la querella en el juicio que acaba de comenzar contra 5 ex integrantes del Batallón de Comunicaciones 601.
El origen del expediente, a diferencia de la mayoría de las causas de lesa humanidad, se debió a la toma de conocimiento, por parte, primero de una fiscalía y luego del equipo de investigación de la Secretaría de DDHH de Nación, respecto a un legajo militar que da cuenta de la muerte de un efectivo del Batallón 601 al momento del operativo en 1977 así como de lesiones recibidas por otro.
Fue la base documental para el inicio de la investigación en 2014, que luego se amplió con la declaración testimonial de un ex conscripto que participó de los hechos –está prevista su declaración en el presente juicio- y con legajos y fichas del archivo DIPPBA que fueran aportados a la causa por la CPM, que gestiona y preserva el acervo documental de la ex agencia policial de inteligencia.
Los imputados son Carlos Alberto Bazán, quien por entonces era el segundo jefe del Batallón de City Bell, Francisco Ángel Fleba, quien cumplía funciones como oficial de Inteligencia en esa misma unidad, Eduardo Arturo Laciar, oficial de Operaciones, Daniel Eduardo Lucero, jefe de la Compañía B, y Eduardo Enrique Barreiro, entonces a cargo de la tercera sección de la misma compañía.
Inicialmente la causa tenía dos imputados más: el ex jefe del Batallón 601, Néstor Horacio Falcón -condenado en 2016 por su contribución en crímenes del Plan Cóndor-, sobreseído en esta causa por problemas de salud irreversibles, y el oficial de Logística, Silvestre Santiago Badías, ya fallecido.
Los hechos ocurrieron durante la mañana del 6 de septiembre de 1977 en el barrio Villa España de Berazategui, cuando la Tercera Sección de la Compañía B del Batallón de Comunicaciones 601 de City Bell encabezó, junto a personal de otras fuerzas, un operativo casa por casa que fue resistido por los ocupantes de una finca y que derivó en una balacera. Según los testigos del operativo, la zona había sido patrullada por un helicóptero, lo que anunciaba la inminente acción militar.
María Nicasia Rodríguez –madre de una niña de 12, un niño de 10 y una beba de 1 año y medio- compartía vivienda con un compañero de militancia, Arturo Alejandrino Jaimez, alias “Silver”. Allí había llegado por intermedio de la organización política en la que militaba luego de haber quedado en la calle producto del secuestro y desaparición de Juan Guillermo Fernández Amarillo el año anterior, en el marco de la persecución de la dictadura sobre trabajadores de Molinos Río de la Plata.
Durante la madrugada del 6 de septiembre de 1977, antes de ser acribillados a quemarropa y ya sin vida, tal como se consigna en la causa, María Nicasia y Arturo habían resistido -a tiros desde el interior de la vivienda- el ingreso de los agentes del Batallón 601.
Arturo Alejandrino Jaimez continúa desaparecido, pero el cuerpo de María Nicasia Rodríguez fue recuperado en 2007 por el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAA) en una tumba NN del cementerio de La Plata.
Cabe destacar que la primera audiencia del juicio se realizó el pasado lunes 22 de abril y continuará los lunes, cada 15 días, en 5 o 6 audiencias más, tal como prevén desde el tribunal y las querellas. Entre los testigos, estarán los tres hijos de María Nicasia, además del ex conscripto que dio detalles en la causa respecto al operativo (cantidad de agentes, armamento desplegado, entre otros datos) y personas de la zona aledaña a la casa donde ocurrió el operativo.
El tribunal está integrado por los jueces titulares Alejandro Esmoris y Nelson Jarazo y el juez subrogante Germán Castelli. El Ministerio Público Fiscal estará representado por los fiscales Hernán Schapiro y Juan Martín Nogueira. La CPM fue autorizada a para realizar el registro audiovisual de las audiencias.
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