En los dos primeros escenarios, Pierluisi Urrutia tiene las de perder, opinó ayer Osvaldo Toledo, expresidente del Colegio de Abogados y Abogadas. Ante el primero, tendría que pasar por la votación de los senadores que, en los últimos días, han estado entre las intensas presiones de los ciudadanos y del presidente senatorial, Thomas Rivera Schatz, quien se opone a la gobernación de Pierluisi Urrutia. La segunda alternativa supondría que su entrada al poder fue basada en una ley que incumple con la Constitución y, por ende, es nula.
La tercera opción, que favorecería al nuevo inquilino del Palacio de Santa Catalina, tiene poca probabilidad de pasar el crisol legal, según Toledo. “Ninguna ley puede ir por encima de la Constitución”, sostuvo. “Los jueces tienen las manos un poco atadas porque sería casi increíble que acepten que una ley (la ley 7) del 2005 pueda ir por encima de lo que dice la Constitución”.
Esa apreciación la comparte el abogado Alvin Padilla Babilonia, quien anticipó que, si el máximo foro judicial es consistente con su proceder la última década, resolverá que el estatuto es inconstitucional. (Ver más opiniones en páginas 8-9).
Ayer, en apenas unas horas, el Tribunal Supremo acogió una petición para que se atendiera, en trámite expedito, una demanda en la que Rivera Schatz pide, entre otras cosas, que se declare la Ley 7 del 2005 como inconstitucional y, por ende, se ordene a Pierluisi Urrutia que cese y desista de ejecutar el cargo.
El principal argumento de Rivera Schatz es que Pierluisi Urrutia, al juramentar como gobernador, le usurpó al Senado su poder constitucional de consentir o no a los nombramientos que hace el ejecutivo. Pierluisi Urrutia llegó a La Fortaleza luego que el ahora exgobernador Ricardo Rosselló Nevares lo nombrara secretario de Estado -y su sustituto en la gobernación- días antes que fuera efectiva su renuncia.
Pierluisi Urrutia tuvo el aval de la Cámara de Representantes, pero no del Senado, cuyo presidente decidió citar la vista y sesión de confirmación para una fecha posterior a la renuncia. Esa dilación, según algunos letrados, tenía como efecto activar automáticamente la línea de sucesión que disponía llevar a la gobernación a la secretaria de Justicia, Wanda Vázquez Garced.
La hipótesis legal de Pierluisi Urrutia es que la Ley 7 de 2005, que enmienda la Ley de Sucesión del Gobernador, establece que, en casos como la renuncia de un mandatario, el secretario de Estado puede asumir de manera permanente la gobernación aunque no esté confirmado por las dos cámaras legislativas.
El pleito se resolverá rápido, anticipó el experto en Derecho Constitucional Carlos Ramos. “Me llama mucho la atención que (el Tribunal) haya dado tan poco tiempo para presentar los argumentos, lo que quiere decir que el Tribunal atenderá esto rápido”, opinó.
Ramos dijo que tampoco le extrañaría que el alto foro cite a una vista oral si tiene dudas.
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